“Con la sede del Banco de España se optimiza el funcionamiento de la Justicia”

• El titular del departamento habla con El Faro sobre los problemas informáticos que se detectan en la Administración judicial

• Defiende las medidas en la lucha contra la corrupción

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha estado estos días en primera línea de los medios de comunicación como consecuencia de los ataques recibidos en el Parlamento por parte de los partidos de la oposición. Mañana estará en Ceuta y en esta entrevista nos habla de las Jornadas Jurídicas, de las sedes judiciales en Ceuta, de la necesidad de fiscales, de las comisiones rogatorias con Marruecos o de los problemas informáticos. Pero también de su situación en el Parlamento o de la lucha contra la corrupción.

-¿Qué supone la participación en las Jornadas Jurídicas?

-Es una satisfacción inaugurar mañana este foro tan prestigioso en mi primera visita como ministro de Justicia a la ciudad autónoma. Dos días que van a congregar en Ceuta a destacados juristas y expertos en torno a temas que interesan y preocupan a todos como la custodia compartida, la trata de seres humanos, los derechos de los consumidores o el papel del Ministerio Fiscal como director de la investigación penal. Por cierto, una de las medidas más importantes en una reforma del proceso penal que deberíamos impulsar entre todos. Estoy convencido de que la ocasión será propicia para el debate y la reflexión acerca de estas grandes cuestiones.

-¿Contará alguna vez Ceuta con una única sede judicial?

-El objetivo fundamental es mejorar el servicio al ciudadano y en esta ocasión es necesario destacar que cuanto antes concluyan las obras en el antiguo Banco de España para su conversión en una nueva sede judicial de Ceuta, antes se prestará un mejor servicio a los ceutíes. Una obra a la que el presupuesto del Ministerio de Justicia para 2017 va a dedicar 1,2 millones de euros, y que me consta, fue declarada de utilidad pública por el Gobierno de Ceuta en mayo de 2016, lo que demuestra la importancia que va a tener esta nueva sede.

-¿La conversión de las instalaciones del antiguo Banco de España en segunda sede judicial, mejorará la Administración de Justicia en Ceuta?

-En la actualidad en Ceuta hay cinco sedes judiciales diferentes dispersas en el casco urbano. Con esta solución se da respuesta a los problemas de dispersión y a los de gastos de arrendamiento. Así, se contribuye a rehabilitar un bien inmueble titularidad de la Administración General del Estado que había quedado sin uso, con lo que ello supone en la mejora de la trama urbana del centro de la ciudad. Al mismo tiempo, se optimiza el funcionamiento de la Administración de Justicia, tanto para el personal a su servicio, como para los propios ciudadanos, que podrán realizar sus trámites de forma más sencilla en un mismo inmueble.

-¿Se prevé una mejora en las plantillas? Sobre todo en Fiscalía existen quejas de falta de personal.

-Están en tramitación parlamentaria los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que no han podido tramitarse antes por la situación política de bloqueo vivida en 2016. En ellos está previsto que el Ministerio de Justicia incorpore 100 nuevos jueces y fiscales y 3.000 plazas para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia. Es demasiado pronto, con una tramitación parlamentaria que todavía está en marcha, para conocer qué dotación se podría destinar a Ceuta, pero pronto lo podremos ver.

Respecto a Ceuta, actualmente cuenta con 1 fiscal jefe de área, 4 fiscales y 2 abogados fiscales. Asimismo, a la par que ocurre con Melilla, ambas plantillas cuentan con abogados fiscales sustitutos en el caso en que se necesite acudir a esta figura por razones excepcionales de servicio.

-Hay muchas quejas por los fallos en los distintos sistemas de comunicaciones que durante los últimos años se han puesto en marcha para mejorar la propia Administración de Justicia en Ceuta. ¿Está previsto tomar medidas?

