Limpieza de Ceuta: Contratación recibe el escrito de Trace pidiendo romper su contrato

La Consejería de Medio Ambiente ha remitido al Área de Contratación el escrito que Trace trasladó a la Ciudad el pasado 1 de octubre solicitando “iniciar el procedimiento de resolución del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos” que presta desde febrero de 2013 y que se valoren “los daños y perjuicios causados por la actuación de la Administración durante su vigencia y por la resolución del mismo”.

La Ciudad debe responder a la petición de la concesionaria como muy tarde antes de que finalice el año en curso.

Trace lamenta en su escrito, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, que la Administración “no está cumpliendo su obligación de pago en los términos pactados” porque el verano del año pasado “práctica de forma constante improcedentes detracciones económicas en las certificaciones mensuales, obligando a recepcionar pagos mensuales muy inferiores a los que, conforme a los documentos contractuales, tiene derecho”.

“La Ciudad Autónoma”, reprocha la empresa, “de forma unilateral y contraria a Derecho, establece un método de cálculo por el que obtiene y refleja el número mensual de servicios no prestados en función del grado de presencia/ausencia de operarios adscritos al contrario pese a que, por la propia naturaleza del contrato que impone obligación de resultado, los servicios no prestados deben apreciarse en función del grado de limpieza y recogida alcanzado”.

“La Administración ha actuado siempre de forma tendente a dificultar la ejecución”

El Gobierno pactó, de hecho, en abril, un nuevo protocolo de control para dejar de imputar detracciones por conteo de trabajadores y hacerlo solo “observando, por ejemplo, la pulcritud de determinada área geográfica, el estado de los contenedores o el volumen de residuos en las papeleras”.

Trace lamenta que, a pesar de ello, el Ejecutivo ha seguido operando de la misma forma, “practicando descuentos en función de la presencia de operarios ejecutores y no del grado de limpieza y recogida alcanzado”. La empresa ha recordado en varias ocasiones por escrito, “la última el 4 de septiembre”, que tenía que modificar su modus operandi con las certificaciones conforme a lo acordado.

La concesionaria ya requirió en diciembre del año pasado la apertura de un expediente para “interpretar” el contrato.

“Adicionalmente al incumplimiento de la obligación de pago, la Administración ha actuado durante toda la vida del contrato de forma tendente a dificultar la correcta ejecución del mismo, así como a hacerlo económicamente inviable”, añade Trace, que mantiene varios contenciosos-administrativos judiciales abiertos contra la Ciudad por la subrogación de personal adicional, la modificación de servicios o los retrasos en los pagos.

Lucro cesante y hasta “posible responsabilidad de los funcionarios”

La empresa advierte que además de ajustar las detracciones realizadas, desde su punto de vista “irregularmente”, y saldar gastos añadidos e ingresos reducidos sin motivación suficiente, la Administración tiene que “indemnizar el lucro cesante, es decir, los beneficios futuros que vaya a dejar de percibir el contratista”.

“En el presente caso”, estima, “debe hacerse sobre los resultados de los últimos años neutralizando los efectos negativos de la actuación de la Administración (deducciones irregulares, modificación unilateral añadiendo más servicios e incorrecta configuración de los Pliegos)”. Por último, reclama “el valor pendiente de amortizar de las inversiones realizadas para la ejecución del contrato”.

La empresa alerta a los “funcionarios y autoridades” del riesgo que afrontan

“Para terminar”, Trace “recuerda” que “los funcionarios y autoridades a cargo del expediente” están “expuestos a posibles responsabilidades” que irían desde “una sanción administrativa muy grave por la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales” hasta “menoscabo de caudales o efectos públicos” y “en el peor de los casos, una condena judicial por la comisión de un delito contra la Administración en forma de prevaricación administrativa que podría conllevar una pena de inhabilitación de entre nueve y quince años sin computar posibles agravantes”.