La Abogacía del Estado atribuye una estructura casi militar a los migrantes que intentan acceder a Ceuta o Melilla, según informes elaborados por la Guardia Civil
Las “mafias” dedicadas a la inmigración irregular que “organizan ataques masivos y violentos” a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla tienen, según los informes de la Guardia Civil que utiliza la Abogacía del Estado para defender la legalidad de las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad en esos vallados, una estructura muy definida que se extiende desde sus países origen hasta el entorno de las dos ciudades españolas.
“El estímulo de alcanzar el territorio Schengen se organiza mediante actividades en los países de origen donde se difunde información gráfica y oral sobre la posibilidad de tránsito y entrada ilegal de manera segura, sin referencia a los riesgos de viajar ni a la eventualidad de no poder culminar el intento”, apunta la Abogacía del Estado en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, en la que se refiere que las imágenes de los saltos en grupo de las vallas “y las noticias de prensa referidas a los que consiguen vulnerar el perímetro fronterizo” son utilizadas “con fines propagandísticos” para “demostrar que la entrada es factible”. Cada migrante abona “entre 5.000 y 10.000 euros” para intentar conseguir su propósito.
Cuando llegan a las puertas de Ceuta o Melilla se establecen “en grupos perfectamente diferenciados por nacionalidades” y se rigen por unas “normas y leyes internas aprobadas por los individuos que ostentan los estatus de ‘presidente’, ‘chairman’ y ‘primer ministro’, que son los individuos relevantes que toman las decisiones relacionadas con el resto del colectivo”.
Siempre de acuerdo con los informes de la Benemérita recogidos por la Abogacía del Estado, estos “se encuentran protegidos por un total de cinco ‘oficiales’ que son los encargados de transmitir las órdenes y hacer llegar las directrices impartidas por los dos primeros a través del tercero, además de llevar a cabo actuaciones de castigo sobre el resto de la comunidad”.
En el caso de Melilla y el monte Gurugú, la “primera norma” que tienen que cumplir todos los migrantes que quieran formar parte del grupo es pagar 200 dirhams. Cumplimentado ese paso ya es factible “unirse al grupo de inmigrantes que van a intentar vulnerar el perímetro fronterizo con el objeto de acceder de forma irregular al territorio nacional”.
Quienes no aceptan hacer esa contribución económica “no son admitidos en el grupo y no pueden disfrutar de la seguridad que proporciona serlo ni participar en los intentos de entrada, viéndose obligados a subsistir en una zona apartada del resto de la comunidad y a intentar la entrada irregular de forma individual”. ‘Presidente’ y ‘chairman’
En el Gurugú el ‘presidente’ es quien decide “el día concreto en que se va a materializar el ataque al perímetro fronterizo, la hora, el punto exacto y las medidas de seguridad a adoptar, todo ello en connivencia con el ‘chairman’, aunque en lo que se refiere al ataque, él tiene la última palabra”, retrata el Instituto Armado.
Antes de decidir el momento el líder “suele enviar a varios individuos subsaharianos, alguno de ellos uno de los cinco oficiales, que conocen perfectamente las distintas rutas a seguir, para que reconozcan el terreno y obtengan datos actualizados sobre los dispositivos de seguridad establecidos por las Fuerzas de Seguridad marroquíes y españolas.
El ‘chairman’, por su parte, es “la persona responsable de gobernar” al grupo de migrantes, quien cobra el ingreso e “imparte las normas y leyes internas”, así como el encargado de resolver conflictos internos.
Cuando el ‘presidente’ le comunica “el día exacto del ataque y la hora en la que el grupo va a iniciar el desplazamiento”, el ‘chairman’ imparte instrucciones a través del ‘primer oficial’ para que sus homólogos “levanten a todos los que se van a sumar y les intervengan los teléfonos móviles, los cuales serán devueltos en la zona próxima al perímetro fronterizo momentos previos al intento de salto”.
Las informaciones elaboradas por la Guardia Civil apuntan que, con parte del dinero recaudado por todos los inmigrantes, se compra algún animal “que se suele sacrificar para todo el grupo” aunque “la gran parte de ese dinero se lo reparten los individuos que componen la estructura de poder para costearse sus vicios”.
