La Policía Nacional continúa con la operación abierta en torno a las exigencias de pagos de dinero para disponer de Viviendas de Protección Oficial. Lo hace de manera más lenta de lo que quisiera, topándose con la nula colaboración -de momento- para llegar hasta el origen de estas prácticas corruptas. De hecho, tal y como ayer informó El Faro, la Policía llegó a identificar a seis personas relacionadas con los hechos, en el marco de la investigación sobre exigencias de dinero en la que se estaban manejando peticiones de cobros de entre 8.000 y 10.000 euros. Pues bien, esas seis personas identificadas son hombres y mujeres que habrían pagado un dinero a otros individuos con la idea de verse beneficiados con la adjudicación de una vivienda. El objetivo clave en el proceso investigador es que esas personas denuncien, aportando identidades de cómo hacían los pagos y a quién. Es aquí en donde el CNP se está topando con importantes dificultades hasta el punto de sospecharse la existencia de amenazas y huidas de personas a Marruecos, constituyendo una auténtica traba en el proceso investigador. La Policía sigue trabajando, manteniendo un hilo de acción investigadora que está siendo dirigido por el juzgado de instrucción que lleva este caso y ante el cual ya ha sido presentada, al menos, una persona presuntamente relacionada con estos cobros. El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, fue preguntado ayer por este asunto, sin que aportara datos nuevos al respecto al tratarse de un “asunto sujeto a información reservada” y al “secreto sumarial” por lo que optó por evitar nuevas valoraciones. Los grupos investigadores de la Policía Nacional llevan tiempo detrás de este asunto que sigue un camino paralelo al abierto después del escándalo de Loma Colmenar, a raíz de la publicación de la denominada ‘lista fantasma’ y la denuncia presentada por el Gobierno de la Ciudad que ha terminado provocando la imputación de Antonio López.
El PSOE critica retrasos políticos en la investigación El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, ha denunciado en una nota de prensa que “el Gobierno está retrasando, de manera deliberada, la constitución de la Comisión de Investigación”, que fue solicitada por el GPS en el Pleno de la Asamblea para esclarecer el “escándalo” del proceso de adjudicación de las 317 VPO de Loma Colmenar. Critica que se haya vuelto a pedir al PSOE que designe a los representantes en esa comisión.