En la referencia de lo tratado en el primer Consejo de Ministros al inicio de la actual legislatura, su Vicepresidenta ya se refirió a la necesidad de potenciar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, para lo que se pretendía potenciar la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Y, ahora, con la reciente llegada a Ceuta del buque “Fulmar” del SVA, se ha declarado que el Puerto ceutí será una de sus bases no permanentes, para colaborar en la lucha contra la droga, el narcotráfico y el fraude fiscal en el Estrecho. Pues bien, siguiendo el hilo conductor de ambas declaraciones, me permito sugerir en este artículo la posible creación de una Policía Fiscal para la lucha contra el fraude, así como el papel que en la misma podría desempeñar el SVA.
Una de las principales funciones de la Hacienda Pública debe ser la investigación, prevención y persecución del fraude fiscal y los ilícitos tributarios. Y, para ello, es imprescindible dotar a la Administración tributaria de medios idóneos y eficaces para hacer frente a los comportamientos tributarios antijurídicos que son los que más obstaculizan la realización de los principios de “justicia” y “equidad” tributaria y fiscal que nos vienen impuestos por mandato constitucional. Y, en medio de la crisis tan profunda que padecemos, en la que el mayor peso fiscal lo están soportando asalariados, funcionarios, pensionistas, parados y las clases más desfavorecidas, resulta muy injusto que existan bolsas de fraude y economías sumergidas que hacen todavía más difícil la consecución de los fines económicos que la Hacienda Pública persigue, entre otros, la asignación de recursos, redistribución de rentas, desarrollo económico y creación de empleo. Porque en materia tributaria, ya se sabe: “Hacienda somos todos”, y lo que algunos no declaran ni pagan debiendo hacerlo, luego han de pagarlo de forma muy injusta los que cumplen con sus obligaciones tributarias y solidariamente contribuyen al Erario Público.
Pero, a mi modo de ver, para que la investigación, descubrimiento y persecución del fraude fiscal y la economía sumergida sean todo lo eficaces que debieran, haría falta dotar a la Hacienda Pública de una Policía Fiscal profesionalizada, como tienen otros países de la Unión Europea; de manera que, respetando y garantizando siempre los derechos de los contribuyentes frente al poder a veces exorbitante del Estado, se pueda exigir con eficacia y autoridad el cumplimiento de los deberes fiscales a aquellos obligados tributarios refractarios al pago de lo debido que intentan sustraerse a la acción de la Administración en perjuicio de los contribuyentes cumplidores. Y, a mi juicio, resulta entorpecedor y distorsionante el hecho de que, cuando la Hacienda Pública en sus funciones investigadoras y de inspección descubre conductas tributarias que puedan ser constitutivas de delito, tenga que paralizar sus actuaciones y remitirlas al Juez o al Fiscal. Con ello, en modo alguno se pretende que a la Hacienda Pública se exima del control judicial, al que en todo Estado de Derecho ha de estar sometida plenamente, sino que con ello se trataría de evitar la disfunción y el retraso que supone que se separe de las actuaciones a la Inspección de Hacienda para que las prosiga la Policía Judicial que, aunque experta y eficaz en la investigación de la delincuencia común, después va a tener que empezar de nuevo pidiendo información y datos técnicos a la propia Inspección, y también el Juez nombrar como perito judicial a Inspectores de Hacienda que le asesoren, ya que son éstos los técnicos expertos en desentramar las muchas y muy complejas figuras tributarias y operaciones de ingeniería financiera que la Policía Judicial sola no puede. Así, siguiendo tan tortuoso camino, se paralizan las actuaciones, se pierden tiempo y eficacia y se perjudican la investigación, la unidad de acción y el efecto sorpresa. Y todo para que, al final, se tenga que terminar contando con la Inspección de Hacienda. Mientras que, de existir una Policía Fiscal, se podrían realizar las investigaciones directamente y sin interrupción por un único órgano con especialización técnica; resultando así mucho más rápida y eficaz en beneficio del Estado y los ciudadanos.
