Los estudios realizados demuestran que las líneas con subvenciones en las tarifas para residentes como las que Fomento prevé elevar tienen precios un 40% más elevados
Pese a que, más o menos larvado, el debate sobre la idoneidad de mantener en forma de subvenciones a porcentaje las políticas públicas para favorecer la
movilidad de los residentes en territorios extrapeninsulares se abrió hace tiempo, el Gobierno central dará otro paso adelante en esa línea este verano si nada se tuerce en la aprobación de los nuevos
Presupuestos Generales del Estado con la ampliación al 75% de la cobertura de las tarifas vigentes. Las otras alternativas que se han barajado a lo largo del tiempo (por ejemplo, que la parte bonificada de los billetes sea una cantidad fija) no han llegado a nada o siguen pendientes de recibir los parabienes de la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Fomento (la posibilidad de imponer a las navieras una rotación barata al día como Obligación de Servicio Público). La extensión de la bonificación del 50% al 75% rebajará a la mitad cuando entre en vigor de un día para otro lo que el pasajero residente paga efectivamente de su bolsillo por ir a la Península. En el caso del transporte marítimo, el más masivo, el precio directo caerá de unos quince euros por trayecto a 7,5. La duda estriba en cuánto tiempo tardarán en encarecerse las tarifas. Profesores de los departamentos de Análisis Económico Aplicado y de Asuntos Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad Europea de Canarias llevan tiempo analizando cómo influyen los subsidios públicos sobre los precios que los transportes que se subvencionan. Sus resultados han sido concluyentes: “El descuento provoca que la demanda de los residentes sea menos elástica al precio e implica un estímulo a la demanda”, han apreciado en el caso de las conexiones aéreas con Canarias, en el que han detectado que ello puede ser incluso contraproducente para atraer turismo. Desde su punto de vista es necesario “analizar si otros mecanismos son más efectivos en el objetivo propuesto, como por ejemplo subvencionar la ruta sin discriminar entre residentes y no residentes”. Juan Luis Jiménez, Jorge Valido y Naykel Morán, de las dos universidades mencionadas, han constatado tras comparar los precios en cuarenta líneas marítimas de toda Europa que los precios por kilómetro “son alrededor de un 40% más altos en las subsidiadas”, con lo que la ayuda pública pierde parte de su efectividad para favorecer a la ciudadanía a la que se pretende llegar. “De hecho, la política de descuentos puede no ser efectiva para reducir los costos de la insularidad y de los viajes desde y hacia el continente para residentes un problema serio para una de las principales justificaciones de esa política: promover la movilidad a nivel nacional”. “Los resultados en general no son muy halagüeños para la eficiencia en el uso de los fondos públicos”, ha explicado Jiménez en declaraciones a este periódico al ser preguntado sobre los efectos que podría tener la ampliación de la bonificación prevista y la necesidad de imponer restricciones al encarecimiento de las tarifas.
Los políticos no saben cómo controlar, ni si se podría, un incremento de precios
En el ámbito político, más allá de una genérica referencia a combatir el “fraude” con las subvenciones tanto por parte de la ciudadanía como de las navieras (en esa doble dirección interpretan las fuentes consultadas el último párrafo de la enmienda introducida en los Presupuestos en el Senado), no está ni mucho menos claro cómo se podría contrarrestar un crecimiento de los precios más o menos inmediato. “Los resultados sugieren que los descuentos a residentes conllevan un aumento de los precios (sin descuento) de manera que hay un subsidio cruzado entre pasajeros residentes y no residentes, siendo las empresas las principales beneficiadas”, alertan los analistas, que son partidarios de explorar más la vía de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) para conseguir los objetivos deseados. Los descuentos a residentes se aplican en Francia, Italia, Escocia, España o Portugal. Cabe señalar que en algunos casos están dentro de la imposición de OSP (caso de Francia o Italia) y en otros son independientes de la OSP (caso de España, Escocia o Portugal).