Las últimas detenciones, presuntamente relacionadas con pagos por viviendas
Quedaron en libertad con cargos; uno entra en prisión bajo fianza de 3.000 euros
La Jefatura relaciona a parte de los arrestados con un presunto cohecho
La instrucción seguida en el caso ‘Loma Colmenar’ avanza con la pausa debida, tirando del hilo para llegar hasta agotar toda la investigación. Ese es el principal objetivo y por eso se mantiene la protección debida, impidiendo filtraciones y avisos que terminen por frenar que pueda desentramarse esa supuesta organización criminal a la que ya aludía el TSJA en un comunicado oficial. Ayer la Policía elevó a 22 los detenidos en esta operación, tras el arresto de diez personas, nueve por la mañana y una por la tarde. Según los escasos datos que trascienden, buena parte de estos detenidos podrían estar relacionados con un delito de cohecho ya que habrían podido hacer entrega de dinero a cambio de la obtención de una vivienda, final que en algunos casos podrían no haber ni siquiera conseguido. Tras permanecer varias horas en la Jefatura Superior y otras tantas, ya por la tarde, en el Palacio de Justicia, ya de noche se dictaron los autos de puesta en libertad con cargos de todos ellos. Solo hubo un caso en el que se impuso a uno de los detenidos el pago de una fianza de 3.000 euros que deberá abonar para evitar la permanencia en prisión.
Entre las personas detenidas hay casos dispares: un ordenanza municipal del área de Sanidad, un miembro del sindicato UGT, trabajadores de sociedades municipales... En sus casos las detenciones se llevaron a cabo a primera hora de la mañana para ser conducidos en grupos de cinco, cuatro y uno al juzgado, en unidades de la Policía y no en los vehículos camuflados de la UDYCO como se había hecho hasta el momento. Familiares de algunos de los arrestados se acercaron primero a la Jefatura y después al Palacio de Justicia hasta conocer la decisión final.
Las distintas unidades policiales que están trabajando en este operativo lo hacen en función de las órdenes de la magistrada, cumpliendo una función judicial en base a los pasos que se van a ir dando para llegar hasta el final. Y todo ello vinculado al polémico caso de las viviendas de protección oficial, de su presunta compra y venta, de las prácticas irregulares que podrían haber afectado a algunas promociones... puesto de manifiesto después de la publicación de la lista fantasma y tras la denuncia que interpuso la propia Ciudad después de acusar a uno de sus miembros de filtrar una hilera de supuestos adjudicatarios que no habían obtenido el visto bueno de la Comisión Local de la Vivienda.
La investigación sigue su curso y lo hace sin existir diferencias en los pasos que se van dando, intentando completar una pirámide en la que hay múltiples actores, desde quienes supuestamente podrían dirigir esta trama hasta los llamados conseguidores, es decir, los encargados de contactar con las personas que ofrecían dinero a cambio de la obtención de una vivienda. Unos, otros pero también los que están dispuestos a abonar un dinero para, a sabiendas de que es delito, poder recibir una vivienda de protección oficial. Pero todo ello en base a pruebas, datos que superen los comentarios que, desde años atrás, han marcado la política en materia de vivienda en la ciudad.
Traslado de los detenidos en grupos Agentes de la Policía Nacional se encargaron del traslado de los detenidos en dos grupos, en el interior de los furgones y después de que la UPR hubiera montado un cordón de seguridad alrededor de la Jefatura para proteger el margen de maniobra que necesitan los componentes policiales. Permanecieron durante varias horas en los calabozos, de hecho todos salieron sin los cordones de sus zapatos aplicando el protocolo de control.