La reunión será en la sede del CAM.
La denuncia realizada hace unos días por integrantes de la Oficina Judicial de Atención a las Víctimas será, aunque no figura en el orden del día, el tema central de una reunión que ha convocado la Consejería de Sanidad, Asuntos Sociales, Menores e Igualdad para otra cuestión bien distinta. El objetivo que tiene, en un principio, este encuentro es la preparación de un protocolo acordado por todas las partes que tienen competencias en materia de atención a las víctimas por violencia de género para que el funcionamiento de cada una de instituciones sepa lo que debe hacer en cada momento.
A esta reunión asistirán integrantes de la Consejería de Sanidad desde el punto de vista político, además del Centro Asesor de la Mujer. En el caso de la Delegación del Gobierno, la responsable de la Unidad de Violencia de Género, así como integrantes de la Jefatura Superior de Policía y en el caso judicial la magistrada que lleva las responsabilidades de Violencia de Género, así como la fiscal y miembros de la Oficina Judicial de Atención a las Víctimas.
Convocatoria
Por supuesto, hay que dejar muy claro que esta convocatoria se había realizado con anterioridad a que por parte de la Oficina Judicial se realizaran las manifestaciones que han provocado la polémica, donde incluso el mismo sindicato ha mantenido posturas totalmente enfrentadas, como es el caso de Comisiones Obreras. Recordemos que CCOO Justicia salió en defensa de los trabajadores de la Oficina Judicial frente a un comunicado que había realizado la FeSP-UGT y, por otro, la misma dirección de Comisiones Obreras que le pedía a la Ciudad Autónoma que restableciera la verdad y apoyara a los trabajadores del Centro Asesor de la Mujer.
También en estos días se ha pronunciado la misma jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, la cual dijo de manera clara y contundente que no entendía la postura de la Oficina Judicial de Atención a las Víctimas, ya que según establece la propia legislación, las mujeres víctimas cuentan con ayudas a partir de una orden de protección que otorga el mismo poder judicial.
Incluso, destacó que de todos los casos que se habían visto el año pasado, nada más que se habían rechazado cinco órdenes de protección.
Basándose, por otro lado, en temas como los permisos de residencia que se habían facilitado a estas mujeres durante los últimos años, en alguno de ellos ni siquiera se había otorgado ni uno. Además en cifras que variaban entre los tres y los siete anualmente.
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