La Policía cree que las redes de trata controlan a sus víctimas incluso en el CETI

La  trata de inmigrantes se ha convertido en un suculento negocio  para las mafias internacionales, que han encontrado en la introducción de sus víctimas en Europa y su posterior explotación sexual un rédito millonario al que no parecen estar dispuestas a renunciar.

De todos los circuitos utilizados, la ruta africana diseñada por esas redes ilícitas recorre el continente de sur a norte, partiendo del Golfo de Guinea o el Sahel, en un periplo que puede durar meses o superar incluso el año y medio. A lo largo del camino, los subsaharianos –hombres, mujeres e incluso niños– son controlados por las mismas organizaciones que los habrán captado en sus lugares de origen bajo la promesa de un sueño europeo que, en la mayoría de los casos, acabará tornándose pesadilla al quedar ligados de por vida a las mafias para saldar sus deudas. En el caso de las mujeres, el pago se amortiza con su introducción en redes de prostitución en las que quedarán atrapadas.
Ceuta figura en el mapa como la penúltima etapa en el objetivo perseguido por los miles de inmigrantes que abonan su particular billete a esas redes a cambio de garantizarles una supuesta entrada en el Viejo Continente. La historia no es nueva. De hecho, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vigilan con lupa el origen y destino de los cientos de mujeres, en su inmensa mayoría subsaharianas, que pasan por la ciudad antes de dar el salto a la Península. Y esa investigación exhaustiva ha puesto sus ojos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ante la sospecha de que buena parte de las residentes sean víctimas de las redes de trata, que se limitan a esperar pacientemente su pase al otro lado del Estrecho para, una vez en la península, obligarlas a ejercer la prostitución, alimentado así una maquinaria de explotación que ya no cesará de generar beneficios.
Aunque demostrarlo es una ardua tarea por el imperativo de la ley del silencio, la Policía Nacional trabaja con la certeza de que muchas de las internas del CETI son víctimas de esas redes. Así lo reconocía ayer a El Faro José Nieto Barroso, inspector jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo de la UCRIF (Unidad contra las Redes de Inmigración y las Falsedades Documentales), una especie de laboratorio que desde Madrid procesa toda la información sobre el tráfico ilegal de personas que recibe de toda España. “Sabemos y pensamos que muchas de las mujeres que hay aquí sean víctimas de trata y del tráfico de personas.  El problema está en demostrarlo”, reconocía en el propio CETI, donde participó en la Jornada sobre Prostitución y Trata organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas María Miaja.
Ceuta, aseguraba ayer Nieto, es “el primer punto de reunión antes de llegar a Europa”. Y es aquí, intuye la Policía Nacional, donde los colaboradores e integrantes de las mafias siguen contactando con las residentes del CETI, siguiendo el mismo proceso de control ejercido en el punto de origen y durante todo el camino. “Tienen gente que capta a las mujeres, otros que financian los viajes, a transportistas... Cuentan con personas que las vigilan durante el camino, que vuelven a contactar con ellas en las inmediaciones de Ceuta”, añade. Es más, esa estrategia diseñada, casi perfecta, les haría interpretar la estancia de las futuras explotadas como parte de su inversión previa al negocio. “Estas organizaciones lo que pretenden es introducir mujeres en Europa para posteriormente explotarlas. Por eso les dicen que aguanten en el CETI, que es como un trampolín para llevarlas hasta la península”, añade Nieto, quien no duda en que esas mismas mafias aguardan a que las subsaharianas sean trasladadas a cualquier punto de España para, una vez allí, recordarles la deuda que mantienen y, bajo amenazas, comenzar a facturar a su costa por sus servicios sexuales. “Tenemos indicios suficientes para pensar que cuando salen de Ceuta hay integrantes de esas mafias esperándolas”, lamenta el inspector jefe.
¿Cómo combatir esa lacra? “Por desgracia”, asume Nieto, la única forma de desenredar la madeja suele ser la denuncia de la víctima. “Es muy complicado. Hay amenazas a familias y en muchos casos incluso prácticas de vudú, de forma que estas redes no se conforman con secuestrar el cuerpo de la víctima sino también su alma. Les dicen que hasta que no salden su deuda su espíritu no será liberado. Se lo hacen durante el camino y de nuevo en la península. Y así, alguien con creencias ancestrales es muy difícil que denuncie”.
Ante ese escenario de indefensión, Nieto recomendó ayer a los trabajadores del CETI que alerten a la Policía Nacional sobre cualquier comportamiento que albergue indicios de que las residentes son víctimas de las redes de trata. “Cualquier cosa que parezca una tontería es vital. Juntando cinco o seis tonterías podemos evitar casos”, asegura.

