La privatización de los servicios públicos

Es un viejo debate de la teoría económica. Desde que Adam Smith nos hablara de la “mano invisible” y de las propiedades casi balsámicas de los mercados,  hasta que los economistas neoliberales de la escuela de Chicago, con el fallecido Friedman a la cabeza, decretaran la “muerte al  Estado” y a todos sus servicios públicos, el mundo económico ha caminado hacia la privatización de toda actividad pública. Aeropuertos, hospitales, carreteras, transporte sanitario, vías marítimas, comunicaciones, sistema postal, banca pública….Incluso la seguridad ciudadana y los ejércitos están cada vez más privatizados. Nada ha escapado a las garras del capital. Lo más grave ha sido que estas recetas se han aplicado, por igual, a todo tipo de actividades y países, sin pararse a pensar en las peculiaridades de cada uno.
Las razones teóricas que se esgrimen, por supuesto acompañadas de complejos modelos econométricos generales, siempre se sustentan en la supuesta eficacia económica superior de la gestión privada frente a la pública. Los verdaderos motivos que se esconden tras estas decisiones, en la mayoría de los casos, son la codicia humana. El interés por lucrarse, también, con aquello que debe estar, exclusivamente, al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, ya Keynes, o economistas más recientes, como Krugman, Stiglitz o Amartya Sen, por citar sólo algunos, nos alertan del error que supone dejar en manos privadas el control de toda la actividad económica. Al contrario que las matemáticas, la ciencia económica no puede reducirse a teoremas y teorías estadísticas. Han de tenerse en cuenta los principios éticos y los intereses sociales que hay detrás de cada decisión. El reparto de los bienes escasos se puede hacer de muchas formas. Pero dejar que lo controle, exclusivamente, el que sólo busca su interés particular es, como mínimo, una temeridad.
En Ceuta estamos bien experimentados en estos temas, a propósito de la línea de interés público del Estrecho. Una conexión vital para los que aquí vivimos y trabajamos. Pero un motivo de negocio y suculentas ganancias para las navieras privadas, a costa de una clientela cautiva que no puede hacer otra cosa. Los que diseñaron su privatización no tuvieron en cuenta el peligro de que la competencia se convirtiera en oligopolio. Finalmente así ha ocurrido. Pero también pasa en otros sectores. Es el caso del transporte sanitario. De dicho servicio depende la salud de cientos de personas, e incluso la vida, pues en no pocas ocasiones, la asistencia sanitaria especializada ha de ser prestada en otras ciudades.
El Servicio Nacional de Salud está obligado a proporcionar el transporte sanitario a todos los usuarios con derecho a la asistencia sanitaria pública. Lo hace, normalmente, a través de empresas privadas. En Ceuta también. Pero lo que en otras ciudades puede ser una situación normal, aquí puede llegar a complicarse extraordinariamente como consecuencia de nuestros problemas de aislamiento. Un incremento inesperado de servicios no programados.
Una gestión inadecuada. Una avería de más vehículos de los previstos. Cualquier eventualidad puede ocasionar un problema grave, que puede llegar a ser de orden público. Es un error de libro privatizar servicios esenciales en lugares en los que no hay variedad de oferta. Finalmente se acaba estando en manos de empresas privadas que al saberse imprescindibles, se permiten actuaciones de gestión arriesgadas y dudosas. Es lo que casi está ocurriendo en la actualidad. La plantilla de la empresa de ambulancias de Ceuta lleva varios meses con problemas de cobro de la nómina. Trabajadores sin otros recursos. Con cargas familiares importantes. Deudas hipotecarias, o de otro tipo. Compromisos que no pueden eludir.
En varias ocasiones han amenazado con una huelga. Pero sabedores de la grave responsabilidad que ello conlleva frente a los usuarios, enfermos y personas humildes que carecen de recursos económicos para desplazarse con sus propios medios, han frenado la acción. Ahora las condiciones son ya insostenibles. Al parecer, la totalidad de certificaciones que ha de percibir la empresa por sus servicios, se encuentran embargadas. La situación financiera de la compañía es grave, aunque no es nueva. La vienen soportando los trabajadores desde hace bastante tiempo, y las Administraciones Públicas, que han acudido más de una vez en su ayuda permitiéndoles aplazamientos de deuda, que lejos de solucionar la situación, la han empeorado.  
Por tanto, la solución es urgente. Lo primero es que los trabajadores cobren sus salarios inmediatamente. Quien debe de abonarlos es el Instituto de Gestión Sanitaria. Ya habrá tiempo de reclamar responsabilidades. Así se evitaría, posiblemente, un mal mayor. Y sobre todo una situación dramática e insostenible para más de cuarenta familias. Lo segundo sería pactar una solución a medio y largo plazo estable. Bajo mi punto de vista, una de ellas, posiblemente la mejor y más eficaz, visto lo visto, sería asumir directamente la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre por parte de la Administración. Ya lo hicieron con el Hospital de la Cruz Roja. No soy yo el único que piensa en esta solución. Hay más, aunque no lo expresen públicamente.
Si se hiciera, igual nos llevábamos una agradable sorpresa, pues este caso y situación, es el claro ejemplo de por qué los organismos públicos, en determinadas ocasiones, han de volver a hacerse cargo de los servicios previamente privatizados.