Legalidad y legitimidad en Cataluña

Hay quienes entienden que el problema catalán no puede resolverse aplicando la “legalidad”, sino que debe ser resuelto teniendo en cuenta lo que llaman “legitimidad” de Cataluña para constituirse en sujeto político de derecho. Otros opinan que en Cataluña chocan “dos legitimidades”: la de los que desean permanecer unidos a España, y la de quienes quieren separarse. Y, como simple línea de pensamiento, toda idea que nace como producto del humano entendimiento, para mí es respetable aunque pueda resultar desacertada, sobre todo, si se formula de buena fe. Es bueno contrastar ideas y pareceres, porque si todos tuviéramos que pensar lo mismo, dejaríamos de ser libres. Pero, por el mismo derecho que todos tenemos a pensar, opinar y expresarnos en libertad, también lo tenemos a disentir y a defender la tesis contraria.

Y como creo que abogando por una supuesta legitimidad del derecho a separarse Cataluña de España, se estaría haciendo de mejor derecho a los separatistas que a los constitucionalistas, conviene aclarar lo que para el Derecho significan “legalidad y “legitimidad”. Legalidad es la norma positiva vigente y conforme al ordenamiento jurídico. Es la ley, que apriorísticamente comporta la obligación de respetarla y cumplirla, incluso cuando pudiera resultar severa o excesiva, aunque debe estar atemperada por la jurisprudencia y el contrapeso de poderes. Hace más de 2000 años, el Derecho romano ya enseñaba: “dura lex, sed lex” (la ley es dura, pero es ley”). Por su parte, la legitimidad lleva aparejado un plus de mayor justificación lógica y razonable, junto a principios de justicia y ecuanimidad. Pero, para el Derecho, tanto la legalidad como la legitimidad deben sujetarse a una norma superior: la Constitución, porque, si no, como decía el famoso jurista y filósofo austríaco, Kelsen, carecen de validez, serían la “nada jurídica”.

Toda legitimidad debe ser también lícita y justa. No hay legitimidad fuera de la ley, ni para quien se la salta. Y por eso, precisamente, no se puede focalizar el problema catalán desde el punto de vista de la pretendida legitimidad catalana. ¿Dónde está en Cataluña ni en ningún otro lugar del mundo democrático esa supuesta legitimidad que permita a una región separarse del Estado al que pertenece desde hace más de 500 años?. Toda legitimidad jurídica, emana de la Constitución. Y ni la legalidad, ni la legitimidad pueden ser inconstitucionales. Kelsen nos lo dice: una ley inconstitucional es radicalmente nula; más si está suspendida o anulada por el Tribunal Constitucional, queda automáticamente desprovista de legitimación. Tanto legalidad como legitimidad deben atender al interés general común, tener efectos “erga omnes” (frente a todos), sin que pueda favorecer o beneficiar a unos respecto de otros; se han de aplicar y obedecer para todos por igual, sin acepción de personas o grupos. Y en Cataluña, el 52 % unionista no puede estar deslegitimado en favor de la legitimación que se pretende dar sólo al 48 % separatista. ¿Sería legítimo obligar a los catalanes unionistas a ser extranjeros en la propia tierra donde nacieron?.

¿Quién cumple “legalidad” y “legitimidad” en Cataluña?. Indubitadamente, el Estado, que aplica la Constitución y demás normas que de ella emanan, que han sido debidamente aprobadas. A sensu contrario, los separatistas carecen, inequívocamente, de la más mínima legitimación desde el momento en que a toda costa persiguen hacer saltar por los aires la Constitución, la unidad de España, su soberanía y su territorio. Ni la Constitución, ni la Nación, ni la soberanía, ni el territorio se pueden trocear. Y menos aun a través de leyes suspendidas o anuladas, ilegítimamente aprobadas incluso a modo dictatorial, tales como lo han sido las llamadas leyes de “desconexión y ruptura”. Si cualquier otro Estado ataca a España, inmediatamente los españoles nos ponemos en estado de guerra. ¿Cómo va a ser legítimo que el ataque le venga de una parte de su propio territorio que le traiciona?.