-Hemos de tener en cuenta la singularidad de Ceuta, cuya competencia en gestión de recursos materiales y humanos, igual que la de Melilla, corresponde al Ministerio de Justicia, mientras que la de las instancias judiciales superiores pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía.

Esta singularidad hace que en Ceuta, como en Melilla, se opere con el sistema de gestión procesal Minerva, mientras que en Andalucía se opera con el Adriano, lo que implica que, cuando el procedimiento tiene que salir de la ciudad autónoma para elevarse ante la Audiencia Provincial de Cádiz, debe interactuar con un sistema de justicia digital distinto. Es por ello que hay que trabajar en la mejora de la interoperabilidad entre diferentes sistemas.

Para el Ministerio de Justicia ese trabajo es una prioridad y por ello se está lanzando una experiencia piloto para permitir el intercambio de procedimientos y de información judicial entre ambos sistemas de gestión procesal. Los órganos propuestos en este piloto serían el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, con la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga).

Una vez finalice el piloto, se podrá empezar a trabajar gradualmente con las comunidades autónomas que lo deseen, facilitando la resolución de los actuales problemas de interoperabilidad y permitiendo el intercambio electrónico de datos, documentos y procedimientos judiciales entre los diferentes sistemas de gestión procesal.

Ahora bien, como es conocido, el objetivo final debe pasar por un sistema de gestión procesal común. Esa es la verdadera apuesta que está haciendo el Ministerio de Justicia y que verdaderamente supondrá la interoperabilidad definitiva.

-En muchos delitos que se cometen en Ceuta, se solicitan comisiones rogatorias a Marruecos, que nunca ha contestado a las mismas. ¿Es posible que haya una mayor colaboración para estos temas?

-La colaboración con Marruecos es permanente y de gran calidad y se produce tanto en el día a día mediante comunicación directa entre los Ministerios de Justicia de ambos países, como a través de los respectivos magistrados de enlace marroquí y español destacados en ambas capitales.

Además, existen sendas comisiones mixtas de cooperación jurídica civil y penal formadas por expertos, que se reúnen periódicamente y evalúan los distintos problemas que se puedan plantear. La última de estas comisiones se reunió en Madrid en diciembre de 2015 y está previsto que próximamente se produzca una nueva convocatoria.

Asimismo, los ministros de Justicia nos reunimos con regularidad. Tuve la ocasión de hacerlo con el anterior titular de Justicia de Marruecos, Mustafa Ramid, con ocasión de la Reunión de Alto Nivel entre ambos países celebrada en el Palacio de la Moncloa  en junio de 2015. Y el próximo mes de junio me desplazaré a Rabat para reunirme con mi homólogo marroquí recién nombrado, Mohamed Aujjar, siendo el primer ministro de la UE que lo hará.

-Le acaban de reprobar en el Congreso de los Diputados. ¿Tiene la conciencia totalmente tranquila?

-Los responsables públicos asumimos la crítica y la presión de nuestros adversarios políticos como algo inherente al cargo y a la responsabilidad que desempeñamos. En mi caso lo asumo con la tranquilidad que da una actuación libre de toda sospecha y con el respaldo del Presidente del Gobierno, que es quien confió en mí para estar al frente del Ministerio de Justicia, en donde voy a seguir trabajando con ilusión y energía para seguir garantizando una Justicia independiente, una Fiscalía autónoma y al servicio de los ciudadanos. No obstante, créame si le digo que la responsabilidad de que confíen en uno para gestionar políticas que mejoren la vida de los ciudadanos supera con creces cualquier sinsabor derivado de la actividad política. Pero en ocasiones se hace daño, no ya a mi persona sino a instituciones fundamentales de nuestra democracia, cuando se vierten sospechas infundadas sobre su trabajo. En lo que respecta a mi actuación como ministro de Justicia, le aseguro que tengo la conciencia tranquila y cuento con el respaldo del Gobierno y del Presidente. Seguiremos haciendo bien las cosas, como hasta ahora.

-¿La oposición tiene una campaña de acoso y derribo contra usted?

