Las vallas de Ceuta y Melilla ‘estrenan’ la nueva legislatura en el Congreso

El Ejecutivo en funciones continúa recibiendo preguntas y una PNL en torno a la disposición que vino a legalizar las llamadas ‘devoluciones en caliente’. ERC, Democràcia i Llibertat y Podemos, los firmantes.

Aún con un Gobierno en funciones, las Cámaras están funcionando a pleno ritmo. Desde hace semanas, el Congreso de los Diputados ha recibido y registrado varias preguntas y una proposición no de Ley en las que las fronteras de Ceuta y Melilla adquieren un protagonismo en el inicio de la nueva legislatura que pone en evidencia los problemas que se ‘arrastran’ desde la última. El rechazo que provocaron las reformas aprobadas en los últimos cuatro años, se suma la ya conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, en la cual una de sus disposiciones finales se incluyó la regulación de las llamadas ‘devoluciones en caliente’ que pasaron a llamarse, según la reforma del PP, ‘rechazos en frontera’.  
Los grupos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Democràcia i Llibertat y el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea han presentado varias preguntas y una proposición no de ley (PNL) en la Cámara Baja, publicados en su boletín oficial en las últimas semanas.
En muchos casos, las cuestiones relativas a la valla fronteriza de ambas ciudades autónomas y los ‘rechazos en frontera’ se enmarcan dentro del rechazo de estos grupos políticos a la Ley de Seguridad Ciudadana, como es el caso de la PNL registrada a principios de mes por los diputados de ERC, Gabriel Rufian y Joan Tardà.
Más ‘inmediato’ fue el diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), Carles Campuzano i Canadés, que a mediados de febrero presentó tres preguntas relativas a la inmigración y la frontera de Ceuta y Melilla. Las dos siguientes sobre la misma cuestión tienen fecha del 1 de marzo. En las primeras el diputado catalán pregunta al Gobierno en funciones si considera “admisible la actual saturación de los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla”. También se interesa por saber si el Ejecutivo central ha recibido fondos europeos para mejorar la capacidad de acogida de solicitantes de protección internacional en ambas ciudades autónomas y cuál ha sido el número de solicitantes que han sido alojados en los centros de acogida de refugiados durante el periodo 2008-2015, por centro.

Las oficinas de asilo
En marzo, el parlamentario catalán pregunta al Ejecutivo popular si considera que en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla “se garantiza efectivamente y en todos los casos, el derecho a solicitar asilo”. Además, pregunta “¿qué medidas se llevan a cabo y cuál es el procedimiento para garantizar que en los puntos fronterizos de Ceuta y Melilla en todos los casos, se efectúan los trámites necesarios para identificar individualmente a las personas que quieren acceder a territorio español, comprobar sus posibles necesidades de protección internacional y darles la oportunidad de ejercer su derecho a solicitar asilo, tal y como prevé la normativa estatal, europea e internacional?”.
Igualmente, a principios de marzo, la diputada Ione Belarra, del grupo parlamentario de Podemos, registró una pregunta para una respuesta por escrito sobre la misma temática.
Expone la parlamentaria que aunque desde 2011 se van de España más personas de las que vienen “sólo el 3% de las personas que accedían de forma irregular al territorio europeo lo hacían por la llamada Frontera Sur. A pesar de todo ello, los medios de comunicación y distintos representantes públicos han trasladado de forma insistente la idea de que existe un elevado número de entradas irregulares en España a través de la Frontera Sur, empleándose habitualmente las inadecuadas expresiones de “avalancha” o “elevada presión migratoria”.
Por ello, la diputada Belarra pregunta cuántas personas han entrado de forma irregular en España el año pasado, desglosado por nacionalidades; cuántas lo han hecho de esta manera a través de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y, de ellas, cuántos inmigrantes “han sido sometidos a procesos de devolución desde las ciudades de Ceuta y Melilla, desglosado por nacionalidades desde el año 2013”.
Por último, la diputada de Podemos pregunta cuántas personas “han sido devueltas ‘en caliente’ tras la aprobación del a Ley de Seguridad Ciudadana, desglosado por nacionalidades”.

Una ley polémica
La conocida Ley de Seguridad Ciudadana incluyó a última hora en su trámite parlamentario una disposición adicional, la décima, que venía a establecer un “régimen especial de Ceuta y Melilla” en materia de extranjería, introduciendo la figura de los ‘rechazos en frontera’. La aprobación de esta ley y su disposición adicional no estuvo exenta de polémica e incluso el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Aún hoy se está a la espera de que el tribunal se pronuncie al respecto.

El acuerdo de la UE y Turquía es una “copia” del hispano-marroquí

El acuerdo de la UE y Turquí ha suscitado el rechazo generalizado en la sociedad europea que se han plasmado en numerosas protestas, también en Ceuta. Ahora se suma también la voz en contra de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) que afirma que el acuerdo UE-Turquía “no es nuevo”, según publica en su página web, sino que viene a ser una “copia al alcanzado en materia de inmigración entre Marruecos y España: beneficios y apoyo político al país vecino a cambio de que éste evite por todos los medios que los migrantes crucen las fronteras de Ceuta, Melilla y el Estrecho. Ello ha supuesto la destrucción sistemática de sus derechos y la puesta en juego diaria de miles de vidas humanas”.  Es por ello, que estiman desde esta asociación que el acuerdo entre Europa y Turquía también vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos sirios que huyen de la guerra civil en su país. Un “maltrato” que reciben por parte de los países europeos y que sufren, especialmente, mujeres y menores. Por ello, la AMJE reivindica “el reconocimiento de los derechos humanos de las personas refugiadas que se hacinan en las fronteras europeas, la toma de medidas efectivas para asegurar una acogida digna de los refugiados”.