La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 se vio ayer obligada a suspender una vista oral por un delito contra los derechos de los ciudadanos, debido a que uno de los acusados, que actualmente se encuentra en prisión por otro delito, no compareció en el juicio, pese a que incluso su abogado se desplazó hasta el centro penitenciario para trasladarlo hasta el juzgado, aunque un fallo en los días que le permiten abandonar la prisión, impidió que acudiera a la vista. De haberse celebrado, y tras la conformidad de la Defensa con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, tres de los cuatro acusados hubieran abonado una multa de 270 euros, mientras que a la cuarta implicada se le habría impuesto una medida de seguridad vigilada durante un periodo de seis meses por haberse demostrado su incapacidad. Los hechos por los que hubieran sido juzgados transcurrieron el 7 de marzo de 2015, fecha en la que dos de los acusados lograron pasar a una marroquí y su hijo desde el país vecino, ambos sin documentación, a cambio del abono de 8.000 euros. Ese mismo día, los llevaron al puerto, aprovechando que un tercer implicado se encargó de la vigilancia dentro de la estación marítima, mientras la cuarta acusada acompañaba a la madre y al hijo para eludir el control policial, hasta que fueron detenidos por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado momentos antes de embarcar. Ante el problema burocrático que impidió la comparecencia de uno de los acusados, la celebración del juicio se ha emplazado para finales de este mes de mayo.