Esas leyes catalanas de ruptura, no se han producido conforme al ordenamiento jurídico-constitucional; pesa sobre ellas una “deslegitimación” superior expresa, porque vulneran la jerarquía de las normas jurídicas, pretenden desmembrar el Estado y el territorio a través de un simple decreto autonómico con el propósito deliberado de romper la Nación española en unos días, arrogándose lo que llaman su derecho “democrático” a votar, tan “ilegítimo” y tan “antidemocrático” como que votando sólo ellos nos roban a todos los demás españoles nuestro derecho – también democrático - a votar en un asunto tan transcendente y fundamental como es la ruptura del Estado. Y lo hacen con “su” pretendida ley de referéndum, aprobada con graves y escandalosas irregularidades denunciadas por la oposición y por la comunidad internacional, con cambio “in extremis” del orden del día, sin que los grupos de la oposición pudieran presentar enmiendas, negando la palabra a sus portavoces de la manera más dictatorial. Y no digamos ya de las gravísimas irregularidades registradas durante la votación del “1-0”: el “pucherazo” que refería en mi anterior artículo.

Más los separatistas carecen hasta de la más mínima legitimación histórica. Nunca Cataluña fue nación, ni estado, ni territorio soberano. Ellos retuercen y ponen al revés su historia haciendo ver lo contrario de la realidad, fabricando una ficción falaz, falsa, tramposa, engañosa y de mala fe, en un intento siempre frustrado que les produce una obsesión enfermiza y un enorme complejo de inferioridad, porque no pueden soportar que la mayoría de las demás regiones sí estuvieran antiguamente constituidas en reino, y ellos no; sólo fueron un Condado dependiente del antiguo reino de Aragón. Más, ¿qué mayor deslegitimación la de los separatistas, que siendo en Cataluña parte del Estado, al que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma suprema del Estado, traicionan luego al propio Estado, a los catalanes, y su propio juramento?.

Tampoco les asiste ninguna legitimación electoral. La Constitución fue aprobada en Cataluña con el 91 % de votos afirmativos. Y menos aun les legitiman las “esperpénticas” votaciones que simularon, porque, muy contrario a lo que pretenden hacer ver, en los comicios irregulares del “9-N” y “1-0”, en el primero, obtuvieron sólo el 48 % de los pocos que fueron a votar. En el segundo, “dicen” que obtuvieron el 80% de dos millones que supuestamente votaron, que hasta los casi seis millones de electores censados, faltaron más de tres millones. Más, si los separatistas tan democráticos son queriendo a toda costa votar, ¿por qué no quieren luego convocar elecciones generales?. ¡Ah!, es que ahí hay sí hay interventores, censo oficial, junta electoral y garantía de control democrático. Luego van pregonando por el mundo entero que su separación de España la pide más del 80 % de los catalanes. Incluso la mayoría parlamentaria con que cuentan, no es la auténtica mayoría social; tienen mayor número de diputados, sí, pero menor número de electores por efecto del injusto reparto de escaños en las circunscripciones electorales.

¿Es legítimo desobedecer de forma tan contumaz la Constitución, leyes estatales, reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional y del TSJ de Cataluña?. ¿Acaso es legítimo saltarse a la torera, con soberbia y arrogancia, la mayoría de las resoluciones judiciales y de las normas que configuran nuestro ordenamiento jurídico-constitucional?. Si hasta sus propias normas de desconexión suspendidas, en base a las que ya han proclamado la República de Cataluña, se han saltado, como si ellos siempre estuvieran por encima del bien y del mal. Es increíble que los separatistas, que se tiene por tan democráticos, pacíficos y civilizados, luego proceda cometiendo tantos y tantos atropellos y tantas barbaridades jurídicas y políticas. Tan reprobable forma de proceder, no puede ser merecedora de la más mínima “legitimidad”.

