La investigación judicial y policial saca a la luz una auténtica farsa en la política de adjudicación y entrega de las casas al menos desde el año 2013, afectando no solo al proceso pretendido con las 317 sino también a la lista de las 170 VPO. Se funcionó así hasta que a López lo apartan
Testigos protegidos, intervenciones telefónicas, amenazas de muerte, seguimientos... y en la clave del ‘caso Emvicesa’ un único objetivo: desenmascarar la política de vivienda desempeñada en la ciudad al menos desde el año 2013, ante la presunción de la existencia de irregularidades en los procesos de adjudicación de las casas de promoción pública que se iban ofertando. Tras decretarse el levantamiento del secreto de sumario el pasado viernes, se van conociendo datos relevantes en torno a una investigación judicial y policial que deja casi 40 investigados y un puñado de personas que no ha terminado con esta consideración pero cuyos pasos siguen controlados de cerca por si, en los avances que todavía se esperan, surgieran novedades que los implicaran.
Según el TSJA los delitos investigados son prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal, blanqueo y tráfico de influencias. Cuando termine la investigación se determinará si todos esos delitos investigados se han podido sustentar en una acusación y cuántos de los ahora implicados en la causa terminan como procesados. De todo ese ramillete de delitos investigados el que aflora como germen de todos, a ojos de la magistrada que ha dirigido el caso, es el de prevaricación porque sin él no podían haberse derivado el resto. Esto es, en plan doméstico, similar a un árbol, en el que la raíz es la prevaricación y de su existencia se derivaría la posibilidad de incurrir en otras prácticas delictivas hasta dar forma a una presunta organización criminal que había convertido la adjudicación de viviendas en un procedimiento irregular, permitido como tal y transformado en un negocio para unos pocos.
El ‘caso Emvicesa’ se inició porque el Gobierno denunció en los juzgados a Antonio López, convertido ahora en el presunto cabecilla de toda la trama investigada. La denuncia se refería en exclusiva a las 317 VPO de Loma Colmenar, pero las indagaciones protegidas durante casi dos años por el secreto de sumario llevaron a un origen anterior: la promoción de las 170. Es ahí donde nace la clave de todo lo que ahora ha estallado en la bautizada como operación ‘Ghost’, ya que se considera que aquel proceso fue irregular desde el principio hasta el final, ausente de todo control, hasta el punto de que las casas entregadas habrían sido, en su amplia mayoría, sometidas a una entrega “ilegal” e “ilícita” al no prevalecer la transparencia debida en todo procedimiento. Esa lista, supuestamente falseada desde el principio hasta el final, logró ser aprobada. Adjudicaciones singulares, compromisos, listados que no se hacían públicos... y una rumorología en la calle que ya avanzaba lo que ahora parece quedar evidenciado judicialmente. Hubo entrega de llaves y firma de contratos sin los listados aprobados. Hubo compromisos que no pudieron cumplirse y que, supuestamente, iban a ser satisfechos en las 317, de ahí la elaboración de la famosa ‘lista fantasma’ en la que la Policía habría cotejado al detalle las coincidencias entre identidades, compromisos e incluso supuestos pagos de hasta 12.000 euros por la obtención de una de esas viviendas.
El ‘caso Emvicesa’ ha terminado por judicializar una época de la política de vivienda en nuestra ciudad, quizá lo que ahora están haciendo los tribunales es reflejar en miles de folios y un buen puñado de tomos lo que se rumoreaba en la calle pero nunca se investigaba porque faltaba lo básico: una denuncia. Y ahora no es que haya habido una denuncia, sino que están lloviendo testimonios de personas que han declarado en sede policial y judicial haber pagado un dinero por obtener ese beneficio. Un beneficio que, supuestamente, se encargaba de satisfacer esa red piramidal dirigida presuntamente por Antonio López, apoyado en sus intermediarios, en sus captadores, en sus colaboradores a través de algunos funcionarios de Emvicesa y a sabiendas de que en la Comisión Local de la Vivienda no se tenía el control debido y exigido, lo que le permitiría seguir desarrollando esas actuaciones hasta que le sobrevino el anuncio de su cese político y se desencadenó toda la maquinaría judicial y policial. Es decir, antes del operativo, pervivía una auténtica farsa presuntamente dirigida por el exgerente Antonio López y que, a ojos de la investigación judicial y policial, se habría permitido por la falta de control y rigor de la Comisión Local de la Vivienda, cuyos componentes se encuentran en calidad de investigados y sometidos a este proceso, acusados de una presunta prevaricación por cuanto al tratarse de funcionarios públicos se les presumía un control que evitara la existencia de los demás delitos, adoleciendo por tanto a ojos de la investigación de una falta de rigor en el respeto y cumplimiento de normas como el propio reglamento de la vivienda, debido a la corroboración de actitudes como la aprobación de listas sin verlas o sin comprobarlas detenidamente, así como la selección de adjudicatarios sin hacer una baremación adecuada o el inicio de convocatorias sin tan siquiera tener claro el procedimiento de adjudicación que se iba a seguir, amén de existir contratos antes siquiera de las reuniones.
La lealtad a López de los trabajadores investigados Los trabajadores de Emvicesa que fueron detenidos por la Policía Nacional y quedaron después en libertad con cargos demostraban una sumisión absoluta a las órdenes de López, por eso en sus investigaciones la Policía los sitúa como parte fundamental en ese entramado que supuestamente tenía montado el exgerente, ya que con su colaboración se permitía el cumplimiento de los distintos compromisos. Esa entrega llega al punto de que estando cesado Antonio López siguieron cumpliendo sus órdenes, a pesar de que la propia Susana Román les había encomendado lo contrario, procediendo a llamar a personas para que acudieron a Emvicesa a por las llaves y a firmar los contratos.
Pagos de dinero por obtener casas Se tiene constancia de la existencia de pagos para la obtención de viviendas. Estas personas son partícipes de un cohecho y contactaban como si fueran clientes con la red de captadores que, según aprecia la magistrada, podrían constituir toda una organización criminal al servicio ilícito.
Investigaciones del patrimonio Al margen de este proceso judicial pero intimamente ligado a él existe la investigación que se ordenó a la Agencia Tributaria para conocer las cuentas y movimientos de dinero de López, así como buscar explicaciones a, por ejemplo, la extracción de 50.000 euros o el nivel de vida llevado.
Amenazas de muerte, exigencias de devolución del dinero entregado, nerviosismo... y actuación policial Cuando Antonio López es apartado de las filas del PP y por tanto del Gobierno se termina todo el funcionamiento de la maquinaria que está siendo investigada judicialmente. Es entonces cuando asoma el nerviosismo y se empiezan a producir las exigencias de devolución de las partidas entregadas a la red. Hay amenazas de muerte, advertencias de palizas, agresiones que nunca pudieron confirmarse... los nervios llevan a estos extremos y esos nervios son los que hacen aflorar una investigación policial que trabaja sobre intervenciones telefónicas y que permite conocer las exigencias de devoluciones de montantes económicos, las amenazas de aquellos que al ver que no habían obtenido la casa quieren que se les haga entrega de las partidas. Todas estas indagaciones policiales son investigadas por su señoría.
Secreto, defensa y conclusiones La investigación sigue su curso, lo que pasa que ahora las Defensas podrán acceder a los tomos y conocer qué hay en contra de sus clientes. Después Fiscalía tendrá que hacer su calificación, ver qué delitos existen y conocerse en última instancia los procesados. Queda por saber las conclusiones de los registros efectuados.