El ‘primer ministro’ es “la persona de confianza y mano derecha del ‘chairman’, de quien recibe directamente instrucciones para transmitirlas a los cinco ‘oficiales”, que hacen cumplir órdenes y proporcionan seguridad a sus superiores.
“Antes del ataque previo”, enumera la Abogacía del Estado, los líderes de los asentamientos “envían a individuos que realizan labores de vigilancia para determinar los puntos más vulnerables y descartar otros de difícil aproximación o muy vigilados”.
Una vez decidido “el lugar” y establecido “el momento propicio”, los líderes “alertan al resto para que se inicien los movimientos de aproximación”. En los “ataques” participan “todos los sujetos que se encuentren en el campamento con excepción de aquellos que se encuentren lesionados o castigados disciplinariamente.
Para la aproximación, cuando se trata de grupos numerosos, “los sujetos que realizan labores de guía se colocan petos reflectantes que sirven para que estos sean visibles por el resto de la masa”.
En caso de “ataques masivos, cercano o superior al millar, se suelen dividir en líneas de ataque para poder aproximarse más rápidamente al vallado”.
Además, “cuando existe óptima coordinación entre los distintos ‘presidentes’ y ‘chairman’ de los asentamientos y nacionalidades se suelen preparar ataques de forma simultánea en varios puntos distintos con la finalidad de sorprender a las Fuerzas de Seguridad marroquíes y españolas”.
Una vez desplazados desde el campamento hasta una zona cercana al vallado, los migrantes esperan que los jefes den “la orden de atacar”. “Llegado el momento son los ‘oficiales’ y guías los que movilizan al grupo, se colocan a la cabeza y les dirigen hasta el punto de ataque”, añaden los informes de la Guardia Civil, que apuntan que “al mismo tiempo les animan a que griten para intimidar a las fuerzas militares marroquíes”, sobre las que es “habitual” el lanzamiento de piedras, con lo que al carecer de medios antidisturbios en ocasiones “más de una vez sus efectivos han tenido que refugiarse en el interior del vallado para evitar ser agredidos por los migrantes”.
El texto afirma que “además de contar con piedras y palos, así como armas blancas, los migrantes prenden fuego sobre prendas de abrigo para atacar a la Guardia Civil, pretenden que las víctimas dejen de hacer su trabajo o que otros compañeros acudan en su auxilio para disminuir el total dedicado a labores de contención”. La valla, un limbo
La Abogacía del Estado defiende en su respuesta a alguna de las demandas que ha admitido a trámite el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de migrantes que han sido rechazados a Marruecos en el curso de algún intento de salto en grupo que “hasta el momento en que los asaltantes ilegales del vallado fronterizo han superado por sus propios medios dicho dispositivo las Fuerzas de Seguridad españolas carecen de potestades distintas de las indispensables para ejercer su exclusiva función de evitar la entrada ilegal”.
“Por ejemplo”, concreta, “mientras los asaltantes ilegales se encuentran sorteando alguna de las vallas se carece de potestad administrativa para, por ejemplo, sancionarles por la comisión de infracciones administrativas y tampoco se les podría tramitar una solicitud de entrada que formularan en el espacio existente entre vallas”.
“Los asaltantes ilegales de la valla, mientras se encuentran intentando culminar el asalto”, resume, “no están sometidos al ámbito de la jurisdicción española en lo que concierne a una solicitud de entrada, asilo o refugio”. El miedo a una crisis migratoria “de catastróficas consecuencias” La Abogacía del Estado considera que cualquier “legitimación” desde la Justicia comunitaria de “comportamientos ilegales” como el acceso irregular a España, “al considerar eventualmente vulneración de derechos humanos el mantenimiento de un sistema de protección de la frontera por los pasos no autorizados”, produciría un ‘efecto llamada’ que “generaría una crisis migratoria de catastróficas consecuencias precisamente para la protección de los Derechos Humanos”. A su juicio “los únicos beneficiados de semejante criterio interpretativo serían los traficantes mafiosos que organizan las redes de inmigración” y, en cambio, se pondría “en grave peligro tanto el disfrute de los derechos humanos por los ciudadanos de la UE como los derechos humanos de los inmigrantes con grandes beneficios para las mafias”.