La violación, por Juan Luis Aróstegui

La sentencia judicial sobre la violación múltiple perpetrada contra una joven mujer por quienes se hacían llamar “la manada” ha provocado una convulsión social en nuestro país (y en nuestra Ciudad) de una magnitud desconocida.

El poder judicial, teórico garante de la defensa de los derechos ciudadanos (individuales y sociales), ha transmutado una evidente violación en un condescendiente abuso. La incomprensión y el estupor ante tamaña agresión al sentido común han generado una incontenible indignación expresada multitudinariamente por todos los medios posibles. La brecha entre la calle y las instituciones ha vuelto a quedar patente.

Sería un tremendo error analizar lo sucedido desde la perspectiva de la conducta individual de los jueces que han firmado la sentencia. Porque no es un hecho aislado. Es, probablemente, el más impactante (porque está grabado y tiene una mayor proyección mediática); pero la indulgencia de los tribunales con las agresiones sexuales está mucho más generalizada de que lo que se quiere reconocer.

Estamos (como suele ser habitual) ante un problema estructural de naturaleza social y por tanto política. El machismo (o patriarcado) está incrustado en el tuétano de nuestra sociedad hasta un grado que nos avergüenza cuando nos miramos descarnadamente al espejo, pero que de un modo u otro toleramos y sostenemos con nuestra actitud cotidiana. El tribunal en cuestión ha dictado, como (casi) siempre, una sentencia ideológica (de género), porque es la lógica del sistema la que opera e impera.

Este lamentable y dramático acontecimiento me inspira tres reflexiones. Una. Sobre la dimensión social de la violación. En lugar de hacerla personalmente, transcribo directamente lo escrito por la feminista Ana de Miguel: “La violencia contra las mujeres no es un problema personal entre agresor y víctima, sino una violencia estructural sobre el colectivo femenino.

La violencia tiene una función de refuerzo y reproducción del sistema de desigualdad sexual. La violación forma parte del proceso de intimidación masculina del que forman parte todas las mujeres, no sólo las que han sido violadas.

Mujeres que nunca han sido violadas muestran una ansiedad y miedos similares a las que sí lo han sido, y que para evitar la mera posibilidad tienen que aceptar limitar considerablemente su autonomía en el espacio público.

No salir de noche, ni por lugares solitarios, no volver tarde del trabajo, no abrir la puerta a desconocidos… son consejos y recomendaciones habituales para minimizar los riesgos de victimización. Pero hay otro que subyace a todos ellos: es posible que una mujer realice tranquilamente todas las actividades anteriores siempre y cuando esté acompañada de un varón.

El mensaje de la violencia latente contra las mujeres está muy claro: una mujer “sola” está en peligro. En una sociedad patriarcal la mujer que no pertenece a ningún varón en particular pertenece potencialmente a todos.

No se mantiene que todos los varones sean violadores en potencia, sino que la violación forma parte de un sistema del que no solo interesa conocer la figura del violador sino otros aspectos como son las respuestas judiciales y de la opinión pública. Y las sentencias, supuestamente dictadas por personas “normales”, tradicionalmente han culpabilizado a las víctimas. Y la opinión pública, compuesta también por mujeres, tradicionalmente ha trivializado la agresión y dudado de la falta real de consentimiento”.

Dos. La revolución feminista está en marcha. La explosión reivindicativa (revolucionaria) del pasado ocho de marzo fue tildada de histórica. La respuesta ante la infame sentencia es una prueba irrefutable de que no fue un episodio efímero. Estamos ante un auténtico cambio social de enorme envergadura. La lucha feminista, a veces ninguneada, parodiada, despreciada e incluso ridiculizada, ha logrado con tesón y mucho sacrificio penetrar en la conciencia del cuerpo social con la fuerza suficiente para hacerla irreversible.

Es la mejor conquista (acaso la única) de la humanidad una era funesta. Tres. El poder judicial está quebrado. El régimen alumbrado por la transición está afectado por una crisis estructural sin solución. Sólo la inercia, la compleja dificultad intrínseca a los cambios políticos sustanciales, y la fuerte resistencia del poder económico, están ralentizando lo que terminará siendo inevitable.

La monarquía está herida de muerte (un anacronismo ininteligible desde los principios democráticos que no resistiría un referéndum); el Gobierno (más allá de su ocupante coyuntural) es percibido como una palanca de corrupción y las Cortes Generales como una institución ajena al pueblo (“no nos representan” grita la juventud entre angustiada e indignada). Sin embargo, el poder judicial parecía estar a salvo. Todo el mundo repite como un axioma su “confianza en la justicia”, fundamentalmente por dos motivos.

Porque provoca un vértigo insoportable reconocer que vivimos sin la red de protección que proporciona la justicia; y también por un recóndito (subconsciente) temor a criticar a quien tiene la capacidad de restringir la libertad. Pero lo cierto es que el poder judicial, emanado del propio régimen del setenta y ocho, no es una excepción a su estado de total decrepitud.

Son demasiadas las pruebas y evidencias (muchas de ellas muy recientes) de que se ha alejado por completo de las aspiraciones de una sociedad nueva que quiere encarar el futuro desde una perspectiva diferente.

La imparcialidad de los jueces no sólo no es incompatible con la preservación de los valores democráticos y la sensibilidad de la sociedad a la que sirven, sino que debe su máximo valedor y principal baluarte. La justicia, como toda acción humana, está condicionada por la insoslayable subjetividad de quien la ejerce.

Escudarse en la literalidad de las leyes para declinar o desplazar responsabilidades es un simple ardid. El margen de interpretación (sea cual sea el texto legal) es siempre suficientemente amplio como para que sea la percepción del juez o la jueza quien, en definitiva, construya la “verdad judicial”. Por eso es una necesidad inaplazable la transformación radical del modelo y de la estructura vigente del poder judicial.