El embrión de la incrustación territorial de España como Estado es una razón de ser anclada en el siglo XVI con la unificación monárquica de la Corona de Aragón y la Corona de Castilla y la consecuente toma del Reino de Navarra. Argumentación preliminar que no pretende descifrar el umbral de las segmentaciones geográficas que concurrieron por aquel entonces en el espacio hispano. Si bien, es preciso recapitular de forma breve la organización territorial vigente al amparo de la tesis del Estado de las Autonomías.
De manera, que casi la totalidad de las Comunidades Autónomas que conforman la Nación Española han surgido y se han desarrollado al amparo de la Constitución de 1978.
Pero las reseñas que han quedado transcritas en las páginas de la historia de España, nos hablan de periodos singulares en determinados instantes, pero también de momentos demasiado escabrosos y sumamente complicados. Intervalos puntuales en el tiempo en los que numerosos territorios con señas y derechos conquistados, fueron ensamblándose al arquetipo de una España donde se apuntalaban aspiraciones comunes tanto políticas como culturales.
Contexto donde los que más y los que menos pretendían ahuyentar un posible allanamiento de la comarca que ocupaban o desenvolverse desde la justicia al amparo de la Soberanía Nacional.
Travesía de un largo itinerario de grandes voluntades y cumplimientos hasta alcanzarse aquella fecha del 31 de julio de 1981, tres años después del Referéndum de la Constitución antes referida.
Coyuntura con la que se ratificaba los Pactos Autonómicos por los que España quedaba vertebrada en diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas respectivamente. Aunque éstas últimas lo serían legalmente a partir del año 1995 tras serle otorgado dicho rango.
Dicotomía política y administrativa mediante la unidad que desde ese mismo instante pasaría a incumbir al pueblo español, con categorización jurídica constitucional estatal y provista de cierta autonomía legislativa con actores propios e idoneidades tanto ejecutivas como administrativas. Comunidades Autonómicas que quedaron finalmente satisfechas en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia y la Rioja, y las inconfundibles Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Organización territorial que fue implementándose en concordancia a los principios refundidos en el Título VIII de la Carta Magna, fundamentada en el Título Preliminar en su Artículo 2º sobre la Unidad de la Nación y el Derecho a la Autonomía.
Es precisamente en este punto donde pretendo hacer valer la tesis de la indisoluble unidad de España, como la declaración y garantía del derecho a la autonomía de las porciones territoriales que le atañen, que la enriquecen y sobre todo que le pertenecen. No pudiéndose establecer dicho rango en el momento que se difuminase o se escindiera alguna de sus legítimas partes y que reproduce íntegramente el mapa de España. Empeño que defiendo y anhelo consecuentemente tras sentirme interpelado, tratando de ser una rúbrica coincidente entre la salvaguarda de la herencia histórica de las numerosas tierras que cohabitan en España, y la riqueza de custodiar una ruta inseparable a partir de ese respeto común que postula la cimentación de una extensión libre y plural, moderada desde el sentido común y los intereses de todos.
Un modelo de este ideal es la Ciudad Autónoma de Ceuta, superficie hispana que me acogió al nacer y que fue esculpiéndome poco a poco hasta disponerme como uno de tantos y pasar a formar parte como ciudadano de pleno derecho.
Rincones de una tierra como Ceuta que ejemplifica modelos de convivencia al alinear aspectos culturales, éticos y sociológicos. Una población exquisita en sentimientos de pertenencia de entre las numerosas que posee España y que es depositaria del respeto mutuo al amparo de los valores recogidos en la Constitución.
Apartado resuelto en el artículo 137 de la Carta Magna que hace referencia a la disposición territorial de España, disponiendo que -el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan-. Sin obviar los -Principios de la Administración Territorial- asentados en las máximas de autonomía, participación democrática, autonomía financiera, solidaridad y de Estado unitario y de unidad económica. No quedando al margen de lo expuesto escenarios básicos como la progresión política y administrativa.
