Las conversaciones normales del señor ministro

En cualquier país decente, dónde la democracia fuera el pan nuestro de cada día, este remedo de ministro del interior -lo ponemos en minúscula-, que lo quiere “sabé to”, y utiliza el poder del estado para de manera abyecta y manipuladora, culpar de corrupción a políticos catalanes de pensamiento independentista, estaría por su vergonzoso comportamiento, cesado fulminantemente y arrojado del gobierno  a los avatares de la aventura de la imprevisible y siempre cambiante  calle, por contravenir entre otros el  derecho a la intimidad  y utilizar  los poderes del estado en beneficio partidista,  abusando,  en su deriva,  de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puestas a un fin y utilizadas para una encomienda que no le es propia de una democracia y que no se recoge en nuestra Constitución de 1978.

Este bochornoso acto de pactar con el “Jefe de la Oficina del Fraude de Parlamento Catalán”, el buscar adrede y exclusivamente dirigidos a inculpar a  personalidades del entorno de los partidos de tendencia independentista  catalanes, no sólo puede quedar  en el cese de ambos; sino que  -en nuestro criterio- pensamos que presuntamente puede darse un delito y que la Fiscalía del Estado, debe de entrar a esclarecer este increíble e incalificable suceso, que rompe a todas luces, el derecho a la “Intimidad” que recoge nuestra “Carta Magna”, y nos recuerda aquel famoso caso del país de las barras y estrellas, que la prensa convino en llamar  “Watergate”, y que le costó al presidente Nixon, ser destituido como presidente de los EEUU.
Sí este país no fuera una ”democracia” entrecomillada, y por el contrario hiciera prevalecer los valores  y principios de nuestra “Ley Máxima”, es claro que el presidente del gobierno en funciones, acompañaría a píe juntillas al ministro del interior en su dimisión y en la salida de ambos de la Moncloa.
No se puede hacer peor favor a nuestra débil democracia, que actuaciones de esta índole, que ponen en entredicho la imparcialidad de los  poderes del estado y el beneficio propio de un partido político, que en el caso que nos ocupa viene referido al PP. La labor constructora de una sociedad democrática que ha de hacerse, necesariamente, a través de los años y del empeño firme de los ciudadanos que la integran, puede por estas deshonestas actuaciones,  irse al traste y converger en una pérdida de confianza de gran parte de la ciudadanía de este país.
Nada avala este desdichado y tenebroso  acaecimiento,  por  mucho que el ministro en funciones, quiera exponer que  era una cuestión formal y de plena normalidad en esa entrevista  plena de cordialidad entre él y el  jefe del fraude catalán,  porque las declaraciones de ambos lo desmienten, y allí se gestionaban otras cuestiones,  que, en un ámbito democrático, son de imposible realización y más bien de un presunto delito contra el articulado de las leyes que nos hemos dado. Presunto delito que de oficio  está obligado -como hemos mencionado- la Fiscalía.
 Si, acaso nos atreviéramos a viajar a Francia, Suecia, Alemania, Holanda, o Inglaterra, el escándalo sería de tal magnitud, que el gobierno en pleno se vería necesariamente obligado a dimitir; sin embargo en este país nuestro, al parecer los que nos gobiernan pueden saltarse la ley a la torera sin menoscabo de su autoridad y sin tener la decencia de dimitir de su cargo, como si una aureola divina  propia de épocas dictatoriales y pretéritas les protegieran.
Nos parece un atrevimiento falaz y propios de malandrines quienes salvaguardados por el poder cometen estas presuntas fechorías, pues atentan contra nuestra aún débil y joven democracia; y, ponen al pie de los caballos las esperanzadas ilusiones de parecernos a estos grandes países que antes hemos citados.
Y, acabando esta crónica, no acabo de entender a algunos  de mis paisanos, que aún creen que Ceuta es una plaza militar o de soberanía, como decían aquellos libros pretéritos de nuestra infancia, sin darse cuenta que la democracia significa habitar en un “estado de derecho”,  y que los ministros del gobierno tienen que ajustase al dictado de la ley como cualquier ciudadano de a pie, sin tomar ningún atajo que no prevea el articulado de nuestro ordenamiento constitucional.  De tal modo, que aún algunos, parecen estar en otras consignas patrióticas de pasadas improntas,  que en un ejercicio irresponsable y falto de la más mínima y elemental educación democrática, tienen el atrevimiento de felicitar al ministro del interior en funciones, por sus desgraciadas y antidemocráticas “conversaciones normales”  entre responsables del fraude de este país llamado España…
La democracia no tiene atajos, porque ya otros lo intentaron, pongamos con el patético asunto del GAL y acabo el equipo de Interior con los huesos en la cárcel y el descredito  para el presidente del Gobierno de aquella. No; no, de ninguna de las maneras, Sr. ministro del interior y demás palmeros que le aplauden su lamentable actuación en comandita con el Sr. Daniel. La democracia -servidores, que no propietario del Estado- no  debe ni puede tener atajos, porque los atajos pervierten la democracia en su propia esencia, y el daño causado puede dañar su credibilidad  durante años. Y, fíjese Sr. ministro,  que pronta repercusión ha tenido su  actuación de ayer,  que  algunos afines a sus intereses de partido, saltándose el rigor y el más elemental sentido democrático, le han faltado tiempo para alabar su actuación y al antifraude catalán, con el consiguiente desprestigio de los derechos inalienables a la intimidad de los  ciudadanos que, en un estado de derecho democrático, se suponen sagrados.

(*) _El “Watergate” fue un gran escándalo político(1973-1975 que tuvo lugar en Estados Unidos y  que se inició por  la revelación de actividades ilegales por parte de la administración republicana del presidente Richard Nixon durante la campaña electoral de 1972,  a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de encubrimiento de la administración Nixon de los responsables. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon  a colaborar en esta, condujo a una crisis institucional.
    _El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que se saldó con la dimisión de éste como Presidente de Estados Unidos en agosto de 1974. El escándalo salpicó a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas; muchas de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Nixon.