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Caballas interpeló sobre las gestiones tras la aprobación de este acuerdo por la Asamblea
El Congreso de los Diputados será el encargado de tramitar el acuerdo plenario aprobado en su día por la Asamblea autonómica de llevar a cabo un procedimiento unificado para la recuperación de los apellidos de los españoles musulmanes afincados en nuestra ciudad.
En el pleno celebrado en la jornada de ayer, el diputado de Caballas, Mohamed Alí, interpeló al Ejecutivo sobre las gestiones que habían realizado a lo largo de los últimos meses, desde que en febrero se aprobó por parte del plenario.
La contestación fue realizada por la consejera de Hacienda, Economía, Administración Pública y Empleo, Susana Román, quien indicó que durante estos meses se ha tenido un Gobierno en funciones y, por tanto, con importantes dificultades a la hora de tomar decisiones ejecutivas. Los contactos por parte del Gobierno fueron con los parlamentarios nacionales y la idea que este punto pueda ser abordado dentro de la Comisión de Justicia del Congreso de los Dipiutados. Es más, adelantó la también portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea que la presidenta de la citada comisión es la diputada por Melilla y que, entonces, podrían tener alguna ventaja a la hora de acelerar la tramitación y que la misma se encuentre encima.
Volvió a contestar el mismo Alí, indicando que entendía que durante estos meses se podía haber hecho algo más, pero que estarían atentos a las novedades que se produjera en los próximos meses para solucionar lo que consideran un hecho de discriminación hacia los musulmanes ceutíes.
La Asamblea lo que acordó en su día fue instar al Ministerio de Justicia a que se modifique el reglamento que regula el derecho del cambio de apellidos, una medida “necesaria”, según Caballas, que debe conformar un procedimiento administrativo que unifique los criterios para todos los interesados.
El mismo Juan Luis Aróstegui defendió que los apellidos son “una de las principales señas de identidad” de cualquier persona y que en Ceuta “fueron mutiladas miles de personas” al reemplazarse el nombre de familia por los nombres de pila del padre y el abuelo.
El grupo parlamentario que propuso la medida aseguró que no se trata de “un problema menor” y que, por ello “no se puede ni se debe desatender”.
“Es un hecho objetivo que supone una injusticia colectiva que, además, no obedece a causas sobrevenidas ni imprevistas sino que es el fruto de una decisión administrativa y la Administración tiene contraída una deuda de dignidad con todas estas personas y hay que saldarla”, explicó el portavoz de Caballas, que ahondó en el tema y aseguró que “es una causa que no es ni personal ni colectiva de los afectados sino en la que toda la ciudadanía debe verse fuertemente implicada y corresponsabilizada”.
