La Policía investiga el cobro de hasta 10.000 euros por las VPO

La Policía Nacional mantiene abiertas dos investigaciones en paralelo en torno a la presunta corrupción que rodea la adjudicación de viviendas tipo VPO. La última, la emprendida a raíz del escándalo surgido por la publicación de una ‘lista fantasma’ que llevó a la Ciudad a denunciar al exviceconsejero Antonio López, no ha dado aún avances significativos más allá de los rumores y acusaciones que no se han plasmado en una denuncia formal.

Pero hay otra sobre la que la Policía Nacional llevaba tiempo trabajando que sí ha dado ya sus frutos. Al menos, a corto plazo.
Según han confirmado fuentes policiales y judiciales a El Faro, los grupos de investigación de la Policía Nacional han procedido ya a la detención y puesta a disposición judicial de al menos una persona por su presunta relación con las exigencias de cantidades de dinero que oscilaban entre los 8.000 y los 10.000 euros para la supuesta adjudicación de VPO. Además la Policía tiene identificadas a seis personas más relacionadas con esta trama.
Una trama que se sustenta en el elevado número de personas que figuran como demandantes de una casa de protección oficial. Los participantes en estas corruptelas se dedicaban a exigir esas cantidades de dinero (mayores o menores según los casos) prometiendo a cambio tener la suficiente influencia como para facilitar la adjudicación de una vivienda.
Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, esta investigación, que todavía sigue operativa y se encuentra judicializada, marcha en paralelo a la que también se está llevando a cabo tras el escándalo de Loma Colmenar pero desplegándose por caminos distintos.
En el caso de marras, la investigación policial comenzó a a raíz de unas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía en el marco de otras investigaciones que estaban llevando a cabo por asuntos vinculados con la seguridad ciudadana. De dichas conversaciones se supo de la existencia de personas que se estaban dedicando a exigir dinero a otras personas prometiéndoles a cambio la supuesta adjudicación de una vivienda de protección oficial.
A raíz de dichas intervenciones la Policía inició sus investigaciones que han llevado a la detención de, al menos, una persona el pasado julio, así como a la identificación de media docena de individuos que tendrían relación con estos hechos. Fuentes policiales confirman que se sigue trabajando en este asunto aunque, de momento, no se ha llegado a la matriz de esta trama, que no es otra que saber para quién o quiénes trabajaban estas personas (lo que supondría el reconocimiento de un autor intelectual de peso con capacidad para satisfacer esa extorsión) o si, por contra, actuaban de esta manera bajo una autonomía propia engañando a los extorsionados al no disponer de ese enlace para hacer fructificar la promesa.
En torno a esta investigación la Policía se está encontrando trabas importantes a la hora de disponer de testimonios de peso debido a las amenazas y presiones que se estarían produciendo sobre personas que podrían declarar sobre cómo pudieron llevar a cabo esos supuestos pagos.
Las investigaciones siguen su curso, cada una en su ámbito aunque, eso sí, reactivadas notablemente después de conocerse el escándalo de las 317 VPO de Loma Colmenar.

“La sospecha de la corrupción cobra carta de naturaleza”

Caballas fue la primera formación que advirtió de la existencia de investigaciones abiertas en torno a la adjudicación de viviendas. El propio Juan Luis Aróstegui reconocía en una entrevista con Cope-Ceuta que “la sospecha de corrupción latente en la ciudad en la adjudicación de viviendas cobra carta de naturaleza” ya que “hay pruebas a través de la Policía, que están en el juzgado y que son indicios fuertes de que ha habido un cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de viviendas aunque no se puede identificar quiénes son las personas que se han beneficiado de ellos. Esa sombra de sospecha existe y el Ayuntamiento tomó una decisión correcta de sanear de una vez por todas todo lo que tiene que ver con la política de vivienda y en concreto con los procesos de adjudicación”, resalta el número 2 de Caballas. “Esta es una cuestión, pero cuando ésta parece la dirección correcta se cruza en el camino un hecho un tanto sorprendente para todos porque se publica una adjudicación que nadie ha sido capaz de justificar,  sin documentos que la avalen y aparece exclusivamente en el medio de comunicación que sirve de interlocutor con la persona que estaba al frente de esto y que supuestamente es la que estaba elaborando la lista o la ha facilitado”, añadió en referencia a la figura de López. “Esto origina un conflicto social y político porque hay personas que se sienten con derecho de ser adjudicataria. Caballas ha tenido posición clara. Si estas personas creen que tienen un derecho deben hacer valerlo en un juzgado y es una iniciativa que nadie puede discutir y que el juez tiene que terminar por decidir”, justificó.
“Políticamente debe hacerse un proceso de adjudicación que no existía, es una parte fundamental. No es que se anule un procedimiento y se inicie otro. Se inicia porque no había una adjudicación y ésto López lo explica diciendo que hizo lo que venía haciendo tradicionalmente”, sentenció.

El dilema de su señoría

C.E. ceuta
La magistrada del juzgado de instrucción número 1 tendrá que decidir si ordena la suspensión del sorteo de las 317 viviendas de Loma Colmenar, convirtiendo en orden judicial la decisión que, por prudencia, adoptaba Emvicesa en la tarde del pasado martes. Fuentes judiciales consultadas por este periódico apuntan a que su señoría va a adoptar esta medida que, de hecho, ha sido solicitada en tiempo y forma por la Defensa de 80 afectados por la ‘lista fantasma’ que representa el abogado Jorge Gil Pacheco. Que lo haga supondrá la suspensión de cualquier actuación en torno a las viviendas hasta que termine este proceso.
Sin que todavía se conozca la decisión de la magistrada, en la mañana de ayer el Gobierno se apresuró a confirmar la información que ya publicaba El Faro: se pospone la celebración del sorteo hasta nueva fecha. Decisión que, dice, se adoptó tras la petición, por parte del Juzgado, de un informe sobre los criterios aprobados en el actual proceso de adjudicación, que sigue vigente. De hecho la Ciudad ya ha recibido su primer ‘toque’ por parte judicial, al advertirle de que antes de llevar a cabo actuación alguna en relación a las VPO se le informe al juzgado, algo que hasta el momento no se estaba haciendo.
El próximo martes el exviceconsejero Antonio López deberá acudir a declarar aunque su testifical podría quedar suspendida, de nuevo, porque falta la ratificación completa de la denuncia que la tiene que hacer Susana Román, ya que el día en que ésta acudió a los juzgados a hacerlo se tuvo que suspender su declaración al señalar como presunto filtrador a López y tener éste una vinculación de amistad con el magistrado que le estaba tomando declaración. Su declaración quedó incompleta, pudiendo presentarse este detalle como nuevo motivo de suspensión.