El desempleo en España ha superado su máximo histórico. Ya tenemos al 25% de la población activa en paro. Y a más del 50% de la población activa menor de 25 años también. En Ceuta llegamos casi al 40%. Lo más grave y preocupante es que, según los datos publicados, más de 1,7 millones de hogares tienen a todos sus miembros desempleados. Es decir, que a algunos no les queda, ni siquiera, la solidaridad familiar, que es algo que históricamente ha solucionado muchos problemas en nuestro país. No porque lo diga el Código Civil. Al contrario. El Código Civil lo contempla porque España ha sido, tradicionalmente, un país solidario. Casi siempre las leyes vienen a regular lo que la gente ya aplica.
No sé qué más tiene que pasar para que los dueños de Europa se enteren de que con esta política restrictiva vamos al desastre. Nosotros y los demás. Ha sido suficiente un leve mensaje del italiano Mario Draghi y del Presidente francés, Hollande, para que la prima de riesgo baje casi 100 puntos. Esta es la prueba de que en ocasiones son necesarias medidas de emergencia. A veces me da la impresión que los pobres de Europa caminan lentamente al precipicio, llevados por los mismos que, como se puede ver en los documentales históricos de la segunda guerra mundial, condujeron al pueblo judío, a los homosexuales, a los gitanos, comunistas…y a todos los que no eran “perfectos” como ellos, a las cámaras de gas. Ahora es el hambre y la desesperanza lo que acaba con los ciudadanos.
Hace unos meses tuve que asistir jurídicamente a un buen amigo. Su pequeño negocio se estaba hundiendo en la miseria como consecuencia de la impericia de un arrendatario inexperto e irresponsable. Fueron necesarias algunas acciones judiciales arriesgadas para recuperarlo. Cuando lo consiguió, ya no le quedaba efectivo ni para pagar el recibo de la luz. Pero la Compañía le amenazaba con cortar el suministro si no abonaba lo que debía el anterior inquilino. Esto era la muerte por inanición. Pero los bancos no le daban más crédito. Yo sabía que mi amigo era un buen trabajador. Y que en el momento en que se recuperara liquidaría sus deudas. Pero las entidades financieras no entendían nada de esto. Tampoco la Compañía eléctrica. Ni la Telefónica. Tuvimos que ayudar “in extremis” a nuestro amigo entre unos cuantos. Hoy día su negocio se desenvuelve con holgura. Y su esposa nos prepara riquísimos platos a los comensales. Da trabajo a varios empleados. Mi amigo ha vuelto a vivir con ilusión.
En estos días previos a las vacaciones, he tenido que volver a asistir jurídicamente de urgencia a varias personas. En un caso se trata de un joven desempleado, al que la oficina de empleo le ha suspendido la precaria prestación de desempleo (menos de 700 euros), a causa de no haber acudido al requerimiento efectuado para tener una reunión de posible empleo. El caso es que la oficina ha tenido un error en la comunicación, al no haber anotado correctamente la dirección de esta persona. Posiblemente sea un error del mismo desempleado. Pero no se han parado a ver el error. Le han cortado la prestación y le han dado un plazo de reclamación. Lógicamente, si este joven no contara con la ayuda de los padres, este mes no tendría dinero ni para comer.
El otro caso es más grave. Se trata de un familiar directo, pequeño empresario, que en ocasiones ha dado empleo a más de diez trabajadores. El negocio le iba bien y había liquidado todas sus deudas. Pero cometió un error. Se embarcó en la compra de unas naves industriales, con la loable intención de que en el futuro sus hijos tuvieran algo que heredar. Su negocio era suficientemente rentable para garantizar esta compra. Pero el banco le exigió más. Avaló la compra con su vivienda familiar. Hoy día está embargado por el banco, por la Seguridad Social y por Hacienda. Tuvo una mala racha y, finalmente, pierde hasta su casa. No hay otra solución que intentar la dación en pago de su vivienda y que el banco, acogiéndose al Código de Buenas Prácticas, le adjudique la vivienda en alquiler, a un precio razonable. El resto de entidades, ya veremos lo que hacen. Por lo pronto, en Seguridad Social intentaremos un aplazamiento de pago de sus deudas, para así conseguir que no se le deniegue una pensión por los más de cuarenta años cotizados. Pero la cuestión es difícil.
En ocasiones son necesarias las medidas de urgencia. No tendría sentido que a un enfermo de infarto, en lugar de asistirlo para salvarle la vida, nos dedicáramos a recordarle todos sus excesos. Es lo que está ocurriendo en la actualidad. Las instituciones europeas saben que somos un país que responde de sus compromisos. Pero lo que hacen es apretarnos más y más. Quizás la palabra solidaridad se ha borrado de los códigos que construyeron la unidad en Europa para ser sustituida por la de usura.