¿Puede tenerse por legítimas las acciones preconcebidas y premeditadas de los separatistas encaminadas a preparar, organizar y ejecutar todo un golpe institucional como el que la Justicia les investiga y encarcela por presunta sedición, urdiendo una trama dirigida a desmembrar el Estado español?. ¿Acaso es legítimo que un cuerpo armado, como los Mossos d`Escuadra actuando en calidad de policía judicial, a los que por orden del TSJ de Cataluña se le encomendó la colaboración y auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actuando en una situación límite como la que se vivió el pasado “1-0”, lejos de apoyar a la Policía y Guardia Civil, lo hicieran en connivencia con los amotinados en la calle contra la actuación policial?. Si hasta las cámaras de televisión mostraron a Mossos entrando urnas de matute en los colegios electorales, coadyuvando a la celebración del referéndum suspendido, obedeciendo las órdenes de sus superiores políticos y en contra de las órdenes recibidas de la Autoridad judicial.

Esa pretendida legitimidad nacionalista que se atribuye a los separatistas, de ninguna manera puede traer causa de la mera efusión delirante de sentimientos y emociones políticas de unos cuantos aventureros que, saltándose a las bravas toda la legitimidad democrática, pretenden atentar contra el orden y la legalidad instituidos, a base de echarse a la calle utilizando incluso el acoso, la coacción y la violencia para oponerse a la acción de la Justicia. Las emociones nacionalistas están muy bien, pero con ellas no se come. ¿Acaso es legítimo que dirigentes separatistas pertenecientes al propio Gobierno de la Generalidad, llamen públicamente a la desobediencia civil, que se promueva y secunde la huelga general, que llaman “política”, o “paro de país”, jaleando a los funcionarios a sus órdenes para que secundaran la huelga, prometiéndoles que no se les descontaría del sueldo su inasistencia al trabajo?. ¿Qué legitimidad, o autoridad, podría tener un gobierno del hipotético estado que pretenden crear, para hacer cumplir las leyes de quienes les desobedecieran, cuando son ellos mismos los instigadores que se constituyen en desacato y desobediencia?.

¿Es legítimo el llamamiento hecho a los padres desde el día anterior al “1-0”, para que acudieran con sus hijos, niños escolarizados, a obstruir la acción policial y de la Justicia, para que por la fuerza se impidiera a los agentes estatales que retiraran las urnas del “simulacro” de referéndum que orquestaron?. ¿Merecen esos inocentes niños que se les adoctrine en el colegio y se les inculquen por los políticos y padres tan perversas enseñanzas?. Ahí tienen la respuesta inmediata a tan ilegítimas como irresponsables acciones: más de 550 empresas dándose a la fuga ante tantas fechorías que tanta alarma social siembran, cargándose en sólo días la riqueza patrimonial, el tejido industrial y laboral de una región antes tan próspera como quebrada está ahora, que tiene que salvarla la España que dicen les roba y oprime. ¿Qué legitimidad puede otorgarle quienes abogan por la identidad nacional catalana, cuando toda Europa y gran parte del mundo los reprueban y se niegan a recibirles, pese a la millonaria cantidad de todos los españoles gastada en propaganda?. Más, ¿no es un contrasentido invocar la pérdida de soberanía que conlleva la globalización y la pertenencia a la Unión Europea de sus países miembros, para invocar como legítima esa pretendida identidad nacional de Cataluña que se propugna, con el localismo de hecho que a la vez se crearía dentro del mundo globalizado?.

¿Qué clase de legitimidad es retar, desafiar, coaccionar y chantajear permanentemente al Estado de derecho, poniendo unos cuantos a todo un país en vilo y en constante zozobra?. ¿Es legítimo romper la convivencia de la sociedad catalana y hasta de las propias familias?. ¿Qué legitimidad tan sectaria es esa que divide a una sociedad entre “buenos” (separatistas) y “malos” (unionistas), donde se confeccionan listas negras “señalando” a los últimos en colegios, empresas, comunidades de vecinos, etc, diciéndoles que abandonen Cataluña y se marchen a su tierra?. ¿Qué clase de diálogo es el que se preconiza en favor de quienes exigen un referéndum, “sí o sí”, en nombre de la “democracia”, presumiendo de “demócratas”, y presentándose como víctimas propiciatorias del malvado Estado opresor y, a la vez, se niegan a asistir a las conferencias sectoriales de Comunidades Autónomas y a negociar a al Parlamento, sede de la representación política y de la soberanía popular que, además, amenazan permanente al Estado con la declaración unilateral de independencia ya consumada?. Por favor, que no somos ingenuos.