La Policía Administrativa erradica las irregularidades del transporte de material

El nuevo grupo de la Policía Local, o Policía Administrativa, destinado a la erradicación de la venta ambulante, taxis piratas u otras actividades, entre las que destaca la aplicación de la normativa en materia medioambiental o de transporte por carretera, ha acometido, en este último apartado, varias intervenciones con vehículos pesados destinados a la obra.

Entre las infracciones más habituales se encuentran la relativa a la Ordenanza Municipal de limpieza, por trasladar la carga de manera que produzca caídas en la vía, con peligro para el resto de usuarios, llevarla tapada de manera no efectiva o simplemente no llevarla cubierta. Las actuaciones en este caso vinieron a consecuencia de las quejas del colectivo de asociaciones de vecinos, que veían como sus barriadas se llenaban de polvo, suciedad, e incluso de barro tras producirse lluvias, lo que ensuciaba los vehículos estacionados e incluso el interior de viviendas.
En materia específica de transportes, las infracciones más habituales son las del exceso de carga, reguladas en leves, graves y muy graves, dependiendo del porcentaje de exceso en carga que se lleve, y que se desempeñan en colaboración con la Inspección de Transportes. Para ello se utiliza una báscula fija instalada en el recinto portuario, propiedad del Puerto aunque gestionada por personal de la Ciudad. Estas infracciones llevan aparejadas, además de la inmovilización del vehículo hasta que desaparezca la deficiencia, multas de  hasta 20.000 euros.
Otras infracciones específicas de la ley de transportes son la carencia de autorización administrativa para el ejercicio de la actividad, así como autorizaciones caducadas o no renovadas. Todas las empresas de transportes están obligadas a renovar las autorizaciones cada dos años.
Además, existe otro sector no controlado, que genera una economía sumergida bastante importante, y que trae de cabeza a las autoridades locales al ser un colectivo sin identificar, del que se desconoce la actividad y que, ni siquiera, se encuentra registrado. La ley de transporte recoge que la actividad de transporte queda regulada para vehículos que superen los 3.500 kilos de carga. Sin embargo, las furgonetas piaggio y similares, tipo motocarro que circulan por nuestras calles, quedan exentas de dicha regulación, por lo que todo el transporte que se realiza en ese tipo de vehículos, con la cantidad de beneficios que genera, queda sin registrar.
Tan solo queda por verificar en la Jefatura Provincial de Tráfico el número de matriculaciones de este tipo de vehículos, que ha ido en aumento en los últimos años, al parecer motivado por la pérdida de empleos en empresas sostenibles debido a la crisis económica que atraviesa el país.
Con estos vehículos, se realizan desde transportes de viajeros, los conocidos taxis piratas, hasta carga de bultos que después pasan a través del puente del Biutz, o bien se emplean para el transporte de materiales de construcción y trasladan, posteriormente, escombros hasta lugares que se convierten en vertederos ilegales.
La Policía Local lucha a diario con este tipo de actividad, y el  nuevo grupo de Policía Administrativa está detectando a diario de entre dos a cuatro conductores realizando vertido ilegal de escombros en zonas no controladas ni autorizadas, con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente.
En este sector incontrolado se ejerce competencia desleal a pequeños empresarios del sector, ya que ni siquiera abonan el seguro social como autónomo ni alta en el IAE, lo que hace imposible la subsistencia del sector regularizado, al tener que afrontar más gastos y menos ingresos.

La Ciudad Autónoma ostenta las competencias desde el año 2006

Un Real Decreto de 2006 otorgó a la Ciudad cogió las competencias en materia de Transporte por carretera. En dicho decreto se especifican las competencias que se asumieron así como las que continuaban siendo del Estado. Junto a esta legislación en este campo se aplican otras normas legal, como ley de tráfico y seguridad vial u ordenanzas municipales que puedan ser infringidas por el colectivo.
Como ejemplo, nombrar los controles de alcoholemia e inspecciones relativas a tráfico y documentación de vehículos, como ITV, seguro obligatorio o tacógrafos, aunque hay que destacar que el empleo de esta herramienta está exenta en el territorio de la ciudad.