La opaca gestión de pro-huérfanos sigue siendo la vergüenza de la institución

AUGC ha plantado dura batalla en los últimos años para exigir transparencia en la gestión de la Asociación Pro-Huérfanos y denunciado reiteradamente las torpes maniobras protagonizadas por los actuales responsables de la Asociación para impedir que las Asociaciones Profesionales pudieran ejercer algún tipo de control sobre su gestión. La última acción ha sido la reforma de su reglamento interno para impedir la presencia de los representantes legales de los guardias civiles en los órganos de gobierno y administración.
Con este nuevo blindaje los generales sólo ha pretendido impedir la participación en la gestión y la fiscalización de la misma a los únicos y verdaderos dueños del ingente patrimonio del que es titular la misma: las y los guardias civiles, cuya afiliación es obligatoria, como lo es el pago de la cuota asociativa. Con esta reforma realizada” clandestinamente” los responsables de la Asociación Pro-Huérfanos se han sacado de la manga un proceso ficticio de designación de delegados para conformar así una asamblea a su media y bajo su total control.
Para evitar esta irregularidad AUGC una vez más, pensando en la defensa de los intereses de los guardias civiles, a través de su secretario general, Alberto Moya, se ha dirigido al Director General, para trasmitirle “nuestra intensa preocupación por esta forma de proceder que supone, contravenir y subvertir el derecho, al servicio de una causa que no tiene justificación alguna, ni encuentra acomodo en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata a toda costa de evitar la democratización de esta entidad, que es de todos los guardias civiles. Se trata, continuo Alberto Moya, de impedir la fiscalización de la gestión que de su ingente patrimonio (que es de todos los guardias civiles), están haciendo unos pocos, sin contar con la mayoría, sin tener ningún elemento de control y de fiscalización de la gestión. Es una situación escandalosa.
Como le recuerda Moya al Director General ambos acuerdos son manifiestamente ilegales y contrarios a derecho. Tan solo buscan impedir el cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 30, apartado 3 de la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y pretenden evitar, en claro fraude de ley, acuerdos y decisiones tomadas por el mismo órgano de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, que además ha refrendado la propia la Dirección General del Cuerpo y apoyados en decisiones que, a su vez, han sido tomadas en el seno del Consejo de la Guaria Civil.
Todo esto llevó al secretario general de AUGC a enviar la carta al director general para que evite que se lleve a cabo la materialización de los cambios ideados por los gestores de la Asociación, que además de financiarse con el dinero de todos los guardias civiles recibe aportaciones públicas, y le recuerda que también está sujeta al derecho público. Por lo tanto “no cabe mirar para otro lado. Le pedimos que actúe de inmediato y evite este cúmulo de despropósitos que inciden, de manera negativa, en los derechos de miles de guardias civiles y sus familias”.
Evitar la materialización de esta situación es su responsabilidad. No en vano, la Asociación Pro-Huérfanos recibe aportaciones públicas, está sujeta al derecho público y ha sido creada por decisión de los Poderes Públicos.
No cabe la pasividad ni mirar para otro lado. En otro punto de su carta, Alberto Moya le recuerda al director General que “si escandaloso resulta el proceder al que hemos hecho referencia, más aún, lo es el hecho de que se esté dando el apoyo institucional a un proceso radicalmente nulo como es la puesta en marcha de la autodenominada
"asamblea de delegados". Se han puesto a disposición de la Asociación Pro-huérfanos toda la cadena de mando de la Institución y todos los dispositivos operativos. Y esto, señor Director, no puede haberse hecho sin su conocimiento y anuencia. Si no es así, aún puede ejercer sus competencias y autoridad y ordenar la paralización de un proceso ilegal y en fraude de ley”. Sin embargo, este proceso ha sido llevado a sus últimas consecuencias y se ha defraudado al conjunto de los guardias civiles y sus familias. Los generales han conseguido su objetivo. Seguirán mangoneando una asociación que pagamos todos y todas los guardias civiles, pero seguimos sin poder decidir sobre lo que se hace con nuestras cuotas obligatorias. Los de siempre continuaran mandando sin el respeto y respaldo de miles de guardias civiles, aunque a ellos eso del respeto les importa poco. Su objetivo “buscarse un boquete para seguir mangoneando” y eso objetivo ha sido satisfecho con creces.