La subvención sin justificar a la AVV del Príncipe Alfonso se reduce a 30.000 euros

• Intervención está visando las facturas presentadas para rebajar el montante pendiente, 330.000 con sanción incluida

El conflicto generado por la falta de justificación de decenas de miles de euros transferidos desde la Ciudad Autónoma a la Asociación de Vecinos (AVV) de Príncipe Alfonso cuando esta todavía gestionaba las Brigadas Cívicas camina hacia una solución satisfactoria o, cuando menos, no tan gravosa para la Junta Directiva de Abdelkamal Mohamed.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo local a ‘El Faro’, el ‘agujero’ llegó a sumar casi 330.000 euros, 180.000 euros de subvención no justificada y 140.000 de sanciones acumuladas. “Actualmente es el Área de Intervención la que está analizando el expediente para informar al respecto sobre las facturas que ha aportado la asociación, que dejarían el importe pendiente de acreditar en unos 30.000 euros”, han detallado fuentes gubernamentales.

Este encauzamiento del problema se vería facilitado por parte de la Ciudad Autónoma con la cancelación de las sanciones impuestas.

El Tribunal de Cuentas (TCu) tampoco ha perdido de vista las “incidencias” detectadas en las ayudas directas reguladas en el convenio de colaboración suscrito el 1 de marzo de 2013 con la AVV del Príncipe Alfonso para “el desarrollo de actividades sociales” a través de las Brigadas Cívicas.

Ese ejercicio, la Ciudad concedió una subvención de 213.000 euros a la entidad vecinal para la contratación de “una serie de personas” a las que se encomendaba “el desarrollo de actividades cívico-sociales con la finalidad de fomentar la concordia en la barriada”. En el Convenio suscrito por la Administración, sin embargo, “no se recogió el número de componentes que debían formar parte de la Brigada, ni se determinaron los criterios objetivos y el proceso de selección de las personas contratadas”, ahora en las Brigadas Verdes casi en su totalidad.

Según la documentación aportada, se suscribieron diez contratos laborales correspondientes a cada uno de los miembros, si bien en un caso no se pudo acreditar la formalización de dicha relación laboral.

• Expediente de reintegro parcial de 181.000 euros

En la comprobación de la cuenta justificativa del dinero transferido hace cuatro años a la asociación vecinal para las Brigadas Cívicas se detectó "la existencia de gastos de personal no justificados", para los que, a la finalización de la fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2013, "no se tenía constancia del inicio del correspondiente procedimiento de reintegro". El Gobierno local incoó en marzo del año pasado un expediente "de reintegro parcial” de 181.000 euros.

• Ninguna cantidad devuelta en fase de pago voluntario

El Gobierno de Ceuta inició el 17 de marzo del año pasado un expediente “de reintegro parcial de la subvención percibida y no justificada por un importe de 181.000 euros” por la subvención sin acreditar a la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso. Una semana después se le notificó al presidente vecinal, Abdelkamal Mohamed, que no presentó alegaciones. En mayo se le comunicó nuevamente una Resolución definitiva "relativa al reintegro de la cantidad antes señalada, no habiéndose presentado tampoco recurso potestativo o de reposición”. El 26 de mayo se inició expediente sancionador "por la falta de justificación de la subvención recibida en 2013”.

A la finalización de la última fiscalización del TCu publicada, la del ejercicio natural de 2014, no se había devuelto “cantidad alguna” en fase de pago voluntario.

La Brigadas Cívicas implosionaron públicamente hace casi cuatro años, cuando el Gobierno de Vivas apeló a reparos “técnicos” para justificar el retraso que acumulaba la renovación del Convenio.

A los pocos días los trabajadores exigieron dejar de depender de la Asociación de Vecinos y cobrar sus retribuciones asegurando no haber cobrado desde julio de 2013 y en marzo de 2015 el Ejecutivo acordó integrar a esos operarios en las Brigadas Verdes que gestiona la FPAV.