'Ley de la mascarilla': indignación por el propósito de controlar las redes sociales

Un controvertido proyecto de ley para regular el uso de las redes sociales ha desatado en Marruecos una ola de indignación, y los partidos de la oposición han denunciado el texto como atentatorio contra la libertad de expresión.

Bautizada informalmente como 'ley de la mascarilla', el proyecto de la ley 22.20 todavía no se ha hecho público pese a haber sido aprobado en el último Consejo de Gobierno el pasado 19 de marzo, aunque el texto ha sido filtrado a un famoso influencer que ha difundido su contenido los pasados días, levantando una enorme polémica.

El politólogo marroquí Omar Cherkaui criticó la falta de transparencia del Gobierno con esta ley, aprobada en lo que consideró un momento poco oportuno, marcado por el confinamiento sanitario obligatorio.

Leyes así que afectan las libertades públicas -explicó Cherkaoui-, deberían ser sometidas previamente a debate público y remitidos a organismos constitucionales como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, para dar su opinión.

"Es absurdo, es como si el Gobierno quisiera hacer pasar una ley en mitad de la noche. Hay una problema tanto en la forma de aprobación como en el contenido de este texto, y el gobierno lo sabe", deploró.

El polémico texto fue aprobado el pasado 19 de marzo en un Consejo de gobierno, justo la víspera de que entrase en vigor el "estado de emergencia sanitaria" decretado en el país por dos meses.

Desde entonces, el proyecto de ley no se ha remitido al Parlamento ni se ha hecho público, hasta que el pasado lunes por la noche, un famoso Youtuber llamado Mustapha Swinga filtró algunos artículos en sus cuentas en las distintas redes sociales.

Los artículos filtrados prevén duras penas de hasta 3 años de cárcel y una multa de hasta 50.000 dirhams (4.500 euros) contra aquellos que llamen al boicot de productos, empresas o servicios determinados, una clara alusión a un reciente boicoteo de tres empresas ligadas a las élites marroquíes.

También serán castigados aquellos que llamen a los ciudadanos a retirar su dinero de un determinado banco o institución de crédito, así como los que pongan en duda la calidad de un producto.

Críticas de la oposición

Las filtraciones cayeron como un jarro de agua fría y desataron una ola de indignación y de burlas que no ha dejado de crecer, propiciando la aparición de hashtags virales como 'Coronavirus pasará, pero la ley 22.20 no va a pasar'.

Esta vez las críticas no se han quedado en el mundo virtual: los principales partidos políticos de la oposición expresaron su rotundo rechazo al texto.

El secretario general del nacionalista Partido Istiqlal (PI), Nizar Baraka, un político de perfil muy moderado, criticó con duras palabras el proyecto de ley que tachó de "grave violación de la libertad de opinión y de expresión" en el país.

"Nuestro comité ejecutivo, reunido ayer, expresó su absoluto rechazo al proyecto de ley (...) Es una franca regresión de los progresos realizados por el país en el ámbito de las libertades públicas y derechos humanos", indicó Baraka hoy en un tuit.

Por su parte, el opositor Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, la segunda formación más representada en el Parlamento) expresó su rotundo rechazo a la normativa por "comportar riesgo de romper la unidad nacional" durante el difícil momento que atraviesa el país debido al coronavirus.

Tras la polémica, dos miembros del Gobierno reaccionaron para explicar que la versión filtrada es solo un primer borrador, y que el propio ejecutivo ha formulado reservas para introducir algunas modificaciones en una comisión ministerial técnica.

Así lo precisó, en declaraciones a la prensa, el ministro de Justicia, Mohamed Benabdelkader, cuyo departamento presentó la ley, y el ministro de Derechos Humanos, Mustafa Ramid, que aclaró que todavía no existe una versión definitiva del texto.

El ministro Benabdelkader que figura como el origen de esta ley, pertenece a la Unión Socialista de Fuerzas Populares, el partido más a la izquierda en la coalición gubernamental y conocido en el pasado por su defensa de las libertades públicas.