Las víctimas de violencia de género y maltrato infantil sí se benefician de la justicia gratuita

Justicia incluye excepciones en la implantación de la Ley de Tasas, casos en los que el servicio de abogados y procuradores no supondrán gasto para el denunciante La controvertida Ley de Tasas Judiciales, ideada e impulsada hasta su aprobación por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz–Gallardón, y que ha recibido un considerable rechazo (en Ceuta el grueso de los trabajadores de Justicia se reunió en dos ocasiones en señal de protesta), cuenta no obstante con un apartado recien anunciado y que apenas ha suscitado comentarios a nivel nacional.
Se trata del concerniente al hecho de que todas las víctimas de violencia de género y de maltrato infantil serán beneficiarias de justicia gratuita, lo que supone, además de poder ser representadas por un abogado y un procurador sin coste para ellas, que quedan exentas del pago de cualquier tasa.
En este sentido, cabe señalar que los delitos cometidos contra ellas corresponden a la vía penal, a la que pertenecen el 72% de los asuntos que ingresan anualmente en los Juzgados. La Ley de Tasas no prevé el pago de ninguna cuota en la vía penal y cuenta con varias exenciones en los procesos civiles: los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los de guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos. Por contra, sí hay previstas tasas para los divorcios y separaciones, que se resuelven en la vía civil.
Por todo ello, el Ministerio del ramo argumenta que "el objetivo es que ninguna mujer deje de recurrir al amparo de la Justicia, ni se abstenga de interponer una demanda de divorcio que la saque de la pesadilla de los malos tratos", concluye.

La Justicia ceutí, contra el 'tasazo'
Desde que se hiciera pública la intención de poner en marcha la Ley de Tasas Judiciales, los abogados, procuradores y demás colegas de Justicia que desempeñan su labor en nuestra ciudad, se unieron a las quejas que a nivel nacional se elevaron acerca de la misma. Secundando a la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, exigieron la inmediata retirada del proyecto de ley de tasas judiciales asegurando entonces que "se va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos".