La Revista Española de Cardiología publicará “próximamente” un estudio titulado ‘Tendencias de mortalidad de la Diabetes mellitus en España’ en el que las ciudades autónomas aparecen como las regiones con una tasa de mortalidad estandarizada por cada cien mil habitantes que apenas ha mejorado durante el periodo 1998-2013, pasando de 63,5 a 58,1 casos mientras que la media nacional ha evolucionado de 31,4 a 20,7, con lo que la ratio local casi triplica la estatal.
El exceso de mortalidad se concentrab hace veinte años sobre todo en las provincias del sur y el sureste peninsulares, las provincias insulares y las ciudades autónomas.
Durante el periodo analizado ese desigual reparto norte-sur “desaparece” debido a una notable reducción de la mortalidad por Diabetes mellitus en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en las zonas con mayor mortalidad previa. La “excepción” en esa tendencia son las provincias del archipiélago canario, Ceuta y Melilla, cuyas tasas “permanecen prácticamente invariables desde 1998”.
Según José Manuel Cabezas, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Santiagopara explicarlo “son varios los factores que hay que analizar”, entre otros algunos como los distintos hábitos de vida saludables o la diferente carga genética de la población canaria, factor que también puede señalarse para Ceuta y Melilla, con un elevado porcentaje de población de origen magrebí”.
La suspensión del expediente sobre el campamento, en estudio
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Ceuta sigue esperando un informe jurídico que aclare si debe suspender o no la tramitación del expediente que abrió hace ya más de cuatro meses para dirimir la posible necesidad de exigir responsabilidades por el desarrollo del campamento para niños diabéticos del otoño pasado, en el que las familias de los menores asistentes denunciaron actuaciones negligentes.
Una vez que ha comenzado la instrucción de una causa penal sobre el mismo asunto la Ciudad Autónoma se ha enfrentado a la duda de si debe paralizar su expediente hasta que concluya la vía judicial o si puede seguir avanzando en sus propias diligencias.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha asegurado que, si no hay obligación jurídica, la Administración continuará su trabajo.
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