De ahí que entre en escena los fines por los que debió descentralizarse la organización jurisdiccional del Estado, tras votación mediante Referéndum de un sistema democrático. Interpretación que conlleva sopesar el engranaje de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como las concurrencias que tienen encomendadas del Estado Central.
Acoplamiento estructural interesado en ser asumido con buen temple, a pesar de las inestabilidades territoriales evidentes que imposibilitan el impulso integral esperado.
Cuestión que sin lugar a dudas es de valorar como lo confirman numerosos países, al observar a España como un ejemplo a seguir a la hora de operar con sus recursos naturales y sobre todo de poner en valor la importancia de su capital humano. Proyección que la lleva a alcanzar una organización equilibrada de las regiones que la conforma.
Y puntualizo en mayúsculas los territorios que se acomodan en sus relieves, porque España es a ciencia cierta única y exclusivamente España. No pudiendo ser otra si alguna de sus piezas territoriales quedase vaga y huérfana de sus fuentes originarias. Tampoco es menos cierto como reclaman algunas voces, que la idiosincrasia de las regiones de España entraña un tributo de independencia que reconozca al mismo tiempo a cada una de ellas, al tratar de disponer unilateralmente propósitos que conciernen al conjunto de la ciudadanía española.
Matiz en el que no cabría tal confusión, ya que la única Nación Soberana por excelencia como hemos refrendado por el sistema democrático es justamente la española. Así, nada ni nadie debería desacreditar el principio constitucional sobre el que se sustenta el proceder de la organización social, ya que la titularidad del poder le corresponde sin ningún tipo de pretextos al pueblo español. Sin embargo, a la sombra de esta realidad se suscitan pronunciamientos y exclamaciones por momentos fuera de tono, diseñados bajo la complicidad de impugnaciones sobre la horma del Estado Español o de su mecanismo territorial.
Discursos que ambicionan extirpar sin ningún tipo de complejos la Soberanía Nacional y con ello el acatamiento a la Ley. Mandato y regla imprescindible que es la fórmula por excelencia del sistema democrático que hilvana esa voluntad soberana.
Evidenciándose el fundamento de este artículo al describirse en sus términos absolutos, que España padece un desafío expreso contra su Unidad Territorial. Proposición que incuestionablemente daña la identidad de todos los ciudadanos como de su buen hacer organizativo.
Antítesis de un Estado que es destello de la Unidad de los demócratas y que apuesta dignamente por la protección de la vida y de la seguridad de la sociedad. Una Nación que es modelo de los derechos y de las libertades fundamentales.
Validez que encierra la Constitución Española de 1978, al legitimar el extenso patrimonio de derechos y libertades que nos hemos ganado a pulso tras largos periodos de coraje y firmeza. Como del mismo modo, señas de identidad que enriquece la pluralidad territorial y que se hacen imprescindibles para adquirir esa solidez y sociabilidad de una comunidad plenamente democrática.
Ciudadanos establecidos en cuales quiera de los puntos geográficos de la Península Ibérica, del archipiélago balear o canario o de sus enclaves geográficos del continente africano, emplazados a preservar la integridad territorial de todos. Haciendo oídos sordos a las alegaciones reivindicativas que pretenden hacer frente a las instituciones democráticas y fracturar con ello la Unidad Territorial. Hombres y mujeres bajo una misma Bandera que tienen como primer encargo la custodia y la defensa de la Soberanía Nacional y con ella la Unidad del conjunto de los españoles. Porque la Unidad Territorial de España no es negociable como tampoco es acertado tomarle el pulso. Certeza que salvaguarda del Artículo 1º de la Constitución en su Título Preliminar que reconoce la soberanía de España, al radicar ésta en el pueblo y concretarse en un Estado Social y Democrático de Derecho, que preserva a todas luces como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Ideales conjuntos de futuro de una sociedad como la española que ha ido pausadamente implementándose a lo largo de los siglos. Prescripción que no es una utopía y que hoy pasa por aquellas almas que deseen permanecer firmes en los valores democráticos y no posterguen de ninguna manera la reiterada Unidad Territorial. Dándole el valor que encarna lo que unidos hemos edificado a lo largo de la vida.
