De las formas de gobernar que hemos tenido en 22 años de gobierno socialista, resumida por la frase de Carmen Calvo, ministra del PSOE, “el dinero público no es de nadie”, parece haber quedado la idea subyacente de que los servicios públicos son gratuitos. Nada más lejos de la realidad para la mayoría de los ciudadanos, si bien es cierto, que algunos ciudadanos gozan de la gratuidad atendiendo a su condición socio-económica… o a la picaresca.
Los conservadores pensamos que el dinero público tiene el dueño más celoso que existe, el contribuyente.
Ahora bien, la titularidad y su uso legítimo han sido expropiados de forma coactiva por el Estado mediante el uso de la ley, y es el Gobierno quien a través del Estado gestiona los presupuestos necesarios para dar sostenibilidad a un supuesto “estado de bienestar”. Aquí está el problema y la solución a todos los grandes males que sacuden a nuestra administración pública.
Hemos llegado a una concepción injusta de “estado de bienestar español”, en el que premia la igualdad y no la igualdad de oportunidades.
Hay que recordar que todos somos iguales ante la ley, no por ley. La solidaridad es espontánea o no lo es, decretarla es aniquilarla. Y la ley nos obliga con impuestos nórdicos a salarios sudamericanos, a sufragar, con más frecuencia de la deseada, servicios africanos, constituyendo con esto un verdadero calvario para el bolsillo de los contribuyentes.
En los últimos 10 años, la provisión de servicios públicos creció con entusiasmo por la burbuja crediticia y gracias a unos ingresos coyunturales que se creyeron permanentes e indefinidos. España soporta una de las administraciones públicas más mastodónticas de Europa con más de 3 millones largos de trabajadores públicos y medio millón de cargos políticos, el mayor número por habitante de toda democracia. Ahora, la crisis ha destapado la realidad, no hay suficientes ingresos, no volverán, y es necesaria la reforma de los servicios públicos.
Hasta la fecha, la revisión en profundidad de un “estado de bienestar” que lo haga justo, no lo ha propuesto ningún partido político. Todas las medidas hasta ahora tomadas van encaminadas a mantener, cueste lo que cueste, la provisión pública de servicios y lo hacen bajo dos modelos, uno el del PSOE e IU que apuestan por subir más los impuestos, y otro el del Partido Popular que propone combinar subidas fiscales con fórmulas de pago para racionalizar el gasto, desincentivando el abuso sobre ciertos servicios.
Ningún país ha creado riqueza por sacrificios públicos al bien común, sino por la actitud emprendedora y productiva de hombres y mujeres libres que siguieron sus propios intereses personales y ambicionaron la creación de sus propias fortunas personales. Cuando la administración pública gasta un solo euro más, es porque el contribuyente tendrá que pagarlo y lo gasta de menos, impidiéndole generar riquezas con él.
Si verdaderamente estuviésemos interesados en acabar con el paro, la pobreza, la marginación social, etcétera, aprobaríamos los replanteamientos estructurales de la administración pública que están realizando los populares, recordando que gratis, en esta vida, solo lo mejor.