La privatización no es la solución

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios”. El artículo 43 de nuestra Constitución así lo proclama, pero, en estos momentos, hay más que dudas razonables de que, si no ahora, en un corto periodo de tiempo no será así. ¿Qué está pasando en nuestro país para que empiecen a ser cosa del pasado los principios de universalidad, equidad, solidaridad y gratuidad en los que se basa la Ley General de Sanidad, de 1986? Sencillamente, el poder económico, el nuevo capitalismo financiero, está apostando muy fuerte por hacerse con los beneficios económicos que genera su gestión.
Los grupos económicos de inversión, los reguladores de los mercados, las grandes entidades financieras... ellos son los que después de provocar la última gran crisis económica mundial, en 2007, saben muy bien que, en la actual situación que vive nuestro país, el negocio ya no está en el ladrillo ni en la producción de bienes sino en conseguir una de las “joyas de la corona” del sector público, como es la sanidad.
Con este objetivo lanzaron hace ya tiempo una ofensiva en toda regla, con la inestimable colaboración de parte del poder político y mediático, para generalizar entre la opinión pública la idea fundamental de que nuestro sistema nacional de salud es insostenible, resultando absolutamente necesario poner en marcha nuevas formas de gestión, fundamentalmente, la mal llamada externalización de servicios.
Las consecuencias, en su opinión, mayor eficiencia en la gestión a menor coste y misma calidad en la atención. La realidad, que se la pregunten, por ejemplo, a los usuarios y profesionales del Sistema Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, privatizado ya a partir de finales de los años 80. Precariedad laboral, contratos-basura, continuos casos de desatención con los consiguientes riegos para la salud de los usuarios... son los efectos reales de una gestión basada únicamente en criterios de rentabilidad económica. Lo primero es ganar dinero, y lo segundo, sino lo tercero o cuarto es cuidar a las personas. Si bien es perfectamente asumible y hasta necesario que exista, como ha venido sucediendo en nuestro país, un cierto grado de colaboración público-privada en el ámbito sanitario, controlada por la Administración y basada en criterios éticos y de igualdad, es absolutamente rechazable que, poco a poco y sin marcha atrás, la gestión privada vaya ocupando el lugar de la pública. Si no queremos que finalmente los poderes económicos acaben con los avances sociales que a lo largo de los últimos 50 años se han ido cimentando en nuestro país, debemos reaccionar y hacerlo ya. ¿Realmente podemos hacer algo frente a poderes ante los que los propios gobiernos rinden servidumbre y pleitesía?
Estamos convencidos de que aún se pueden cambiar las cosas si conseguimos dejar de lado el individualismo y personalismo que, lamentablemente, caracteriza nuestra sociedad, y defendemos todos juntos un modelo de desarrollo para nuestro país en el que se siga priorizando la inversión pública y el gasto social para generar empleo y dotar de una mayor calidad de vida a todos los ciudadanos, a través de los servicios básicos, como la sanidad, que se merecen. No podemos permitir que la codicia de unos pocos acabe con la prosperidad y bienestar de la mayoría. Está en nuestra mano que los derechos y principios universales que consagramos en nuestros textos normativos básicos no acaben siendo meras palabras bonitas sobre un papel.