La Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos ha detectado un incremento de marroquíes que acuden a los juzgados de Ceuta para denunciar episodios de violencia física o psicológica ejercida contra ellas sobre la base de su sexo o género. Una tendencia que supuso en 2016 un aumento “importante” de este grupo del 20 por ciento, de acuerdo con los datos recopilados por este servicio público del Ministerio de Justicia. A nivel estatal, según las estadísticas del Observatorio del Consejo del Poder Judicial relativa a 2016, el 29 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género era extranjero.
La cifra de súbditas que se desplazan a los juzgados ceutíes a denunciar presuntos hechos ocurridos en el país vecino también ha crecido. Pese a que parezca que la jurisdicción española termina en la frontera del Tarajal, desde la Oficina informaron de la diversa casuística que puede darse en la violencia de género, como son los delitos cometidos por españoles residentes en Marruecos que agreden a su pareja en el reino alauí. Casos que, a priori, deberían ser juzgados por la Audiencia Nacional.
Aquellos matrimonios entre personas de distinta nacionalidad, supuestamente marcados por la violencia machista y solo esposados mediante un rito religioso sin reconocimiento a efectos legales en España, supone en Ceuta otro de los perfiles que llegan hasta este recurso de la Administración de Justicia. El varón aprovecha la falta de documentación de la mujer en territorio español para coaccionarle, una forma despreciable de garantizar que su pareja sea sumisa.
El uso de esta lacra social en beneficio propio mediante denuncia es otro de los supuestos que llegan a los tribunales de la ciudad. Las presuntas víctimas anteponen a su pareja las ventajas de la protección que reciben las mujeres extranjeras en situación irregular. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la fémina tiene derecho a una autorización provisional de residencia temporal y trabajo –y a favor de sus hijos–, además de otras prestaciones, que quedará anulada en caso de que no pueda deducirse la situación de violencia de género.
Más del 70% son retiradas o el juez dicta sentencia absolutoria
La Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos de Ceuta estima que entre el 74 y 75 por ciento de las denuncias interpuestas por presunta violencia de género acabaron en sentencias absolutorias o bien fueron retiradas en el año 2016. Este servicio público registró el año pasado 217 asuntos penales por este motivo, de los cuales 55 fueron sentencias condenatorias y 162 acabaron en la exculpación del acusado o con la retirada de la denuncia.
Una cifra que sorprendentemente dista de las contabilizadas por el Consejo General del Poder Judicial en su Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Según este informe, las denuncias por violencia de género aumentaron en Ceuta el año pasado más de un 78 por ciento, al pasar de 255 a 455, esto es, 200 asuntos penales más que los registrados en los mismos juzgados en 2015. Es decir, que la Oficina cuenta 238 casos menos que el Consejo. La duda ahora es saber quién, dónde o por qué han quedado registrados estos asuntos y si existen más divergencias en otros indicadores que deberían coincidir.
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