España debe reconocer el derecho a la asistencia personal mediante legislación. Así lo indica la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Estado en su último informe sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en este país. Dicha recomendación la realiza concretamente el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
La asistencia personal es una figura poco conocida aún. Se trata del apoyo profesional a personas con discapacidad para que puedan desarrollar su vida de forma independiente.
En las observaciones finales, indica que “recordando la Observación General del Comité núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, el Comité recomienda que, en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, el Estado parte reconozca mediante legislación el derecho a la asistencia personal, garantizando que todas las personas con discapacidad tengan derecho a una asistencia personal que responda a sus criterios personalizados para la vida independiente en la comunidad y con referencias a un abanico amplio de apoyos gestionados por la persona y dirigidos por el usuario, y a la autogestión de la prestación del servicio”.
Esta recomendación se vincula tanto a la desinstitucionalización, mencionada en el artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, como al derecho a la accesibilidad, recogido en el artículo 9 de dicha Convención.
En su informe, el Comité muestra su preocupación por el “acceso limitado” a este servicio, “a pesar de los avances producidos en algunas comunidades autónomas”. También alerta sobre “la ausencia de un enfoque de apoyos personalizados que se base en los derechos humanos”.
En este informe sobre la situación de España, el Comité repasa artículo por artículo lo que le preocupa y realiza una serie de recomendaciones al Estado español.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un grupo de personas expertas de la ONU que vela por el cumplimiento en cada país de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. España ratificó esta Convención en el año 2008 y, al tratarse de un tratado internacional, está obligada a cumplirla y considerarla en su legislación como de mayor rango que las leyes estatales y autonómicas.
El movimiento asociativo Plena inclusión lleva ya tiempo hablando de la importancia del desarrollo de la asistencia personal como una estrategia de apoyo valiosa para el desarrollo del proyecto de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, asegurando que entre ellas también estén las que tienen grandes necesidades de apoyo.
En esta línea, Plena inclusión pretende seguir generando acciones encaminadas a visibilizar esta figura, impulsando debates que permitan aclarar algunas cuestiones centrales en torno a la vida independiente y a la asistencia personal, así como dinamizando la Red de Asistencia Personal estatal y desarrollando pilotajes y nuevas experiencias que impulsen la puesta en marcha de servicios de asistencia personal en diferentes autonomías.
La aprobación de una ley de asistencia personal garantizaría el acceso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a este recurso que les permitiría disfrutar de una vida independiente, de su propio proyecto de calidad de vida.