Las Brigadas Cívicas dicen que Ciudad y Asociación les han dejado desamparados

El conflicto  enquistado  en las Brigadas Cívicas del Príncipe Alfonso, cuyos componentes llevan sin cobrar desde julio de 2013, parece no tener una pronta solución. Tras la primera advertencia publicada en prensa por los afectados, llega una segunda marcada por las acusaciones directas al Gobierno pero, también, a la Asociación de Vecinos.

“A pesar de haber prestado nuestra máxima colaboración con la Ciudad, el Gobierno y la Asociación de Vecinos Príncipe Alfonso, nos dejan desamparados”, indican, destacando que los miembros de la ya extinta Brigada “no tienen responsabilidad alguna en los problemas burocráticos o administrativos relacionados con la justificación del Convenio que da pie a la existencia misma de este recurso comunitario”, explican. “A pesar de ello”, advierten, “hemos colaborado con los servicios de intervención de la Ciudad, con el propio Gobierno y la Asociación de Vecinos para encontrar una salida satisfactoria a ambas partes y que, en última instancia, la barriada del Príncipe no perdiera este recurso que ya cumple una década”.
El hecho es que hasta la fecha cualquier relación contractual con las Brigadas y la Ciudad es inexistente al faltar aún la justificación de pagos del pasado año.“Sin responsabilidad administrativa alguna, el Gobierno y la Asociación de Vecinos nos dejan desamparados sin cobrar los salarios atrasados y nos envían directamente al paro”, insisten los miembros de las Brigadas, que ponen sus cartas encima de la mesa aclarando que ellos nada tienen que ver en el descontrol que ha dado pie a la anulación del anterior convenio que posibilitaba el mantenimiento de estos trabajos. Las críticas son lanzadas con la misma carga contra la propia Asociación de Vecinos a la que acusan de no apoyarles.
“La Asociación, desde el momento en que estos trabajadores denunciamos la situación irregular del convenio, se ha desentendido completamente de la plantilla manteniendo una actitud ocultista, torpeadora y opaca con nuestro futuro, remitiéndonos al consejero de Servicios Comunitarios y barriadas, quien, idénticamente, ha desoído a estos trabajadores con el triste enlace que hoy denunciamos. Sospechamos que el Gobierno y la Asociación han llegado a algún tipo de pacto para tapar agujeros administrativos y otras responsabilidades susceptibles de desprenderse de todo este desaguisado, dejando fuera de juego a más 10 padres de familias”.
La consignación presupuestaria de este año ha quedado en el aire y se desconoce qué se va hacer con los más 213.000 euros destinados a nóminas y a implementar  el convenio, “una cantidad”, denuncian los afectados, “que en su debido momento denunciamos no debían caer en manos de la Asociación de Vecinos por su demostrada negligente forma de gestionar los recursos”, apuntillan.
Los afectados reclaman soluciones pero exigen también responsabilidades al Gobierno, “garante de legalidad de los convenios que suscribe” y, exigen a la Asociación de vecinos que, “en la medida a que se debe a la barriada, haga públicas las cuentas relativas al convenio” y explique “por qué destierran un recurso que lleva funcionando más de diez años”.