Luego entonces, ¿cómo no elogiar lo que otros ha conquistado en nuestro favor, donando incluso sus propias vidas y que nosotros hemos de apoyar y a su vez conservar? Un Estado en el que no cabe duda que su baluarte es sostenido con el símil constitucional que nos correspondemos, pero también desde esos criterios afines de entendimiento que nos hemos donado mutuamente y que nos consolida como ciudadanos comprometidos con los valores democráticos.
Por lo tanto, lo aquí expuesto e interpretado se ciñe evidentemente a la Unidad Territorial de España, componente exponencial que por excelencia pasa a ser el primero de sus valores al ser el alegato del resto.
Unidad Territorial que se convierte en la herencia común por añadidura, al ser la emanación sobre la que se fragua el mañana compartido. Unidad Territorial como denominador común en la que residimos y como impulso conjunto, la que nos otorga prosperar y cristalizar empeños transformados. Unidad Territorial que es el marco favorable en el que se hospeda la simetría de nuestras regiones y la llave maestra que nos abre paso al mundo en su plenitud. Pero no desestimemos que la Unidad Territorial de España no se compra ni se vende, porque ella misma es la que nos reclama la adhesión en ese empeño que por igual forjamos en la Carta Magna.
Y mientras permanezca voluntariamente la esencia soberana que todos hemos apoyado, así debe proseguir. Porque esta unidad singular y característica del pueblo español de sus territorios, es la que avala nada más y nada menos que la igualdad y la defensa de sus ciudadanos, al invocar de modo especial la tutela de los valores que la misma Constitución promulga.
Primicias que se hacen eficaces como la redundada Unidad Territorial, la Soberanía y la igualdad de todos, como el respeto inexorable por los principios del sistema democrático y la defensa de la legalidad. Valores que desde la conformidad de todos, nos ha llevado a proteger una lógica plenamente justificada como racional, que España es una superficie integrada por individuos libres e iguales en deberes y derechos que atesoran lo que aún muchos quisieran ganar: la libertad, la igualdad y la solidaridad.
Precisamente en ese respeto común a la pluralidad y singularidad de los territorios que la conforman, se establece su indisoluble unidad. Tesis que hoy por hoy se enjuicia al apelarse erradamente los límites de la Soberanía Nacional.
De ahí, que en ocasiones deberíamos hojear con meticulosidad lo sucedido en la historia de España, percatándonos de las numerosas piezas que conforman el puzle de una superficie que tuvo que adquirir la imperecedera responsabilidad de enarbolar la unificación territorial, para finalmente desembocar en el origen de la España palpitante que en nuestros días podemos habitar y ciertamente disfrutar.
Beneficio colectivo convertido en proyecto de unidad de los reinos peninsulares con el que se asentarían las bases de lo que es actualmente la arquitectura política de España. Cuestión que en el momento presente que vivimos sería preciso reflexionar. Porque sin este diseño no podríamos hacer uso de las múltiples diversidades y singularidades que han quedado esculpidas en sus ricas regiones. Complacencia visibilizada en la transmisión de una extensión en la que no caben fronteras.
Sin embargo, siglos más tarde se estima poner en cuestión la imperecedera Unidad Territorial de España, que tiempos atrás habían sido conquistados a base de sudor y sangre.
Pero por encima de lo razonado con el rigor que merece, no ha quedado postergado aquel trazado heredado de nuestros antepasados que vocacionalmente nos exhorta a no declinar y desfallecer ante una lógica social obrada por todos, como es la defensa a ultranza de la Unidad Territorial de España.