Siguiendo la cadena de noticias falsas difundidas en torno a la Ley Trans, ahora la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas piden a la Fiscalía que investigue si “el anuncio de cambio de sexo de 37 militares y guardias civiles en Ceuta es un fraude de ley y, en el caso de que así sea, que se anulen los cambios registrales”.
Falso el origen de la información y errática, amén de disparatada la petición de los colectivos trans. Este medio, el primero que habló sobre cambios de sexo registral, dio los datos e indicó que había casos de agentes, “un número considerable”. De ahí se pasó a, semanas después, difundirse de manera falsa que eran “la totalidad”. Algo que hizo un medio nacional al que siguieron todos sin reparar en el origen de lo que estaban comunicando.
Primero, es falso que 37 militares y guardias civiles hayan cambiado de sexo registral en Ceuta. Es imposible saber la cifra exacta porque ni en el propio registro se conoce ya que la ley no permite -y por tanto no se hace- preguntar la profesión de quienes acuden a realizar este trámite.
¿De dónde salen esos datos? La amplia mayoría de medios los repican sin contrastar su veracidad y así se ha generado una cadena de errores que cada vez tiene mayores consecuencias negativas.
Falsa es la estadística y un error es pedir a la Fiscalía que investigue. La propia ley se lo impide. No lo puede hacer. Otra cosa distinta es que tras presentarse una denuncia en el juzgado, la Fiscalía intervenga como es su deber en cualquier otro procedimiento.
A pesar de ello, en un comunicado, estos colectivos trans han informado de que han enviado cartas a la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, al Defensor del Pueblo, a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI y a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para alertar sobre estos casos.
Piden a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI del Ministerio de Igualdad la apertura de un expediente al considerar que los medios han podido vulnerar el artículo 27.1 de la Ley Trans y Derechos LGTBI, que se refiere al trato digno que han de dispensar los medios cuando se refieren a colectivos ya vulnerables, "sin caer en estigma y cuestionamiento de derechos".
"No nos corresponde cuestionar la identidad de nadie, mucho menos afirmar lo que es o no un fraude de ley, por ello hemos exhortado a quienes tienen potestad para ello", ha señalado la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, que advierte de que ser una mujer trans "no es ningún privilegio".
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