El control de propiedades de la Ciudad se realizará a través de vigilancia privada
La Policía Local sigue avanzando poco a poco en la reestructuración que pondrá en marcha cuando la misma sea estudiada a partir del informe que entregue en su momento el superintendente de Cuerpo, Sebastián Vega Murcia. Sin embargo, hay determinados aspectos que son lógicos y que se incluirán de manera segura en la mencionada reestructuración y es la fórmula de intentar recuperar por encima de todo al mayor número de agentes para que presten servicios.
Tengamos en cuenta que están partiendo con un déficit de algo más de 30 agentes que se han ido jubilando a lo largo de los últimos años y cuyas plazas no han sido respuestas dentro de la política establecida por el equipo de Gobierno de sufragar en la medida cualquier posible gasto en materia de personal para mantener el resto de puestos de trabajo estructural de la plantilla de funcionarios.
El objetivo que se ha marcado el Ejecutivo del presidente Vivas es llegar al final de la presente legislatura con esas 30 plazas ya convocadas. De momento, hay 9 que todavía están pendientes de fijar exámenes y luego las que se pacten entre Gobierno y sindicatos para el presente año.
Por ello, mientras que se consigue alcanzar nuevamente esa cifra de policías locales se va a intentar por parte de la Consejería de Gobernación recuperar a agentes que ahora mismo están prestando sus servicios en determinados edificios que son propiedad de la Ciudad Autónoma. Con ese sistema la idea es, al menos, contar con un grupo entre 10 y 15 policías locales. Son agentes que están prestando servicios de vigilancia, por ejemplo, en el Palacio municipal o en edificios dependientes de la Consejería de Sanidad, Asuntos Sociales, Menores e Igualdad. Los mismos serían sustituidos por seguridad privada, que como es lógico es un servicio que tendría un coste, no en vano debería licitarse la prestación de esta vigilancia concreta.
Ello se uniría dentro de la reestructuración con la decisión ya adoptada de que se ofrecerá a un grupo de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) para prestar servicio en la zona de la frontera y sus aledaños que incluiría no solamente los polígonos del Tarajal, sino también la N-352, Loma Colmenar, Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe. Es lo que ha venido comentando el propio consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, en el sentido de que desde que se hizo la última reestructuración del Cuerpo han nacido nuevos focos de necesidad de actuación para la Policía Local y que deben ser atendidos de manera permanente.