Pues en esa línea en que la Administración pretende potenciar la colaboración del SVA, quizá resulte de interés que la misma valore adecuadamente y también los ciudadanos conozcan las funciones y competencias que dicho Organismo tiene asignadas y la aportación que el mismo puede hacer de cara a esa lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, habida cuenta de que, según se cree, el SVA y sus funcionarios están siendo infrautilizados desde hace mucho tiempo al no ser aprovechada toda su cualificación profesional y su dilatada experiencia investigadora en materia fiscal. Es un organismo adscrito a la Agencia Tributaria a través de su dependencia orgánica de Aduanas. Cuenta con una plantilla de funcionarios con una formación académica amplia y sólida. Sólo para poder opositar, se les exige el título de Doctor o Licenciado para el Cuerpo Superior, Diplomado Universitario para el Cuerpo Ejecutivo, y Bachiller Superior para el Cuerpo de Agentes de Investigación. Pero, además, también cuentan con una excelente preparación y dilatada experiencia profesional, avaladas por un extenso temario en las siguientes materias jurídicas, entre otras: Derecho Comunitario, Constitucional, Civil, Mercantil, Administrativo, Financiero y Tributario, Marítimo, Penal, Procesal, Legislación Aduanera, de Contrabando y Contabilidad, orientadas todas hacia el campo de la investigación y persecución del fraude fiscal y los ilícitos tributarios.
La prueba de esa amplia formación académica y experiencia profesional se tiene en que bastante de sus funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior, desempeñan, o han desempeñado, puestos de dirección y especial responsabilidad, como Subdirectores Generales, Directores de Área en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Secretarios Generales en Delegaciones de la Agencia Tributaria, Administradores judiciales de sociedades intervenidas, Vocales e incluso Presidente en varios Tribunales Económico-Administrativos, etc. Se trata, pues, de profesionales de alta cualificación profesional, especializados en materias de investigación, persecución y represión del fraude aduanero, fiscal y tributario; además, tienen también el carácter de Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, estando legitimados por la Ley para llevar a cabo actuaciones de carácter inquisitivo, como comprobación de datos, obtención de informaciones, indagaciones, pesquisas, detenciones de los presuntos responsables de ilícitos penales relacionados con las materias a las que extienden su amplia competencia sobre represión del contrabando, tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales, ilícitos monetarios, tráfico exterior de material tecnológico de defensa y doble uso, salida al extranjero del patrimonio histórico-cultural, etc. En cuyos campos pueden actuar como Policía Judicial auxiliando a los Jueces y al Ministerio Público, teniendo la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que a menudo actúan en coordinación. Están especializados en técnicas de investigación para la detección de organizaciones ilícitas y bolsas de fraude, captación de información de cara al descubrimiento de hechos imponibles con transcendencia tributaria, esclarecimiento de actos y conductas que se enmarcan dentro de los ilícitos de naturaleza tributaria y fiscal, asistencia a juicios en calidad de testigos, interrogatorios y derechos de los detenidos, su puesta a disposición judicial, redacción de diligencias policiales, actas, informes, instrucción de atestados, entradas y registros en domicilios con autorización judicial, etc.
El SVA constituye un Resguardo Especial de la Hacienda Pública, Fiscal y Aduanero. Tiene una amplia organización que cubre todo el territorio nacional con Unidades Operativas Terrestres de Investigación, Unidades Combinadas Marítimas, apoyo de varios Destacamentos Aéreos y Centros de Comunicaciones fijas y móviles; siendo reconocido por Organismos similares de otros países que el nuestro es de los mejores del mundo en razón de los excelentes servicios que ha prestado en aprehensiones de drogas bajo la dirección de los Jueces de la Audiencia Nacional en operaciones internacionales realizadas en alta mar, incautando grandes cargamentos en las rutas internacionales; ha servido de dique de contención de los grandes tráficos ilegales y avalanchas de drogas con destino a España, Europa y América, como ha sido reconocido en foros internacionales, con cuyos organismos europeos colabora, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Organización Mundial de Aduanas, Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, junto con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sin perjuicio de los importantes y eficaces servicios que también éstos realizan. La Dirección del Organismo forma parte de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias y su Comité Permanente. Y los funcionarios del SVA realizan las actuaciones en materia de inspección, investigación y control que le son encomendadas por la Subdirección General de Inspección e Investigación en la Agencia Tributaria.
De modo que dicha Policía Fiscal podría estar integrada por Inspectores de Hacienda, más funcionarios especializados del SVA y de los demás Cuerpos de Seguridad del Estado que se formen como auténticos técnicos especializados en la investigación e inspección financiera y tributaria, tras una rigurosa selección del personal más adecuado. Lo que creo que se traduciría en una Policía Fiscal eficiente y eficaz.