Las empresas públicas se quedarán fuera de la Mesa General de Negociación

Un informe de la Dirección General de Recursos Humanos dejará definitivamente fuera de la Mesa General de Negociación de la Ciudad Autónoma a las sociedades municipales como refrendará el lunes el Pleno con la aprobación definitiva de su Reglamento sin atender las alegaciones formuladas por CCOO, que considera que con este criterio “arbitrario y sospechoso” el Ejecutivo local “vulnera los derechos constitucionales de los empleados públicos a la negociación y otros como la libertad sindical, así como un abuso de poder”.
Los técnicos de Recursos Humanos no comparten la opinión del sindicato que lidera Juan Luis Aróstegui.  “Las sociedades mercantiles de capital íntegramente público [Acemsa, Procesa, Emvicesa, Servicios Turísticos, RTVCE, Obimasa, Obimace, Amgevicesa, Puerta de África y el Parque Marítimo] quedan fuera del ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) porque se rigen, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento privado”, reza el dictamen mencionado, que ratifica la opinión de la Secretaría General de la Asamblea cuando, en abril de 2008, dictaminó que este tipo de entidades mercantiles “no pueden entenderse incluidas en el ámbito de directa aplicación del EBEP”.
“En consecuencia”, concluye la Dirección General en respuesta a los argumentos de Comisiones, “tampoco el personal de esas sociedades, a través de sus legítimos representantes, tiene derecho a formar parte de la Mesa General de los empleados públicos de la Ciudad, por lo que todos sus derechos (a la negociación colectiva, representación y participación para la determinación de sus condiciones de trabajo...) habrán de ejercerlos dentro del ámbito de sus respectivas sociedades”.
Para Recursos Humanos, ello “no conculca ningún derecho, ya que es una decisión acorde con la legalidad vigente que no supone ninguna vulneración de derechos de libertad sindical”. CCOO, central a la que beneficiaría en términos de representatividad una decisión contraria en detrimento de UGT, “aún no ha decidido” si judicializará esta interpretación.