Las diligencias del ‘caso Emvicesa’ ya se han extendido más allá de las tres promociones construidas, adjudicadas y entregadas en Loma Colmenar: la de 317 cuya ‘lista fantasma’ inició la causa judicial; la de 170 que derivó en la detención y puesta en libertad como investigados de varios diputados; y la de 225. Según las fuentes consultadas por este periódico, la instrucción ha reclamado ya información relativa a las circunstancias del proceso administrativo seguido en relación con las 86 VPO del Monte Hacho que fueron ocupadas en 2009.
La Comisión Local de la Vivienda, entonces presidida por Francisco Márquez con el ahora encarcelado Antonio López como gerente de EMVICESA, acordó establecer cuatro cupos para su distribución: menores de 35 años (por sorteo), discapacitados (con prioridad para mayor grado acreditado), convenios (para compromisos de realojos en virtud de convenios con promotores privados siempre que los afectados cumpliesen los requisitos legales) y “excepcional” para la Consejería de Asuntos Sociales, reservándose para cada uno de ellos 30, 6, 18 y 32, respectivamente.
En el cupo de la Consejería de Asuntos Sociales, ámbito al que en las diligencias se está dando especial atención, se debían incluir “situaciones de ruina, desalojos, realojos alternativos, etcétera”. Como requisito ineludible se pactó incluir el haber presentado previamente solicitud de vivienda por parte de los afectados por ese tipo de coyunturas.
La investigación judicial también está poniendo celo en qué allegados a políticos han logrado ser beneficiarios de casas de promoción pública.
Unas torres en el centro de la polémica desde su construcción
La promoción de VPO del Monte Hacho no ha dejado de dar que hablar desde su construcción, al menos a medias. En junio de 2009, CCOO denunció que las torres era el ejemplo palmario de “la existencia de una supuesta trama corrupta” dedicada a “saquear los fondos” que remitía la Administración del Estado a la Ciudad para “desviarlos a fines distintos para los que fueron destinados”.
Semejante acusación se fundamentaba en que del proyecto original, financiado al 99,57% por el Ministerio con casi 12,5 millones de euros, nunca se construyeron 41 viviendas y 87 plazas de garaje, que ahora quiere llevar adelante la propia Empresa Municipal de la Vivienda. Hace tres años se supo que la Empresa Municipal de la Vivienda mantenía en un limbo varias viviendas y treinta y cuatro aparcamientos de esa promoción por los que la sociedad municipal no obtenía ningún rendimiento tras haber vendido 83 casas y doce plazas de estacionamiento.
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