La reforma de las administraciones públicas

El Gobierno pone en marcha la reforma de la Administración Pública que España necesita. La situación económica y la sociedad demandan una reforma estructural en nuestra Administración Pública: estatal, autonómica y local. Es necesario ajustar la Administración Pública desde todos sus niveles para seguir avanzando en la línea de la estabilidad presupuestaria. Los ciudadanos demandan un cambio de mentalidad: han caído los ingresos y hay que adecuar el funcionamiento de la Administración a esa disminución. La reforma necesita hacerse bajo el marco de la Constitución y mediante un gran pacto de Estado con todas las Administraciones, con el liderazgo del Gobierno.
El Gobierno ya ha dado el primer paso con la constitución de una Comisión para auditar el funcionamiento de las Administraciones. Esta Comisión es el resultado de uno de los compromisos que se alcanzaron en la Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado 2 de octubre. Se trata de la reforma más importante del Gobierno: es la primera vez en treinta años que se pone en marcha una reforma de estas características.
La reforma de las Administraciones Públicas debe realizarse en cuatro ejes: 1. Ejemplaridad: reducción de cargos públicos y personal de confianza. 2. Racionalización: eliminación de órganos duplicados y reducción del sector. 3. Clarificación de las competencias: una administración, una competencia. 4. Eficiencia: Satisfacer las necesidades de los ciudadanos al menor coste posible.
El Partido Popular está abierto al diálogo con el principal partido de la oposición y, a nivel institucional, con todas las CCAA, municipios y provincias. Además, el Gobierno abrirá una web para que la Comisión de Reforma de la Administración reciba y escuche todas las ideas y propuestas de los ciudadanos. Éste es un tema complejo, que afecta a todos, por lo que es necesario que todos vayamos de la mano.
Las comunidades autónomas siguen la senda del Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit. Las comunidades autónomas cerraron el tercer trimestre con un déficit del 0,93% del PIB, compatible con el cumplimiento del objetivo del 1,5% a fin de año.
El conjunto de las comunidades autónomas acumularon un déficit de 9.790 millones de euros, claramente inferior al 2,2% del PIB registrado en 2011, donde el déficit alcanzó los 23.399 millones de euros al cierre del tercer trimestre. En términos homogéneos, es decir, descontado el efecto de los adelantos de las entregas a cuenta por importe de 2.188 millones de euros, el déficit fue de 11.978 millones de euros, el 1,14% del PIB.
Estas cifras reflejan el enorme esfuerzo de ajuste que están haciendo los gobiernos autonómicos, en la línea con el del Gobierno. Los esfuerzos son generalizados y las autonomías están logrando ajustar sus cuentas.
Las comunidades autónomas están en el buen camino, pero no han cumplido aún con el objetivo. Las cifras de déficit hasta septiembre sólo demuestran que las comunidades autónomas están en disposición de cumplir con sus objetivos, no que los hayan cumplido ya. Por ello, el Ministerio de Hacienda enviará un requerimiento individualizado a cada una de las comunidades autónomas en el que se les pedirá que se ciñan al Plan Económico Financiero, teniendo en cuenta la situación en que se encuentra cada una.
La regularización fiscal permite que rentas que permanecían ocultas durante el Gobierno socialista salgan a la luz: 12.000 millones de euros.
La Declaración Tributaria Especial permitirá a partir de ahora que un importante volumen de activos y bienes que durante años han estado ocultos, pasen a tributar en los próximos ejercicios. Esta medida servirá para generar ingresos tributarios continuados en el futuro y supondrá una inyección de liquidez en la economía española.
El plan de lucha contra el fraude fiscal del Gobierno es el más ambicioso de las últimas décadas. Por primera vez en España, se ha limitado el pago en efectivo a 2.500 euros. Se han incrementado las inspecciones un 10%.
El control de las declaraciones de IVA ha aumentado más de un 47%. Se ha hecho un control exhaustivo de las cuentas en el extranjero: se ha requerido información de 142 sociedades y 239 personas físicas. Se ha modificado el Código Penal endureciendo el delito fiscal. Hasta el mes de octubre, la Agencia Tributaria ha ingresado 9.246 millones:1.300 millones más, un 17% de incremento, que en el mismo periodo del pasado año.
La diferencia con la amnistía fiscal del Partido Socialista Obrero Español es que se regularizaba el dinero mediante la compra de deuda pública, sin pagar impuestos.
La destrucción de empleo se contiene un 40%. En noviembre se registraron en los servicios públicos de empleo 36.313 trabajadores. La cifra de destrucción de empleo es un 40% inferior a noviembre del pasado año.
Se trata del quinto mes consecutivo en el que la destrucción de empleo se ralentiza. Estos datos no son positivos, pero ya se encadenan cinco meses en los que el ritmo de destrucción de empleo ha descendido respecto a 2011. Desde mayo, la destrucción de empleo en dato interanual se ha desacelerado
A esa cifra hay que añadir los 37.938 trabajadores no profesionales que en el Gobierno socialista no computaban como desempleados.
Se trata de un efecto puntual provocada por la extinción de convenios especiales obligatorios de Seguridad Social para cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.
Crece un diecinueve por ciento el número de contratos indefinidos confirmando el cambio de tendencia positivo iniciado el anterior mes de octubre.