Un vigilante asiste a una porteadora.
La representación de los empresarios del Tarajal, reunida el lunes con la Delegación del Gobierno, salió de este encuentro con la satisfacción del deber cumplido. Estos comerciantes aportaron sus propuestas para la mejora del funcionamiento del ‘Tarajal II’ y se prestaron a colaborar en todo aquello que fuese necesario. Los acontecimientos han dado un giro inesperado para el colectivo, según pudo conocer este periódico, cuando el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, desvelaba que la apertura del ‘Tarajal II’ a partir del próximo lunes deberá estar acompañada de la contratación de la vigilancia privada por parte de los propietarios de las naves. Este servicio –con independencia del operativo de seguridad a cargo del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios en el tramo de su competencia– se encargaría de controlar las colas de porteadores y los bultos.
El “margen de maniobra es escaso”, valoraron ayer los empresarios. De hecho, sus representantes se emplazan al lunes que viene para reunirse, después de haber analizado la situación, y tomar una decisión al respecto. Es decir, que hasta ayer los empresarios aún no habían resuelto si los polígonos dispondrán de seguridad privada como les prescribe el delegado del Gobierno.
Por tanto, el escenario que se dibuja de cara a la apertura del ‘Tarajal II’ es sombrío. La Policía Nacional y Local estarán desplegados en las cercanías por si se produce algún desorden público y en el recinto de los almacenes donde hacer cumplir las ordenanzas, respectivamente. El control de las mercancías, ante la ausencia de vigilantes en las calles, se encomendará a la autogestión.
La seguridad privada es un viejo caballo de batalla entre la Delegación del Gobierno y los comerciantes del Tarajal cuya financiación se les exige, al menos, desde 2005. Durante un periodo de meses, hasta finales de 2014, los polígonos dispusieron de seguridad privada. Una serie de desencuentros ocasionaron la supresión del servicio.
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