-Como he dicho anteriormente, entiendo la crítica parlamentaria. Es verdad que hay formas que no comparto, porque únicamente entiendo el debate de las ideas desde el respeto al adversario. La sensación que queda es que en este momento político no importa la verdad, sino que lo que interesa es hacer ruido, generar humo, decir que pasan cosas que no suceden. Yo por mi parte, seguiré ejerciendo mi responsabilidad como ministro ante el Parlamento y ante los ciudadanos dando las explicaciones que se me sigan exigiendo, como he hecho en las tres ocasiones en las que he comparecido ante la Comisión de Justicia, tanto a petición propia como cuando se me ha solicitado por los diferentes grupos. Quienes nos dedicamos a gestionar los recursos públicos, estamos obligados a practicar la transparencia y la rendición de cuentas y eso es lo que estamos haciendo.

-Durante la pasada legislatura, el Gobierno puso en marcha un conjunto de leyes para la lucha contra la corrupción. ¿Ha sido reconocido este esfuerzo?

-El ciudadano quiere ver hechos y soluciones. Por eso nunca estaremos conformes, ni serán suficientes los esfuerzos para combatir esta lacra que nos indigna a todos y que tiene consecuencias tan graves como una pérdida de confianza en las instituciones o una merma de la fortaleza de la economía de un país. Pero es un hecho que, gracias a la voluntad de este Gobierno, contamos ahora con más instrumentos para combatir la corrupción de los que teníamos antes. Hemos reformado la normativa de financiación de los partidos políticos para hacerla más exigente y transparente, hemos endurecido el castigo a las prácticas corruptas en el ámbito público y privado a través de la reforma del Código Penal y hemos dotado a España de una Ley de Transparencia. Además contamos hoy con una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procedentes del delito, para que se devuelva hasta el último euro robado.

-¿Prevé nuevas medidas en este tema que tanto preocupa a los españoles?

-En España, los casos de corrupción se denuncian, se persiguen y se castigan, pero podemos hacer más por estrechar el cerco de la corrupción y por intensificar los mecanismos para eliminar cualquier resquicio de impunidad. Por ejemplo, mejorando el sistema de protección del denunciante de corrupción, regulando los lobbies, revisando los aforamientos o blindando desde la ley una práctica que este Gobierno lleva a rajatabla, como es la concesión de indultos a condenados por corrupción.

-¿Comparte las palabras del Presidente del Gobierno cuando dice que la mejor demostración de la lucha contra la corrupción es que nos encontramos en la etapa donde más casos se están viendo en los tribunales?

-Las investigaciones que están en marcha o el hecho de que quienes cometen un delito estén en prisión es la constatación de que las instituciones y nuestro Estado de Derecho funcionan y es la demostración de que, cada día, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía hacen su trabajo y de que los jueces se dedican a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero insisto en que es un esfuerzo que debemos seguir manteniendo, como de hecho venimos haciendo en los últimos años con iniciativas legales, actuaciones organizativas y refuerzos de las plantillas de jueces y fiscales para agilizar la actuación de la Justicia en la lucha contra el delito y la corrupción.

Como decía antes, este año crearemos 100 nuevas plazas de jueces y fiscales y seguiremos dotando de medios a la Fiscalía Anticorrupción. Desde 2013 hemos incrementado su número de fiscales un cuarenta por ciento y vamos a consolidar las plazas que se encuentran ahora en comisión de servicio para dar estabilidad profesional a su plantilla.

Una experiencia de numerosos cargos públicos

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985. Ha ocupado distintos cargos en la Administración General del Estado, el último como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda desde enero de 2012. Entre el resto de sus responsabilidades públicas destacan las siguientes: Subdirector General de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad (1988-1992), Director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de AENA (1992-1996), Director General de la Función Pública (1996-1999), Director General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (1999-2000), Subsecretario de Hacienda (2000-2002) y Secretario de Estado de Justicia (2002-2004),