El que fuera ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, inauguró esta sede con la idea de canalizar las peticiones de protección de los inmigrantes al cruzar la frontera
Tres años después de la inauguración de la oficina de asilo en la frontera del
Tarajal no se ha recibido ni una sola petición. Es el ejemplo del más absoluto de los fracasos o de cómo llevar a cabo una actuación solo de cara a la galería. Esta semana se han cumplido esos tres años desde que el que fuera ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se presentara en Ceuta para, por todo lo alto, inaugurar una oficina que debía servir para que los inmigrantes que cruzaran el paso fronterizo pudieran pedir esa protección. En tres años ninguno lo ha hecho, sencillamente porque es imposible. Que haya un inmigrante que cruce el paso del Tarajal sin ser expulsado en caliente y que termine acercándose a la oficina colocada en ese mismo paso es una incongruencia, tanto que se demuestra en la efectividad de lo que terminó siendo únicamente un gesto político.
Señalizada y cerrada. Así figura la oficina para pedir asilo en la frontera del Tarajal
Según los datos facilitados por la
Delegación del Gobierno, todas las peticiones de asilo presentadas en Ceuta se hacen directamente en la Oficina de Extranjería o en el propio CETI, además de en la Jefatura Superior del Paseo de Colón. Ninguna ha sido cursada en el Tarajal. En la oficina de la frontera se debe garantizar la posibilidad de formalizar solicitudes de protección internacional. De hecho el propio Fernández Díaz la calificó de “impulso al respeto de la protección de los derechos humanos en las fronteras”, aunque en la práctica ningún inmigrante se atreve a ‘hacer turno’ para ser atendido en esta infraestructura, mucho menos si se trata de un inmigrante subsahariano, cuyos rechazos a Marruecos se han producido y permitido aunque hayan traspasado el mismo espacio fronterizo. Ceuta, al igual que Melilla, se presentan como zonas en donde poder pedir esa protección de una manera especial. La habilitación de estas oficinas fue una respuesta a las demandas de las oenegés, específicamente de Acnur, pero en la práctica supuso un caramelo envenenado: políticamente y técnicamente se ofrece esa posibilidad de solicitar protección pero en la práctica resulta inviable que un inmigrante llegue hasta la misma sin ser detenido y expulsado.
El mantenimiento de las oficinas en Ceuta y Melilla es de 60.000 euros anuales
Por eso optan por reclamar esa protección cuando ya han llegado al
CETI, aunque haya casos en que ni eso sucede para evitar que se ralentice su traslado a la península. Con la oficina sin efecto también quedan de la misma forma todos los anuncios que hizo Interior en su día. Prometió quince funcionarios de Policía en cinco turnos para atender las demandas. Ellos se iban a encargar de seguir el procedimiento de asilo ‘en frontera’. Ninguno ha tenido que hacerlo, ni, de hecho, permanece una plantilla dedicada a una función inexistente. A esto se le sumarían abogados e intérpretes. ¿La realidad? Nada de nada. Fernández Díaz insistió en que esta oficina, como la de la ciudad hermana, estaba concebida para que “todas las personas que tengan derecho a pedir asilo puedan hacerlo”, apuntó en su inauguración. La oficina está como el primer día, cerrada y sin estrenar. En el caso de Melilla, en cambio, sí se reciben peticiones aunque la amplia mayoría de nacionalidades que no son subsaharianas, ante el miedo a ser expulsados directamente. El Ministerio del Interior estimó que el coste de mantenimiento de las oficinas de asilo asciende a 60.000 euros anuales, sin contar el personal que, supuestamente, debería estar orientado a unas funciones inexistentes. La creación de estas oficinas fue anunciada en noviembre de 2014, en plena polémica por el anuncio de una reforma de la Ley de Extranjería que a través de la Ley de Seguridad Ciudadana ha incorporado al ordenamiento jurídico el rechazo en frontera, que permite la entrega sobre la marcha a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas.