Libres con cargos cinco empleados de Emvicesa; prisión para 3 detenidos, uno policía portuario

• La magistrada mantuvo la detención de los ocho nuevos arrestados en el día de ayer hasta bien entrada la noche, acordando finalmente el traslado a la cárcel de los tres presuntos ‘conseguidores’ de viviendas: un agente portuario, un empleado de una naviera y un trabajador de la empresa municipal Obimace

La juez que instruye el caso ‘Loma Colmenar’ ordenó ayer el ingreso en prisión de los tres varones que han sido señalados como presuntos ‘conseguidores’ de viviendas de protección oficial. Es decir, personas a las que supuestamente se dirigían aquellos ciudadanos que querían acceder a una VPO previo pago. Fueron los primeros autos de entrada en prisión sin fianza en conocerse, correspondientes con tres perfiles profesionales muy distintos: un policía portuario, un trabajador de una naviera y otro vinculado a una empresa municipal, Obimace.

Rozando ya la medianoche se conocía la decisión judicial respecto de los cinco empleados de Emvicesa también detenidos en la mañana de ayer. Libertad con cargos para todos. Los tres primeros, entre ellos la única mujer, optaron por salir del Palacio de Justicia por la puerta del garaje. Hasta allí se acercaron algunos familiares que insultaron a los medios de comunicación. Ya, pasada la medianoche, salían los otros dos varones detenidos, también en la misma condición, libertad con cargos, después de horas de intensos interrogatorios. El Ministerio Fiscal había pedido prisión para todos los detenidos en esta tercera sesión de arrestos, registros y traslados al juzgado.

Así se cerraba otra jornada más de informaciones en torno al caso ‘Loma Colmenar’, que ha pasado a convertirse en la causa de mayor peso instruida en los juzgados de la ciudad por su repercusión política y administrativa. La Policía Nacional volvía a desplegar a primera hora a gran cantidad de agentes en otra entrega de detenciones. El centro clave estuvo esta vez en la sede de Emvicesa, en donde empezaron los registros a primera hora, dirigidos por componentes de la UDYCO. Son las instalaciones a donde los mismos policías habían acudido semanas atrás para solicitar listados correspondientes con las 170 VPO y las 225. Pero ayer cumplían con otro cometido, ya que tenían encomendada la práctica de detenciones. Y así se hizo con cinco trabajadores, quienes fueron trasladados en dos vehículos camuflados en calidad de detenidos a las dependencias policiales en medio de una enorme expectación ciudadana. Antes de que los cinco bajaran del lugar acompañados de policías, se había cortado al tráfico la calle Ingenieros y cantidad de personas se aproximaban al lugar. Primero bajaron dos (solo uno optó por taparse la cara con su chaqueta) y después tres más, entre ellos una mujer. Casi una hora después volverían otra vez a Emvicesa junto a la Policía hasta que ya, asomada la tarde, fueron puestos a disposición judicial.

Este era sin duda el ‘capítulo’ más impactante de toda la jornada, a pesar de que se había advertido e incluso rumoreado la intención policial de acudir a Emvicesa, como centro neurálgico de donde ha partido toda la política que en materia de vivienda está en el punto de mira de la magistrada encargada de la instrucción, que sigue bajo secreto de sumario.

Horas antes se habían producido las dos primeras detenciones del día. La del policía portuario y la de un trabajador de una naviera. La última de las ocho detenciones se produciría pasado el mediodía, tratándose de un trabajador de la empresa municipal de Obimace, los tres con los mismos vínculos y como supuestos enlaces directos con quienes podían tener influencia en la designación de casas.

A las detenciones se sumaron los registros, existiendo un especial interés en la intervención de un ordenador en la sede municipal de Asuntos Sociales a primera hora de la mañana. Se supone que ese ordenador era el que se habría empleado cuando Rabea Mohamed era responsable de Asuntos Sociales. Precisamente a estas mismas dependencias había acudido la UDYCO con anterioridad para conocer los listados de cupos sociales que también formaron parte de las promociones de vivienda pública.

Este era el resumen básico de una mañana en la que las puertas de la Jefatura Superior volvieron a ser foco de interés mediático y ciudadano por las idas y venidas de detenidos; al igual que también volvió a serlo el Palacio de Justicia, después de que todos ellos fueran trasladados para declarar ante la magistrada titular del número 1, que instruye esta causa que recayó en el 3, Raquel Lucini.

Como también ocurrió con los anteriores detenidos, Fiscalía había interesado el ingreso en prisión para todos ellos. Ya son 12 las detenciones enmarcadas en un operativo que sigue abierto, sumándose a los investigados que ya existen tras haber prestado declaración en los juzgados. Lo que está encima de la mesa es la política en materia de vivienda protegida, las adjudicaciones de VPO, la posible existencia de irregularidades cometidas a conciencia y otras que no lo habrían sido tanto, sino más bien por falta de comprobación.

