Las investigaciones iniciadas por la Guardia Civil en noviembre del pasado año como parte de la operación ‘Catedrático’ siguen su curso. A las ya 40 imputaciones por falsedad documental conseguidas se van a sumar más. Y esta vez de civiles, como ya se apuntaba tras la segunda fase operativa realizada el pasado 14 de marzo.
Tal y como ha podido saber ‘El Faro’, de las investigaciones de la documental obtenida tras los registros llevados a cabo por los agentes de la Policía Judicial, se ha conocido la implicación de alrededor de 20 civiles más en la península. Es decir, personas de diferentes profesiones que habrían encargado la compra de una titulación falsificada o la habrían adquirido ya; en algunos de los casos para guardarla y utilizarla en caso de necesidad y en otros para emplearla fingiendo así tener una titulación para, por ejemplo, poder presentarse a unas oposiciones.
Con el desarrollo de la ‘Catedrático’, la Guardia Civil ha abierto un auténtico melón de irregularidades, dando con multitud de personas que tenían en su poder falsos certificados de estudio con la finalidad de poder superar determinadas pruebas u optar a concursos en los que se requiere unos requisitos determinados.
Las diferentes detenciones e imputaciones se han ido practicando en distintos cuarteles de la ciudad y en varias provincias de la península, iniciándose un sendero de irregularidades que puede llegar al centenar de imputados. Gradualmente se va analizando e investigando la documental obtenida y se va conociendo hasta dónde llega la operatividad de quienes se estaban dedicando a falsificaciones por encargo.
La formación política UPyD ya ha pedido públicas explicaciones de hasta dónde puede llegar esta trama y hasta qué ámbitos puede salpicar, sobre todo ante la gravedad que supone el hecho de que sea numeroso el volumen de personas que disponga de un certificado falseado y con el que pueda optar a empleos en el ámbito civil sin estar capacitados para ello.
Dichas titulaciones podían adquirirse abonando entre 200 y 300 euros, según estima el Instituto Armado. Entre las personas incluidas en la lista de solicitantes que pedía un título a la red desmantelada han aparecido nombres de personas que no habían recurrido a estos servicios, por lo que se desconoce por qué se disponía de sus datos. Hay quienes tan sólo lo habían solicitado, sin que todavía se le hubiera remitido la documentación.
Todo judicializado en un mismo caso
Las diferentes actuaciones que, desde el pasado año, están llevando a cabo los agentes de la Guardia Civil se han encuadrado en un mismo proceso judicial. Los detenidos, que posteriormente fueron puestos en libertad en calidad de imputados, han sido relacionados con un presunto delito de falsedad documental. Eso al margen de los presuntos integrantes de la organización que también fueron vinculados con un delito contra la salud pública al hallarse marihuana en su vivienda.