La violencia de las palabras

• “Uno de los impresentables es el rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hásel, que ha publicado varios comentarios insultantes que han sido denunciados”

Ocurren hechos a los que no le damos la importancia que realmente tienen, porque los asumimos como anécdotas o tonterías puntuales, pero analizados con detenimiento podemos visualizar hacia dónde va una parte importante de nuestra sociedad. Pensar que lo que dice un personaje de escasa educación y funesto comportamiento no debe preocuparnos es un error, porque estos tipejos tienen miles de seguidores que pueden asumir que posicionarse con la violencia no tiene consecuencias penales.

Uno de los impresentables a los que me refería es el rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hásel, que el pasado 1 de julio público en Twitter - “muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara y sin haber sido carceleros torturadores”. Tiene otros tuits, uno de ellos reivindicándose como cantante, pero con la misma bajeza moral que el anterior: “Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos”. Las letras de sus canciones retratan al personaje condenado hace tres años por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por incitar al odio en sus canciones y enaltecer el terrorismo de ETA, los GRAPO y Terra Lliure.

El tuit sobre el secuestro de Jose Antonio Ortega Lara ha provocado que la Asociación Dignidad y Justicia presentara ante la Audiencia Nacional una denuncia por los presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas; algo normal, porque estas expresiones tienen un rechazo penal y es  un comentario público que se hace para mandar un pensamiento  con la mayor difusión posible.

Nada más conocerse la noticia no han faltado individuos que tratan de justificar el comentario como un ejercicio de la libertad de expresión, algo injustificable, porque la libertad de expresión no es un derecho ilimitado que legitime insultar e imputar delitos a ninguna persona y, en este caso en particular, un hombre que ha sufrido la violencia terrorista y el ser privado de libertad sin haber cometido ningún delito. Intentar vender que en España se utiliza el Código Penal para coartar la libertad de expresión no cuela a estas alturas de nuestra democracia. Cada uno se posiciona y defiende lo que le viene en gana, pero ese posicionamiento retrata a los que quieren justificar comportamientos y comentarios que alteran la convivencia pacífica. Pueden intentar mezclar este caso con la agresión a los guardias civiles de Alsasua para confundir a los ciudadanos, pero los españoles sabemos que los derechos fundamentales y la libertad de expresión están garantizados en nuestro país.

No hace falta decir que a los defensores del rapero se les ve el plumero democrático, porque cualquier ciudadano sin conocimiento jurídico sabe que decir “muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara y sin haber sido carceleros torturadores”, puede ser o no enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, pero sin lugar a dudas es un delito, porque la calumnia, la injuria y la imputación falsa de un delito está tipificado en el Código Penal. Defender estas expresiones y comportamientos no es precisamente una defensa  de los valores democráticos.

Decía el maestro y filósofo, Jiddu Krishnamurti, que “la violencia no es solo matar a otro. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda”. Esta es una de las razones para agradecer a la Asociación Dignidad y Justicia el esfuerzo, porque hacer oídos sordos a la violencia de las palabras no es el camino si queremos vivir en una sociedad libre y debemos esforzarnos para que los violentos no ocupen ningún espacio en nuestra sociedad.

Dicen que rectificar es de sabio, pero Pablo Rivadulla no es precisamente un sabio.