La Delegación del Gobierno espera recibir durante los próximos días el listado con las reseñas de los casi 650 niños y adolescentes marroquíes no acompañados llegados en mayo a Ceuta que actualmente están bajo la guarda de la administración local, el primer paso para poder empezar a mover papeles con vistas a la incoación todavía lejana de expedientes de repatriación de los mismos,
el objetivo que el Ejecutivo central y el de Vivas se han propuesto como “solución general”. Con esas reseñas, que no en todos los casos están soportadas por documentación que respalde la identidad y edad de cada joven, podrá empezar a hacer las “actuaciones informativas previas” que se saltó a mediados de mayo, cuando
la Justicia acabó abortando el procedimiento de expulsión pactado al margen de la legislación española por Madrid y Rabat con la complicidad de la institución de la Plaza de los Reyes, competente en la materia, y la Ciudad. En primer lugar el Reglamento de Extranjería establece que la Delegación debe recabar a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de
la Policía Nacional un informe de la representación diplomática de Marruecos sobre “las circunstancias familiares” de cada menor que incluya, , entre otros datos, los relativos a su filiación del menor y a las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen. Si el país vecino optase por sustituir la información sobre la familia por la relativa a sus servicios de protección del menor, deberá reflejar expresamente “el compromiso por escrito de la autoridad competente de asumir la responsabilidad” sobre cada niño. En paralelo, la Delegación tendrá que pedir al Área de Menores de la Ciudad otro informe igualmente individualizado. Su elaboración se pretende acelerar con un refuerzo de personal formado por una docena de trabajadores sociales y ocho intérpretes de cuya incorporación “inmediata” se encargará Tragsatec, que recibirá currículums hasta pasado mañana. Con ambos dictámenes la institución que dirige Salvadora Mateos, que baraja incorporar a unas diez personas para las gestiones administrativas, sí podría ya acordar la incoación del procedimiento de repatriación si, según las informaciones recibidas, estima “que el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país”. Entonces intervendría la Fiscalía con su propio informe individual y sería preciso escuchar a cada niño, garantizarles asistencia letrada, nombrarles un defensor judicial si fuera preciso... El procedimiento no debería alargarse más de 6 meses para concluir si velando por su interés superior lo más conveniente es su repatriación, su permanencia en España o su reagrupamiento familiar en un tercer país.