La ONU pide revisar la ‘ley mordaza’ por las ‘devoluciones en caliente’

El Comité de Derechos Humanos habla de malos tratos en las expulsiones por parte de España y Marruecos.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) presentó este jueves en Ginebra sus conclusiones sobre España tras la revisión de su cumplimiento de las garantías fundamentales. En su informe, este órgano manifiesta que entre sus principales “preocupaciones”, se encuentra la práctica de las devoluciones sumarias de inmigrantes, también conocidas como ‘expulsiones en caliente’, “que tienen lugar en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla”.
Víctor Manuel Rodríguez-Rescia, relator del informe del Comité de Derechos Humanos, indicó que estas expulsiones “se hacen sin las garantías suficientes para que se respete el derecho de la no devolución”.
Ante la gravedad de las denuncias, el Comité instó a España a “revisar” la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada popularmente ‘ley mordaza’, para garantizar que todas las personas que solicitan protección internacional tengan “acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados” y a la “protección frente a la devolución sin discriminación” además de a un “mecanismo independiente con autoridad para suspender las decisiones negativas”.
En particular, a este organismo le inquieta la disposición final primera de Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 4/2015, que establece un régimen especial a las ciudades autónomas autorizando estos rechazos sumarios de extranjeros detectados en sus fronteras.
Este órgano de la ONU también alertó de los “informes que dan cuenta de casos de solicitantes de asilo no sirios en que se les niega el acceso a las oficinas de asilo” en las ciudades hermanas.
Su inquietud se amplía al trato que se proporciona a los inmigrantes ya que, como figura en el informe del Comité, existen “denuncias de malos tratos durante las operaciones de expulsión de inmigrantes, incluyendo a solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, tanto por las autoridades españolas como por las marroquíes que actúan en territorio español”.
El Estado, argumenta esta institución en defensa de los derechos, “debe tomar las medidas necesarias para garantizar que autoridades extranjeras no cometan violaciones de derechos humanos en territorio español” y que los policías y personal de fronteras reciban “formación adecuada con respecto al uso de la fuerza en las interacciones con los inmigrantes”.
El Comité lamentó la muerte de los 15 inmigrantes fallecidos el 6 de febrero cuando intentaban acceder a la ciudad e instó a realizar una “investigación completa y efectiva” sobre los hechos del Tarajal y, “si es necesario, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación adecuada a las víctimas”.

MENA
Por otra parte, el Comité manifestó que acoge con “beneplácito” la aplicación del protocolo marco sobre “determinadas actuaciones” en relación con los menores no acompañados (MENA). Sin embargo, reclamó uniformidad para la determinación de la edad del colectivo y velar por que estos procedimientos se lleven a cabo con métodos “seguros y científicos, respetando la sensibilidad de los niños, evitando todo riesgo de violación de la integridad física del niño”.