La asociación L'Escola A.C., personada como acusación popular en la causa abierta contra la exdelegada Salvadora Mateos y la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, por su participación en la devolución
a Marruecos al margen de la Ley de Extranjería de
55 niños migrantes solos, se va a adherir a la calificación
de la Fiscalía, que ha pedido abrir juicio oral contra ambas por un presunto delito de prevaricación continuada con
una petición de 12 años de inhabilitación para cargo público.
La presidenta de la entidad, Nuria González, explicó ayer que su objetivo es que la Justicia “emita una sentencia aclaratoria en la que se establezca qué se gestionó mal y por qué para disponer de jurisprudencia que sirva para mejorar la política migratoria de este país”.
“A nosotros nos importa más el qué que el quién, que la condena concreta o escalar más alto es el escalafón del Gobierno central”, resumió González, que fue quien puso la semilla penal contra Mateos y Deu con un escrito ante la Fiscalía de Granada que se dejó en manos de la de Ceuta, cuyo trabajo alaba.
“Tanto el pronunciamiento de la jueza instructora como el trabajo de la Fiscalía, que últimamente está haciendo cosas muy extrañas en otros sitios, como en Melilla, son dignos de valoración”, valoró la abogada, que desea que la Audiencia Provincial contribuya a delimitar las líneas rojas de un ámbito “muy difuso” como el de la gestión migratoria, “que la Unión Europea no se puede limitar a intentar externalizar con Turquía o Marruecos”.
"Nos vamos a adherir a la calificación de la Fiscalía"
“Nos vamos a adherir a la calificación de la Fiscalía porque es la que ha marcado y debe seguir marcando la pauta, y si las defensas desean citar a ministros o secretarios de Estado, que lo hagan para el juicio oral, aunque muy difícilmente eximirá a las procesadas de responsabilidad más allá de, en todo caso, extenderla”, opina González, que espera que el proceso no sea víctima de más “dilaciones”. A sus ojos “la Abogacía del Estado ha asumido la defensa de la exdelegada y no es un detalle menor porque hace suya su actuación y si hay una condena las dos instituciones también se verán salpicadas en una país que debería precisarse de respetar las leyes, no de lo contrario”.
La otra acusación popular, la Red de Inmigración, pide una pena de 15 años de inhabilitación para cargo y empleo público.