Toda una vida pasa saldar deudas de hasta 50.000 euros

La Policía está convencida de que a las mafias no les preocupa que las futuras víctimas de sus redes de explotación puedan permanecer incluso uno o dos años en el CETI de Ceuta. “Les da igual. Las mujeres que pasan a la península contraen tales deudas con estas redes que pueden tardar 12, 15 o más años en pagarlas, de forma que si hay otras que permanecen mucho tiempo en Ceuta no les importa, porque los ingresos los tienen garantizados con las que ya están allí. Es una salida y llegada escalonada, como si fueran aviones en cola en una aeropuerto... Salen y entran constantemente”, describe Nieto. Esas deudas por lograr el pase a Europa pueden prorrogarse de por vida: “Esas mujeres no irán a clubes de alterne. Irán a polígonos industriales o a los invernaderos de Almería, donde los precios son más baratos y las explotan más tiempo”.

Quince detenidos y pruebas de ADN a niños

Las sospechas de la Policía Nacional se han traducido ya en operaciones, como la que el pasado 18 de septiembre se saldó con la detención en el CETI de al menos quince integrantes de una red que se dedicaba a la explotación  de inmigrantes nigerianos. El grueso de la operación, que se extendió a otras provincias, la llevó a cabo en Ceuta la UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía, que llevó el peso de la investigación. Apoyados por agentes de la UPR, se procedió a la detención en el interior del centro del Jaral de varios hombres y mujeres, todos de la misma nacionalidad. Entre ellos se encontraban varios de los nigerianos de la red que ejercían como presuntos captadores y que formaban parte de una amplia organización en la que las funciones estaban bien estructuradas y repartidas. Algunos incluso permanecían temporadas fuera del centro para no levantar sospechas, pernoctando en los alrededores del monte en las cabañas levantadas por los propios inmigrantes.
El CETI fue también noticia la pasada semana, cuando El Faro adelantó que el Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Fiscalía y el propio centro de estancia temporal habían iniciado los trámites para practicar las pruebas de ADN a diez de los niños acogidos con el objetivo de constatar si la supuesta relación que les vincula a los adultos que aseguran ser sus padres es real o, por el contrario, los pequeños son víctimas de una red de trata de menores.
Ya se han realizado las entrevistas pertinentes y las pruebas de ADN que arrojarán resultados sobre si los vínculos biológicos son ciertos. La realización de estos exámenes son consecuencia directa de la inexistencia de documentación veraz sobre la filiación de los menores residentes en las instalaciones. La investigaciones, tal y como se publicó el pasado día 12, coinciden con el debate abierto entre los representantes de las comunidades autónomas y la Fiscalía General del Estado sobre la conveniencia de inaugurar un nuevo protocolo por el cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán realizar las pruebas de paternidad en el mismo instante en que los agentes toman los datos de filiación.
Las mafias  que alimentan la trata de inmigrantes y de menores compran y venden niños a sus supuestos progenitores, que posteriormente los utilizan para intentar entrar con mayor facilidad en la península. En Melilla, por ejemplo, la  Guardia Civil puso en marcha en 2011 la Operación Herodoto, que permitió detectar cómo las mafias internacionales embarcaban a mujeres con menores de edad que simulaban ser sus madres pero que, en realidad, habían pagado por ellos.