En la historia de la eterna lucha que mantiene la empresa Hoarce para defender, sencillamente, lo que es suyo, ayer se escribió otro nuevo episodio. La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), encargada de desarrollar las obras de movimiento de tierras de la futura cárcel, enviaba una carta oficial a la empresa Hoarce instándole a permitirle trabajar en unos terrenos que, dicen, son ya de propiedad estatal cuando, a fecha de hoy, la empresa ceutí no ha percibido pago alguno. El tono utilizado en la misiva que obra en poder de este medio es de todo menos cortés, al apostillar que, de no poder ocupar el terreno “nos veremos obligados a solicitar la asistencia de las fuerzas de seguridad del Estado para llevar a cabo la ocupación”, apostilla, rememorando épocas en las que el Estado hacía uso de su propia Policía política para arremeter contra el ciudadano.
En la carta oficial se indica que Hoarce “impide la entrada” a una parcela que, consideran, es de propiedad estatal. “El Estado es dueño de los terrenos”, indica, aludiendo al acta de ocupación firmada el 13 de octubre de 2009, y “por lo tanto, cuando usted impide la entrada a esta parte de la parcela está impidiendo al Estado la entrada a su propiedad y obstaculizando la realización de las obras correspondientes, lo que podría ocasionar costes adicionales considerables”, señala.
De lo que no habla en su carta la SIEP es de la falta de autoridad para ocupar una zona que todavía no ha sido abonada a Hoarce que, horas después de recibir esta advertencia sui generis, puso en manos de su abogado la oportuna respuesta.
La empresa recuerda no sólo que todavía está pendiente de notificarse el acta de aprecio sino también que la administración no ha pagado ni un solo euro de lo que dice ser de su propiedad. El perjuicio del que hace mención la SIEP es, en este caso, extrapolable al que padece la empresa de áridos que tiene a 52 trabajadores a su cargo. “No se trata”, recuerda la empresa, “de impedir ni obstaculizar nada. Es posible que ustedes con el uso de la fuerza pública se hagan con aquello que no han pagado, pero comprenderá, que no es lo normal ni lo legal”, recuerda.
Tras este cruce de cartas la SIEP no ha llevado a cabo, de momento, su advertencia para continuar con las actuaciones de construcción de una cárcel que ahora atraviesa su fase más compleja, la ligada a la liberación de tierras. La callada por respuesta De las cuantiosas alegaciones presentadas por Hoarce no ha recibido contestación alguna por parte de la administración que le da la callada por respuesta. La empresa ceutí propuso un plan alternativo de construcción de la cárcel que variaba, respecto al que se quiere ejecutar, en un simple giro. Aquella propuesta no obtuvo respuesta alguna de la administración. Era una de las primeras alegaciones que se presentaban a un proyecto sin que ninguna de ellas haya sido atendida. La de Hoarce ha pasado a convertirse en la lucha entre David y Goliat, topándose ahora con una situación en la que ni recibe el dinero comprometido en octubre de 2009 ni se le considera dueña de su propio terreno.