Estaba siendo juzgado minutos antes por la Operación Etxea, en la que se investigaba una red de tráfico de drogas con el uso de drones como medio de transporte ilícito, cuando al ser conducido a los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta decidió romper el mobiliario.
El apodado ‘Laika’ se tendrá que sentar en el banquillo, de nuevo, esta vez acusado de un delito de atentado y otro de daños, tal y como recoge el escrito al que ha tenido acceso este periódico.
Entre las 13:00 y las 17:00 horas del 8 de julio del pasado año, el acusado permanecía detenido en la comisaría situada en el Paseo de Colón, cuando, según el relato fiscal, actuó con la intención de menoscabar la autoridad y dañar bienes públicos.
En ese contexto, procedió a romper la cámara de vigilancia del calabozo en el que se encontraba, lo que motivó la intervención de agentes de la Policía Nacional, quienes le ordenaron cesar en su actitud y entregar efectos personales como cordones y un reloj.
Lejos de obedecer, el acusado reaccionó de forma hostil, agresiva y violenta, negándose reiteradamente a cumplir las órdenes y desafiando a los agentes con expresiones como: “si queréis el reloj y el cordón me lo tendréis que quitar a la fuerza”.
Ante su comportamiento rebelde y desafiante, los agentes se vieron obligados a reducirle empleando la fuerza mínima imprescindible, momento en el que el detenido intensificó su actitud violenta.
Durante la intervención, comenzó a dar patadas a las paredes del calabozo y golpeó repetidamente con la cabeza una puerta de madera de un almacén, provocando su fractura.
Además, profirió amenazas a los agentes, llegando a decir: “no sabéis con quién os estáis metiendo, venid a por mí y quitármela”, manteniendo en todo momento una conducta intimidatoria.
Tras el incidente inicial, el acusado fue trasladado al calabozo número 2, donde continuó con su conducta violenta y dañina.
En este segundo espacio, volvió a actuar contra el mobiliario, llegando a fracturar otra cámara de videovigilancia, mientras golpeaba rejas y paredes de forma reiterada.
Asimismo, continuó profiriendo insultos contra los agentes, manteniendo una actitud de constante enfrentamiento con la autoridad.
El perjudicado, en este caso la Dirección General de la Policía, ha manifestado su intención de reclamar los daños ocasionados.
Según la tasación pericial, los desperfectos ascienden a 544,71 euros por la puerta fracturada y 1.071,68 euros por las dos cámaras dañadas.
El importe total reclamado alcanza los 1.616,39 euros, cantidad que el acusado deberá indemnizar en concepto de responsabilidad civil, con los intereses correspondientes.
El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de 3 años de prisión por el delito de atentado, además de la correspondiente inhabilitación para el sufragio pasivo y el pago de las costas procesales.
Por el delito de daños, se interesa igualmente una pena de 3 años de prisión, junto a una multa de 24 meses con una cuota diaria de 12 euros, aplicándose responsabilidad subsidiaria en caso de impago.
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