Le piden prisión y 9,5 millones por llevar 2 toneladas de hachís

Detenido por la Guardia Civil el 21 de marzo de 2013 con 2.074.636 gramos de hachís. El acusado no reconoce los hechos, faltan testigos y el juicio queda suspendido. Se trata de una de las operaciones más impactantes de las realizadas en años

Encuadrado en el órgano de lo Penal número Dos, el juicio contra un acusado de intentar el pase de uno de los cargamentos más pesados de cuantos se han detectado en la última década en nuestra ciudad, nada menos que algo más de dos toneladas de hachís, cuyo valor en el mercado supera los tres millones de euros, quedó ayer suspendido en la Sala toda vez que no comparecieran testigos que pudieran resultar clave para esclarecer el caso.
De tal manera, el acusado, en prisión preventiva desde el 21 de junio de 2013, tres meses después de que fuera detenido intentado el pase, el 21 de marzo de 2013, deberá esperar para conocer la resolución penal, bien en términos condenatorios, bien mediante sentencia absolutoria. La vista ha quedado aplazada para el próximo invierno, cuando todas las partes esperan poder celebrar un juicio que, según hace indicar, no se resolverá en caso alguno mediante una conformidad de los hechos pues el acusado, de nacionalidad española, con antecedentes penales cancelables por imperativo legal y cuya identidad responde a las iniciales R.R., defiende su total inocencia y desea pelear por demostrar la misma.
Mientras tanto, el Ministerio Fiscal mantiene la pena que para el acusado elevó en el escrito inicial elaborado y firmado en noviembre de 2013, una solicitud de condena que se traduce en los siguientes términos, en base a la comisión de un delito contra la salud pública del artículo 368 inciso segundo y 369.5º y 372 del Código Penal español: 4 años y 6 meses de prisión y multa de 9.460.338 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 180 días. Además, el Ministerio Público procede a pedir que se le imponga una inhabilitación especial para empleo o cargo público en el sector de la empresa por tiempo de diez años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena (artículos 56 y 44 del Código Penal) y costas procesales.
Asimismo, dentro de la petición de la condena, debidamente fundamentada, el Ministerio Fiscal considera que, en caso de condena, procede el comiso de la droga y de la batea remolque intervenida por la Guardia Civil en base a lo que tipifican los artículos 127 y 374 del Código Penal.
Este escrito de acusación está elaborado en cumplimiento de lo que dispone el artículo 800 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De tal manera, y según ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Fiscal eleva la pena anteriormente reseñada al considerar que existen pruebas de fuerza contundente como para determinar que el acusado el día 20 de marzo de 2013 llegó a Ceuta procedente de la península con el fin de traficar con drogas, concretamente, especifica el escrito fiscal, con hachís, y para ello, aprovechándose de su cualificación profesional como empresario de una entidad mercantil con una sede en nuestra ciudad y de la que el acusado era administrador único, hizo llegar hasta Ceuta una batea con productos alimentarios y, una vez en esta ciudad, ocultó en un doble fondo practicado en la susodicha batea–remolque de su propiedad 254 bloques de resina de hachís, con el fin de trasladarlos a la península y destinar esta droga a la venta o donación a terceras personas, como defiende el Ministerio Público.
Así, esta parte considera que el 21 de marzo del pasado año, sobre las 16:20 horas, la batea cargada con los bloques de hachís fue trasladada desde el Polígono del Tarajal hasta la Estación Marítima de Ceuta donde, al infundir sospechas a los funcionarios de la Guardia Civil que prestaban servicio en el control de embarque de vehículos, procedieron a su inspección, hallando oculta en el interior del doble fondo existente en la batea la sustancia estupefaciente, que tras su análisis arrojó un peso neto de 2.074.636 gramos de hachís, con un índice de THC indiciariamente superior al 4 por ciento y un valor en el mercado de 3.153.446 euros, cantidad que el acusado pensaba destinar a su tráfico ilícito, como así entiende el Ministerio Fiscal,  circunstancia que deberá ser probada o desmentida por el magistrado juez titular del citado órgano mediante sentencia firme.

La labor de la Guardia Civil dio sus frutos

La historia de este servicio, uno de los más importantes de los llevados a cabo por la Benemérita en la Estación Marítima en los últimos tiempos y del que ‘El Faro’ dio debida cobertura en las ediciones siguientes al hecho, comenzó en torno a las cuatro de la tarde, cuando los agentes de la Compañía Fiscal del puerto interceptaron un remolque sin cabeza tractora en donde se encontraba la droga. Para ocultarla se había colocado en un doble fondo poniendo por delante el aire acondicionado para bloquearlo y despistar ante un registro superficial, encontrando allí los agentes de servicio bloques y bloques de hachís. Lo curioso es que además de las típicas planchas de droga, también encontraron sacas repletas de bellotas, lo que no es habitual en los pases programados en los que solo interviene un único propietario de la mercancía. Fuentes cercanas de la investigación valoraron que se podía estar ante distintas cantidades de droga que habrían estado almacenadas en un lugar desalojado por completo y que procederían de distintos actores implicados. Es más, los bloques tenían distintas marcas lo que demuestra un diferente origen y que habrían sido acumuladas de manera gradual en el sitio elegido para la ocultación.
La Guardia Civil se empleó a fondo en la investigación para saber qué había detrás de este servicio, que no obedecía al típico pase en el que interviene una única persona. La Benemérita informó aquel 21 de marzo del pasado año de manera oficial de la imputación de una sola persona, española, que permaneció en calidad de detenido hasta ser puesto a disposición del juzgado de guardia en las horas posteriores, por su presunta relación con un delito contra la salud pública. En la jornada de ayer el caso llegó a la Sala de lo Penal número Dos de nuestra ciudad, si bien se procedió a la suspensión de la vista al faltar testigos clave. El camión implicado en el caso, como se determinó entonces, es de una empresa malagueña y fue intervenido por las Fuerzas de Seguridad en la propia Estación Marítima ceutí. La sustancia narcótica quedó de inmediato depositada en el Área de Sanidad, que depende de la Delegación del Gobierno, y más concretamente en el búnker acorazado del que se dispone y al que se recurre cuando, como era el caso, el cargamento era ‘bestial’.