Las Brigadas Cívicas llegan al borde del colapso por un caso de “mala gestión”

El presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso, Abdelkamal Mohamed, visitó ayer las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social para negociar el pago fraccionado de la deuda que la entidad mantiene con ésta institución por los trabajadores de sus Brigadas Cívicas, que llevan “un par de meses” sin cobrar debido a que, al registrar deudas con la Administración General del Estado, la Intervención de la Ciudad Autónoma ha paralizado también el abono del 25% de la transferencia anual conveniada para el mantenimiento de ese servicio.Según explicó ayer el consejero de Hacienda y Recursos Humanos del Ejecutivo ceutí, Emilio Carreira, este tipo de decisiones no se adoptan por criterios “políticos” sino “técnicos”.
El presidente de  la Asociación de Vecinos reconoció la existencia de un problema de “mala gestión” que ha derivado en impagos a la Seguridad Social, primero, y en la congelación del 25% de la subvención municipal, después. Una vez “arreglada” una fórmula para solventar la deuda con la Tesorería, Mohamed acudirá “la próxima semana” al ‘Ceuta Center’ para desbloquear la transferencia que permita a los trabajadores volver a percibir sus sueldos. Según fuentes conocedoras de la situación de primera mano, la Asociación de Vecinos ha faltado “varios meses” al pago de las cotizaciones sociales por sus trabajadores. Además, se analiza cómo ha gestionado el embargo de parte de varias nóminas, cantidades que deberían haber revertido directamente en la Seguridad Social.
Los Presupuestos de la Ciudad Autónoma del ejercicio en curso comprometen a la Consejería de Medio Ambiente a destinar a la Asociación de Vecinos, que es la que emplea a las Brigadas Cívicas de la barriada, como la FPAV lo hace con las Verdes, 213.085 euros. Para el próximo año, el proyecto de cuentas públicas que ya ha sido aprobado inicialmente por el Pleno prevé destinar idéntica cantidad de dinero a sostener “11 puestos de trabajo” dedicados a la prestación de “servicios de concienciación ciudadana y colaboración con la Administración en asuntos de índole social” en la zona.