El tercer intento de reformar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, con efectos significativos en Ceuta y Melilla, continúa su trámite parlamentario. Esto tras superar los intentos del Partido Popular (PP) y Vox que pretendían frenarla llamándola “ley Otegi”, “de inseguridad ciudadana” o del “caos en las calles”.
El pleno del Congreso ha vuelto a escuchar duras críticas a la vigente ley, que cumpliría una década en vigor en julio si la reforma no prospera. También defensas a la modificación que impulsan PSOE, Sumar y EH Bildu, con una proposición a la que se sumaron ERC, PNV y BNG y que el pasado 29 de octubre obtuvo su primer visto bueno en las Cortes.
Este jueves, la reforma de la ley ha aprobado su segundo examen parlamentario, pues tanto la enmienda del PP -rechazada con 176 votos frente a 169- como la de Vox -respaldada solo por sus parlamentarios y con la abstención de PP y UPN- se han frustrado nuevamente.
La diputada del PP Ana Vázquez ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a esta norma que ha denominado “ley Otegi” y que supone, a su juicio “el mayor ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, argumentando que “pasará los grilletes de las manos de los delincuentes a las manos de los policías”.
Vázquez ha criticado la eliminación del uso de pelotas de goma como material antidisturbios que “obligará a los agentes a enfrentarse cuerpo a cuerpo” y se ha dirigido a los diputados de Bildu a quienes ha espetado: “No se dan cuenta de que jamás vamos a tener tantos policías como manifestantes en las calles. Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”.
Vázquez ha lamentado también que disminuir las sanciones provocará que los ciudadanos sientan que pueden desobedecer sin consecuencias, lo que reducirá la efectividad policial y aumentará los desórdenes públicos.
También Vox ha pedido la retirada de la reforma con la que, según el diputado Javier Ortega Smith, sus autores lo único que pretenden es “proteger a los violentos y a los delincuentes”. “Ya lo hemos visto con los indultos, ya lo hemos visto con la ley amnistía y ahora lo vemos con esta ley de inseguridad ciudadana”.
Para Vox, con esta ley el Gobierno pretende “desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los españoles que actúan de manera legal y pacífica” generando “inestabilidad y caos en las calles”, además de “amordazar a la oposición”.
Ha advertido de que los objetivos de esta proposición no son otros que el control de las calles, “mantenerse en el poder cuando lo ven amenazado y cuando saben que podrán ser desalojados del poder en las próximas elecciones”.
Frente a las defensas de los dos vetos, el resto de partidos ha criticado duramente las enmiendas.
Desde Sumar, el diputado Enrique Santiago ha calificado de “liberticida y autoritaria” la propuesta de Vox, a quien ha acusado de querer siempre restringir derechos.
“Todo lo justifican con una realidad paralela y un pasado inexistente”, les ha recriminado, en tanto que ha tildado de “excéntricas” las tesis del PP al considerar que la actual ley sea un instrumento eficaz en la lucha contra la amenaza terrorista, “un falso, demagógico y vergonzoso argumento”.
En esta línea, el diputado del PNV Mikel Legarda ha acusado al PP de “desbarrar” y de “desconocimiento” al asegurar que la futura ley dará oxígeno a la amenaza terrorista, pues la norma no combate ilícitos penales sino administrativos.
Con tono más sarcástico, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha replicado al PP sobre el calificativo de “ley Bildu” o “ley Otegi”: “Ojalá tuviéramos tanta capacidad de influencia”, ha dicho el parlamentario vasco antes de recordarle también a Ortega Smith que los sindicatos policiales le rehuyen después de sus críticas a la actuación policial en la calle Ferraz.
Iñarritu ha apuntado que hubo 50 agentes heridos y la incautación de palos, barras, porras extensibles, una pistola, material pirotécnico, bengalas, una escalera y una pala. “Curioso concepto de manifestación pacífica”, ha ironizado.
Desde ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro ha denunciado que la ley mordaza es una “aberración democrática” que produjo “un gran sufrimiento a las personas” y que “falló a la gente” y ha asegurado que la reforma que se propone no perjudica a las fuerzas policiales.
Más escéptica se ha mostrado la líder de Podemos, Ione Belarra, que, a pesar de manifestar su rechazo a ambas enmiendas a la totalidad, ha vuelto a apuntar que la propuesta es una “derogación parcial” y no total como prometió el Gobierno, por lo que presentarán enmiendas.
Con todo, su intervención, no ha estado exenta de polémica, ya que ha aprovechado el debate para cargar con “los jueces corruptos que no hacen sentencias sino política” como Manuel García Castellón, Carmen Lamela, Concepción Espejel o “el sacrosanto Machena”.
Quien no ha intervenido para fijar su posición es Junts quien, a pesar de que rechazarán los vetos de PP y Vox, también ha mostrado con anterioridad sus recelos a la reforma y, al igual que Podemos, registrará enmiendas parciales.
Las calificaciones empleadas en el debate por Ortega Smith al hablar de Gobierno “criminal”, de partidos que “odian” la libertad y apoyan “el crimen, la violencia y la amenaza” o su insinuación de que la reforma favorece el consumo de drogas “porque muchos son consumidores” ha provocado algunas interrupciones del debate.
Así, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, ha pedido la palabra para censurar sus expresiones: “Estas actitudes y palabras no se pueden permitir en esta Cámara, porque esto lo único que hace es alimentar el odio en las calles.
Y ha apostillado: “La Cámara está para defender tus ideas, no para amenazar las de los demás, por muy nostálgico del régimen dictatorial que sea. Por eso creemos que esas palabras no tienen que estar en el diario de sesiones y que esas actitudes matoniles no se puede permitir en esta tribuna”.
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