La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en manos del Organismo Autónomo Servicios Tributarios (OAST) la recaudación en vía ejecutiva de los 181.000 euros que la Asociación de Vecinos (AVV) del Príncipe Alfonso no justificó del convenio que rubricó en 2013 para el sostenimiento de las Brigadas Cívicas, objetivo para el que recibió 213.000 euros ese ejercicio, según han informado fuentes del Ejecutivo local.
El presidente de la entidad vecinal, Abdelkamil Mohamed, con el que este periódico ha intentado contactar en repetidas ocasiones sin éxito, no formuló alegaciones o recursos ni al Decreto firmado el pasado 17 de marzo por el consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, para incoar expediente de reintegro parcial de la subvención percibida, por un lado; ni a la Resolución definitiva del 6 de mayo relativa al reintegro de la cantidad antes señalada, por otro.
Finalmente, el 26 de mayo el mismo departamento inició un expediente sancionador a la citada asociación por la falta de justificación de la subvención recibida en 2013.
En el convenio de 2013 no se recogió el número de componentes que debían formar parte de la Brigada ni se determinaron los criterios objetivos y el proceso de selección de las personas contratadas. Según la documentación aportada, se firmaron diez contratos laborales correspondientes a cada uno de los miembros de las Brigadas Cívicas [solo nueve han terminado en las Brigadas Verdes, tal y como consta en el último convenio de estas últimas entre ciudad y FPAV], si bien en un caso no se pudo acreditar la formalización de su contrato laboral, según el Tribunal de Cuentas.
La actuación del Ejecutivo local marcha con bastante retraso. En la comprobación de la cuenta justificativa efectuada por la Intervención de la Ciudad en mayo de 2014 se detectó la existencia de “gastos de personal no justificados” por un importe de 113.000 euros y se solicitó a la Consejería concedente la apertura del correspondiente expediente de reintegro.
La Asociación de Vecinos devolvió en junio de 2014 los 1.000 y 13.000 euros sobre cuya justificación también puso “reparos” la Intervención a la hora de fiscalizar los gastos realizados en los ejercicios 2011 y 2012.
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