Los listados correspondientes a los adjudicatarios de las 170 están en el punto de mira, así como el control que se ejerció en la comisión local de la vivienda de aquel entonces a la hora de comprobarlos o cómo pudieron haberse firmado contratos antes de la reunión política. De igual manera surgen otros frentes abiertos, como las denuncias de ciudadanos que habrían puesto de manifiesto el pago de dinero por ser ‘privilegiado’ con la recepción de una casa, en lo que podría constituir una presunta cadena de irregularidades con intermediarios de por medio.

No es nada nuevo en el ámbito judicial y policial. De hecho el CNP ya ha llevado asuntos al juzgado al tener conocimiento, con intervenciones telefónicas, de conversaciones en las que se proponía la entrega de dinero a cambio de una vivienda. Esto dio lugar a la práctica de detenciones y a la apertura de otras causas judiciales con la investigación sobre varias personas.

Pero el asunto de mayor peso llegó de la mano del caso ‘Loma Colmenar’ cuyo inició se sustentó en dos movimientos muy concretos. El primero: la filtración de la ‘lista fantasma’ después de que Antonio López se viera apartado de todos sus anteriores poderes. Y el segundo: la denuncia que interpuso la Ciudad y que llevó a que se iniciara el caso en cuestión.

La magistrada encargada de la instrucción ha protegido su trabajo con el secreto de sumario, prorrogado desde hace más de año y medio con justificaciones solventes para ello cada vez que se termina el plazo. Y así seguirá hasta que considere que tiene agotadas todas las vías de investigación.

Muchos ‘testigos’ en la calle de lo que estaba pasando

La expectación en torno a las detenciones del caso ‘Loma Colmenar’ va más allá del interés mediático, porque al ciudadano le interesa y mucho. Ayer, al saberse que la UDYCO estaba registrando las oficinas de Emvicesa, comenzó a arremolinarse gran cantidad de personas en sus alrededores, esperando que salieran los empleados que, se suponía, se iba a detener. Había gente asomada a la ventana de los edificios cercanos y de otras oficinas municipales; pero también ciudadanos que, teléfono móvil en mano, fotografiaban todo lo que estaba ocurriendo. La salida de los cinco empleados de Emvicesa se llevó a cabo sin que, como ha ocurrido en otras detenciones, se lanzaran gritos.

A la espera de órdenes y acciones

La Policía está actuando bajo las órdenes de la magistrada que es la que está dirigiendo el desarrollo de las distintas fases de una operación que no ha hecho más que empezar. Desde el martes que se produjo la detención de Antonio López en Marbella, se han ido sucediendo más. Las primeras en Ceuta, las de los políticos en activo Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí, que quedaron posteriormente en libertad con cargos. Después llegarían las de ayer, los empleados de Emvicesa, el policía portuario, el trabajador de una naviera y otra persona vinculada a la empresa Obimace. Quedan más fases e intervenciones basadas en registros que se llevarán a cabo en próximos días.

Riesgo de fuga y temores fundados

Antonio López, el que hasta el momento está siendo señalado como el número 1 de este caso, pasa los días en prisión. Un encarcelamiento que se ha justificado en dos puntos básicos: el riesgo de fuga que podría existir al saber los delitos con los que se le relacionaba y la posible destrucción de pruebas.

Se cortó el tráfico rodado en la calle Ingenieros para posibilitar la salida de los dos vehículos camuflados de la UDYCO

La operación que se está llevando a cabo desde el pasado martes se está convirtiendo en la más mediática pero, a su vez, en una de las de mayor atención. Ayer el punto de mira se centraba en las dependencias de Emvicesa, lo que llevó a que la Policía Nacional cortara el tráfico a la altura de la calle Ingenieros para así posibilitar la entrada de dos vehículos camuflados de la UDYCO y su posterior salida dirigida directamente a la Jefatura Superior. Antes de que los empleados de Emvicesa fueran detenidos y abandonaran las dependencias municipales, se impidió que los ciudadanos subieran hasta esa planta para hacer consultas ya que la Policía estaba trabajando en su interior. Los registros se extendieron durante varias horas y se espaciaron en dos visitas, siempre con los cinco empleados detenidos presentes.

Intervención de un ordenador

La Policía acudió a primera hora de la mañana, entre las 8.00 y las 8.30, a la sede de Servicios Sociales, en Hadú, con la orden de llevarse un ordenador de las instalaciones municipales. El que concretamente utilizaba la anterior responsable política de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed.